Magdalena Gómez

Los partidos políticos ante los pueblos indígenas

La ausencia de diálogo con el EZLN no es ajena a la incapacidad que históricamente han demostrado los partidos políticos para hacerse cargo a fondo de la implicación que debería tener la existencia de los pueblos indígenas en sus propuestas a la nación. La más reciente muestra es la contrarreforma indígena que dio al traste con la posibilidad de construir el camino hacia la paz y que violó abiertamente, tanto los acuerdos de San Andrés como derechos adquiridos por estos pueblos a partir del convenio 169 de la OIT.

Durante el primer trimestre del año tendremos noticias de las contiendas internas de los partidos políticos. El PRI y el PRD podrían plantearse en serio la definición de una política que supere la trivialización en que han caído, al suponer que con transcripciones desarticuladas sobre la demanda indígena en sus programas ya tienen cubierto el requisito, cuando a la hora de las decisiones actúan sin dar cuenta de lo que implican tales inserciones. El PAN ha sido congruente con su posición excluyente y no ha jugado a la retórica del texto.

Si los teóricos señalan a los partidos como instancias de mediación entre la ciudadanía y el gobierno, vemos que el asunto indígena es botón de muestra de la distancia en esa vocación.

Atengámonos a los hechos: el PRI apostó consistentemente a la integración a través de su política indigenista durante el prolongado periodo en que gobernó. Este partido impidió el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, que firmó, y es el responsable de la redacción del texto de la contrarreforma en la que se elevó a rango constitucional la fracasada política de considerar a los pueblos indios objetos de asistencia social y no sujetos de derecho. Todo ello con un discurso de autonomía y libre determinación que vaciaron de contenido y pusieron en manos de la voluntad de las nada indigenistas entidades federativas, cuidando asimismo que los recursos naturales se mantengan en la lógica de su anterior contrarreforma histórica, la que hicieran en 1992 al 27 constitucional.

Al PAN le ha sido ajena esta dimensión y cuando ha debido tomar posición ha mostrado su rechazo. Tal fue el caso del debate en 1991 sobre lo que fuera la adición al artículo cuarto constitucional. En aquellos días fracasó su propuesta de que se ubicara en los orígenes de la nación tanto a los pueblos indígenas como a los españoles, por ello se abstuvo en la votación de la mencionada reforma. Más recientemente, en 1998, presentó una iniciativa de reforma constitucional que sugería la municipalización del derecho indígena. De manera magnánima permitirían que el municipio acogiera esta dimensión, aun respecto a temas que no son de su competencia y por medio de las llamadas cartas municipales. A partir de estos precedentes les pareció una enorme concesión la aprobación de la contrarreforma de 2001, aun cuando hicieron valer su oposición a que se aprobara la asociación de pueblos indígenas y a caracterizar a las comunidades como entidades de derecho público.

El PRD, que expresó desde su creación la intención de agrupar a la izquierda, ha dado tímidos y superficiales pasos, que el año pasado no resistieron en el Senado la prueba de la congruencia. También tiene, incluso antes de San Andrés, sendas declaraciones en sus documentos; avanzó en la creación de un espacio que agrega lo indígena a la Secretaría de Derechos Humanos, la más frágil de la estructura partidista. En materia de participación indígena ha dado espacio parlamentario a algunos indígenas, pocos por cierto. Hasta ahora no se ha planteado en tiempos "normales", cuando no hay campañas electorales de por medio, un trabajo serio de relación con los pueblos indígenas a partir de una política de alianzas que supere la mera coptación de cuadros indígenas para su partido.

El reto implica pensar al partido de manera radicalmente distinta, pensar la vocación del partido más allá de la dimensión electoral y, en última instancia, pensar la reforma del Estado en una lógica que disloque la centralidad excluyente de la democracia representativa en perjuicio de las formas de democracia directa, consustanciales a los pueblos indígenas. El PRD jugó un papel importante en el zedillismo para impedir la contrarreforma indígena, fue congruente todo ese tiempo con el apoyo incondicional al proceso de paz y al cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Por ello resultó inexplicable que conociendo las insuficiencias de la reforma que se perfiló, los senadores votaran a favor para demostrar su mal llamada "vocación de poder y ser partido de ganadores". Los diputados optaron por la congruencia mostrando así que el partido no funcionó, que fueron las tendencias las que decidieron.

ƑQué ganaron los senadores? No lo sabemos, lo que sí es visible es que el partido perdió. Y con él los partidos perdieron la oportunidad de contribuir realmente al cambio democrático pluricultural.