Luis Linares Zapata

Las discordancias del PRI

Acosado por las revelaciones de una más que factible relación perversa con los haberes públicos, el PRI dibujó, sobre las rodillas, una estrategia de guerra como respuesta a las investigaciones oficiales en curso. Los frentes de lucha serían varios y variados: medios de comunicación, su avanzada, sin olvidar a los tribunales, que actuarían como rescoldo; a los asesores de gran nivel (Farell y su contaminada historia de contralor), a los grandilocuentes gobernadores, que después se achican, y para terminar, el Congreso, lugar privilegiado de sendas batallas nacionalistas, todavía por acreditarse. Pero los primeros efectos de su aguerrida actitud empezaron a mostrar los claros indicios de un desaguisado político de serias consecuencias, y a las carreras improvisadas se han introducido matices que mitigan los iniciales desplantes y se pueden repensar los argumentos lanzados como contra ataque. El recule aparece, entonces, como alternativa inmediata, aunque nada graciosa, ante lo que bien apunta a una pifia frente a la expectante ciudadanía.

Hace tiempo que un escándalo no ocupaba con tanto relumbre el imaginario colectivo. Los medios se han lanzado sobre los despojos de los actores y no han podido dar con ellos. Simplemente desaparecieron del escenario y, en su lugar, han dejado a otros que, improvisando al estilo del famoso Roque, han lanzado a los priístas por un despeñadero del que no saldrán ilesos, aun suponiendo que todo lo que se ha filtrado de auditorías, confesiones de testigos protegidos, negadores oficiosos de la realidad y demás declarantes, se desvanezca en una nube de acusaciones fallidas. De darse este último episodio de disolución de culpas y culpables, se tocaría a la administración de Fox en su mero centro de gravedad, pero el alivio para el PRI no sería, de todas maneras, automático o derivación consecuente. Las suposiciones que flotan en el ambiente sobre recursos masivos extraídos de Pemex y canalizados a trasmano hacia el PRI, caen sobre una extendida y bien arraigada conciencia colectiva de pasados hechos que, con frecuencia inusitada, se daban todos los días de contiendas electorales. Lo único que hoy se espera, en adición a tales sospechas, más que fundadas en la experiencia, es que esa tal "verdad pública" coincida con su complemento de verdad jurídica. La vigencia del estado de derecho saldría así fortalecida.

Los directivos que por ahora conducen la oficialidad del PRI no atan ni acompasan bien sus movimientos, no dan pruebas de haber meditado, sobre bases efectivas, sus acciones de defensa. Recurrieron a la retórica de siempre: presentarse impolutos, bien intencionados y con cara y manos limpias. Todo -se alegó- parte de una conjura gubernamental que trata de impedir el ascenso indetenible del PRI en el aprecio de los electores. Fox se quiere inmiscuir en sus asuntos internos para favorecer a uno de los contendientes, el de sus preferencias, el que le garantice mejor colaboración. También afirman que las baterías gubernamentales se enderezan por el rumbo de las reformas pendientes, en especial la energética y que Fox la quiere negociar ante un PRI que se levanta como valladar antiprivatizador.

Con tales argumentos defensivos, el quiebre con el ciudadano se da de inmediato. La credibilidad se estrella con un fardo que se ha hecho inmenso con los sucesos malogrados y hasta traumáticos que su trajinar de años causó en el cuerpo social de la nación. Los priístas comienzan a ser vistos como grupo faccioso incapaz de reconocer errores o que encubre a los responsables del desvío doloso de inmensos montos de los dineros públicos. No pueden dejar, con moderación previsible, que el río vuelva a su cauce y vayan tirando por la borda aquello que está infectado. No han dejado espacio para el cambio, para la aún impensada petición de perdón por los errores, por los males causados, por los abusos y, más aún, por los delitos en que se incurrió con mayor frecuencia a lo que la sanidad del país requería.

Nada apareció en el horizonte de los priístas que atinara a una defensa juiciosa para neutralizar las acusaciones que han de terminar, quiérase o no, con evidencias de ciertos trastupijes, algunos de los cuales ya se ven con bastante claridad, al menos en los que toca a los desvíos ilegales de Pemex hacia el sindicato petrolero.

La estrategia de "alto riesgo" que el gobierno adoptó en este sonado caso de malversación de haberes, se cobija en la declarada, pero no bien probada decisión de combatir la corrupción y de mostrar, con ella, los arrestos anímicos para situarse a la altura del voto ciudadano, de hace ya año y medio, que quiso un cambio completo y no sólo de partido o personas. Una lucha que se quiere sea sin cuartel contra el viejo régimen y todo lo que ello representa. Esa, y no otra, fue la expectativa que se levantó tanto dentro como fuera del país.