Ť Acusan al juez quinto de distrito de "recibir línea" a favor del aeropuerto
Ejidatarios de Atenco imputan al gobierno el retraso de audiencias contra la expropiación
Ť Autoridades mexiquenses presionan a inconformes para que acepten dejar sus tierras
RENE RAMON ALVARADO Y JAVIER SALINAS CESAREO CORRESPONSALES
Nezahualcoyotl, Mex., 29 de enero. Los representantes de los núcleos ejidales de Acuexcomac, Nexquipayac y Santa Isabel Ixtapa, pertenecientes al municipio de San Salvador Atenco, denunciaron que el gobierno federal está dilatando de "manera intencional" las demandas que se ventilan ante el Poder Judicial de la Federación contra el decreto de expropiación para la construcción del nuevo aeropuerto.
Alejandro de Anda Hom, abogado de Santa Isabel Ixtapa, aseguró que el juez quinto de distrito, Máximo Ariel Torres Quevedo, "recibió línea, porque no está actuando conforme a derecho".
Mientras, autoridades del gobierno mexiquense se reunieron con un grupo de campesinos de los núcleos ejidales de Tocuila y Texcoco para convencerlos de aceptar un mejor precio por la venta de sus tierras. Los quisieron persuadir para que hicieran como propio un documento elaborado por la coordinación general del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto, en el que le pedirían al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, y al gobernador Arturo Montiel Rojas, aceptar la construcción de la terminal aérea a cambio de que sean incluidos en los beneficios del proyecto y obras, sin embargo esto fracasó.
Faltan los "informes justificados"
En Nezahualcóyotl, los titulares de la defensa legal y los presidentes de los comisariados ejidales se refirieron al problema luego de que por segunda ocasión se difirieran las audiencias constitucionales de las demandas de amparo que sometieron ante el juzgado quinto Acuexcomac y Nexquipayac (lo mismo ocurrió durante días pasados en el juzgado sexto con el caso del ejido de San Martín). Los titulares de los juzgados argumentaron que el presidente Vicente Fox y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) no han rendido sus "informes justificados".
En el caso del ejido de Santa Isabel Ixtapa, el juzgado difirió su audiencia para el próximo 18 de febrero, "porque no tienen los acuses de recibo del Presidente de la República y de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y de Medio Ambiente", señaló el abogado.
De Anda Hom mencionó que el pasado 18 de enero estaba programado un recorrido por las tierras de cultivo, donde notificadores del juzgado quinto de distrito darían testimonio de que las mil 300 hectáreas que les expropiaron a los campesinos de Santa Isabel Ixtapa tienen un uso productivo, pero también fue cancelada. "Tenemos temores fundados de que efectivamente el juez de distrito no resuelva conforme a derecho", aseveró.
Por su parte, Gonzalo Estrada Cervantes, representante legal del ejido de Acuexcomac, consideró que una posible causa de que el gobierno federal no esté rindiendo los informes justificados para la realización de la audiencia constitucional obedece a que "puede haber un distanciamiento entre el gobierno del estado de México y el presidente Fox Quesada, por eso no se han rendido los informes. Aparentemente el gobernador mexiquense ya tenía todo controlado, y creo que eso le dijeron al Ejecutivo federal, y no fue así y por eso no ha cumplido lo que se le solicitó ante el juzgado".
Plantones si no hay procesos
El presidente del comisariado ejidal de Nexquipayac, Pedro Dagoberto Peláez, advirtió: "nos están obligando a tomar otras medidas de presión y serán contra los juzgados y las dependencias gubernamentales, a fin de que presenten en tiempo la documentación solicitada". Anunció que en próximos días se manifestarán ante las oficinas de estas dependencias si no se realiza la audiencia constitucional conforme a derecho.
En tanto, Lorenzo de la Rosa Pineda, presidente del comisariado ejidal de Acuexcomac, advirtió que solicitarán la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que obligue a los secretarios de Estado y al propio presidente Vicente Fox a que presenten sus "informes justificados". Consideró conveniente que este organismo vigile el proceso legal que se ventila en los juzgados con sede en el municipio de Nezahualcóyotl.
De acuerdo con la denuncia hecha por los abogados, el gobierno federal ha incurrido en otras anomalías que afectan a los campesinos. Gonzalo Estrada indicó que luego de tener acceso a los expedientes técnicos que hasta el momento otras dependencias han presentado en los juzgados, se observa que se trató de "un procedimiento expropiatorio exprés", porque los estudios técnicos se realizaron en los últimos días de septiembre pasado y el decreto se publica el 22 de octubre, y un estudio de esa naturaleza no se hace en menos de un mes.
De Anda Hom aseguró que para ellos las anomalías son visibles en el juzgado quinto, ya que el titular les negó el amparo "de plano", cuando el artículo 233 de la ley correspondiente indica: la suspensión de plano se otorga o se debe otorgar cuando se trate de privar a un ejido en parte o de manera total de sus tierras. La ley es clarísima, insistió, pero el juez la interpreta a su modo. "Lo digo con todo respeto, el magistrado no tiene conocimiento necesario para la materia que se está tratando, u otra, recibió línea, que esto no lo tenemos probado. Quizá el juez tiene temor de dar la suspensión por temor a perder su trabajo o porque se enojará la gente del poder".
Los abogados de los núcleos agrarios afectados también se refirieron al Plan Sectorial Agrario (2002-2006), dado a conocer el pasado lunes por el presidente Fox en Los Pinos. Sostuvieron que los propósitos que pretende lograr la SRA no corresponden con las acciones que el gobierno federal ha ejecutado contra los campesinos.
Estrada Cervantes señaló que en este programa la titular de la SRA, María Teresa Herrera Tello, destacó que más de 60 por ciento de los litorales del país son tierras ejidales y van a protegerlos para que ellos se puedan asociar con terceros y hacer realidad los postulados del artículo 27 constitucional y así los campesinos de la costa no sufran ni expropiaciones ni invasiones. Creo, añadió, que hay un tratamiento distinto para los ejidatarios de la costa y los de Texcoco, porque si la voluntad del Ejecutivo realmente fuera en el sentido de darle vigencia al 27 constitucional y sus reformas de l992, pues eso mismo lo hubieran propuesto desde un principio a los habitantes de la zona del ex lago de Texcoco.
En la reunión, realizada en las instalaciones de la Subsecretaría de Gobernación estatal en Texcoco, las autoridades mexiquenses presentaron a los ejidatarios el plan vial del proyecto, en el que se destaca la construcción de dos accesos al polígono de la terminal aérea. Al sur se construiría la continuación de la avenida Carmelo Pérez, en Nezahualcóyotl, hasta llegar a la zona federal al aeropuerto, y al norte se haría un entronque desde el municipio de Acolman sobre la carretera Texcoco-Lechería hasta el polígono, pasando entre los ejidos de Santa Rosa y Santa Isabel Ixtapa.
Acudieron sólo 50 campesinos de Tocuila, la mayoría de los cuales no se dejó convencer por las autoridades para que aceptaran la venta de sus parcelas.
Aurora Perey Ortiz, de la coordinación general del proyecto de construcción del aeropuerto y enviada del director de Gobierno mexiquense en la zona, trató de persuadir a los ejidatarios para que avalaran e hicieran suyo un documento que enviarían a Creel Miranda y Montiel Rojas.
En el texto manifestarían su desacuerdo con el precio que se les ofrece por las parcelas, les pedirían un aumento y que el dinero se les pague directamente; que se regularicen los documentos de sus parcelas y que sean incluidos en los beneficios del aeropuerto, como son concesiones de transporte y taxis; que se les permita participar en empresas y en la construcción; que se reubique las viviendas afectadas y además se les permita tener en comodato las parcelas que no formen parte del aeropuerto.
Perey Ortiz les informó de un estudio sobre las necesidades de Tocuila, entre las que destacan obras y servicios públicos, las que se harían si aceptan el aeropuerto.
Los campesinos mostraron su desacuerdo y no avalaron la venta de las tierras. Dijeron que el gobierno sólo los engaña y pretende destinarlos al exterminio con ese proyecto. Los ejidatarios decidieron salirse de la reunión. Sin embargo, cuando se retiraban llegó el director de Gobernación de la región nororiente del estado, Humberto Navarro, quien los convenció de quedarse para presentarles el plan vial antes referido.
Navarro explicó que sólo se harán dos accesos carreteros al polígono del nuevo aeropuerto. Al norte se hará una carretera que correrá del entron- que con la vía Texcoco-Lechería, a la altura de Acolman, hacia el perímetro de la terminal aérea, pasando por los ejidos de Santa Rosa y Santa Isabel Ixtapa, y la segunda al sur, que será la continuación de la avenida Carmelo Pérez, desde Nezahualcóyotl hasta la zona federal.