Ť Acudieron funcionarios del municipio de Palenque

Entrega de apoyos oficiales en una reunión de Paz y Justicia

Ť Distribuyen créditos de Procede, Progresa y Procampo

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis. 29 de enero. Miembros de la organización Paz y Justicia se dejan ver tranquilamente armados en la comunidad Roberto Barrios, al norte de la selva Lacandona. Su presencia ha creado un ambiente de tensión y amenaza permanente en los pobladores, bases de apoyo del EZLN.

En Roberto Barrios, donde se localiza el Aguascalientes V, los indígenas y los miembros del campamento civil por la paz realizan guardias nocturnas en grupos, diariamente, desde que la hostilidad de Paz y Justicia se hizo más constante.

Según testimonio tanto de los indígenas pertenecientes al municipio autónomo El Trabajo, como de observadores que visitaron la zona, este sábado 26 se efectuó una asamblea de Paz y Justicia en la casa ejidal de la comunidad, a la que llegaron unos 20 paramilitares, y por lo menos la mitad de ellos hacían ostentación de sus armas. Armas largas, y al parecer nuevas. No es la primera vez que ocurre.

En dicha reunión, a la que acudieron funcionarios del municipio de Palenque y varias decenas de miembros de Paz y Justicia, se efectuó la entrega de créditos y apoyos productivos en cinco rubros: Procede, Progresa, Procampo (programas oficiales que ahora han cambiado de nombre), y apoyos productivos para sembrar hule (caucho) y construir un molino.

Simultáneamente, tropas del Ejército federal llegaron hasta la comunidad El Naranjo, a unos cinco kilómetros de Roberto Barrios, para efectuar ''labor social'': peluquería, taller mecánico y otros servicios. La presencia militar había cesado en la zona desde que se retiró el campamento militar de Roberto Barrios, hace un año.

En tanto, las codiciadas cascadas de Roberto Barrios, de cuya privatización en curso han alertado las autoridades autónomas de El Trabajo en repetidas ocasiones, son sobrevoladas frecuentemente por helicópteros civiles, que aparentemente realizan estudios topográficos para el establecimiento de un club de golf que habrá de ser, naturalmente, privado y exclusivo. ƑCuándo se ha visto uno que no lo sea? Para acceder a las tierras ejidales del bello paraje, se pretende construir una carretera (que al parecer ya se inició en Puyipá, por el lado de la carretera internacional que conduce a Palenque). Debido a eso, las comunidades en resistencia de la región son especialmente sensibles al Plan Puebla-Panamá (PPP), que prevé un ''aprovechamiento'' de los recursos con fines turísticos y de inversión extranjera.

En Roberto Barrios, un catequista ha sido amenazado de muerte por denunciar los peligros que representa para las comunidades el PPP. Dicho programa aquí ya es, de hecho, un instrumento de división entre los indígenas.

Incluso los programas asistenciales del gobierno, tan atractivos para los campesinos pobres, pueden derivar en la privatización. Este sábado, sólo por Procede, se entregaron a cada ejidatario 35 mil pesos. Para los estándares financieros de estas comunidades eso es mucho dinero, y no se necesita mucha malicia para pensar lo atractiva que podría ser en el futuro, para eventuales inversionistas, la cartera vencida de estos ejidatarios. El nuevo artículo 27 constitucional permitiría que los campesinos atrapados en el préstamo saldaran las deudas con sus tierras.

Vistas su actividad visible y su impunidad, Paz y Justicia -o sus derivados bajo otros nombres- funciona como útil cuña para agudizar las divisiones y el hostigamiento a los indígenas en resistencia.

Mientras en El Limar, municipio de Tila, se firmaron este domingo 27, significativos acuerdos de paz entre el gobierno estatal y una veintena de organizaciones sociales, tanto del entorno de la diócesis de San Cristóbal como priístas (aunque sin la participación de Paz y Justicia, la organización madre del paramilitarismo en la zona norte); en otras comunidades del mismo municipio las bases de apoyo del EZLN siguen sitiadas o desplazadas.

En El Limar, escenario de la violencia paramilitar desde 1995, se acordó entre otras cosas prohibir estrictamente el paso o incursión de personas armadas, así como cualquier acto de tortura y la expulsión de familias por motivos políticos o religiosos. Esto permitirá, sin duda, la distensión en una parte de la zona norte, pero no basta para conjurar la amenaza paramilitar.

Paz y Justicia aún impide, por la fuerza, el retorno de los expulsados de Masojá Grande, Miguel Alemán, Agua Fría, Susuklumil y otras comunidades de Tila, lo mismo que mantiene desplazados por la fuerza a centenares de campesinos choles y tzotziles en el municipio de Sabanilla. También se asocia a antiguos miembros de la organización priísta con los recientes hechos de violencia en contra de bases de apoyo zapatistas, en San José Bascán, municipio Salto de Agua.