Ayer, por segunda ocasión en lo que va del mes, dos funcionarios de primer nivel del equipo del presidente Vicente Fox emitieron versiones contradictorias sobre un hecho. Se trata, en esta ocasión, del incremento a las tarifas eléctricas, asunto que el secretario del Trabajo, Carlos Abascal, descartó de manera tajante en un evento realizado en el Instituto Mexicano del Petróleo, y que el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, anunció oficialmente poco más tarde. Para mayor desconcierto, el segundo funcionario no se refirió explícitamente a aumento sino a "reducción del subsidio" de la tarifa de electricidad doméstica en hogares cuyo consumo sea superior a los 125 kilovatios mensuales.
Posiblemente el incremento en sí sea una medida acertada, en la medida en que sólo afectará a viviendas con requerimientos suntuarios de energía eléctrica; sin embargo, resultan deplorables tanto el eufemismo empleado por Gil Díaz como el encontronazo declarativo entre éste y el secretario del Trabajo.
La discordancia ha sido norma en el ejercicio de la comunicación social del presente gobierno. Desde su primera etapa, cuando Marta Sahagún hoy de Fox era vocera de Los Pinos, hasta la fecha, casi no pasa un mes sin que dos o más colaboradores del Presidente se vean envueltos en colisiones verbales, como la ocurrida hace unos días entre el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y el secretario de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, sobre los montos del supuesto desfalco a Pemex por parte del sindicato petrolero y de ex directivos de la empresa paraestatal, tema de suma gravedad que no debiera prestarse a la difusión de medias verdades, pesquisas a medias y filtraciones anónimas.
A más de un año de haber iniciado un mandato que suscitó desbordadas esperanzas en buena parte de la sociedad, el gobierno de Vicente Fox sigue sin poder establecer una mínima coordinación declarativa entre sus integrantes, y eso resulta por demás preocupante en la medida en que denota, o bien falta de comunicación interna en el gabinete o, peor aún, conflictos larvados entre sus miembros.
Sean cuales fueren las causas de este descontrol, sus consecuencias no son buenas para nadie: erosión acelerada de la credibilidad institucional, generación de nuevas expectativas falsas y un desgaste político indeseable para el propio gobierno y para la sociedad.
Cabe esperar que en lo sucesivo, y sin que ello signifique sacrificar la libertad esencial de expresión --de la que deben disfrutar todos los ciudadanos, incluidos los altos funcionarios--, el nuevo responsable de Comunicación Social, Rodolfo Elizondo, logre establecer en el gobierno foxista coherencia y armonía en las palabras.