Bernardo Navarro Benítez*

Remplacamientos

Las nuevas placas, con llamativos diseños y colores, han sido una de las novedades de los meses recientes. Las anteriores, que las autoridades locales nos dijeron hace algunos años eran "definitivas", son sustituidas por mandato de la Federación, difundido como norma oficial por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal. Esta norma establecía los parámetros precisos a los cuales debían ajustarse los gobiernos estatales y el del Distrito Federal para su diseño y fabricación. Sólo cubriendo estrictamente los lineamientos, el diseño de las nuevas placas se aprueba por la STC y pueden fabricarse las matrículas. La norma de la misma dependencia establece estrictamente los componentes obligatorios que deben contener las láminas: el código de barras, las leyendas del tipo de servicio (particular, carga y público) y de si se trata de la delantera o trasera, entre otros. Igualmente la STC especifica las dimensiones de las placas en todos sentidos (largo, alto y grosor), así como el tamaño de los caracteres (números y letras), esto último muy importante.

En todo lo anterior los distintos gobiernos estatales y del Distrito Federal se encuentran estrictamente normados por la Federación. Donde aparecen los grandes contrastes es en la gestión particular de cada una de las distintas entidades respecto a sus remplacamientos.

Lo primero que resalta es que varios gobiernos estatales han aprovechado este cambio de placas para hacer negocio, a pesar de que precisamente la percepción ciudadana del pretexto del remplacamiento para lucrar fue parte del hartazgo de la gente, que llevó a los propios gobierno del PRI a instaurar las matrículas definitivas. Aquí es donde empiezan los contrastes políticos y de las formas de gobernar. Acción Nacional, en Jalisco, estableció una cuota de 600 pesos por el remplacamiento, en tanto en el Gobierno del Distrito Federal determinó que fuera gratuito.

Afortunadamente en esto la relación metropolitana sí funcionó, y el gobernador mexiquense Arturo Montiel se contagió de las políticas de Andrés Manuel López Obrador y en esta ocasión no está cobrando el remplacamiento. Qué bueno que en este caso sirva a los ciudadanos la pluralidad de esta etapa de transición y el ejemplo del buen gobierno en entidades vecinas.

Igualmente, como lo señala en La Jornada Julio Hernández López, el equipo del gobernador blanquiazul Francisco Ramírez Acuña decidió una opción de placas cuya cromática y diseño reflejaban intenciones de promoción proselitista, además de graves defectos de iconografía. Esta situación provocó que habiendo entregado ya 80 mil pares de matrículas de un total de millón y medio, el gobierno de Jalisco se viera obligado a ordenar la suspensión del cambio de placas, aunque diputados de esa entidad señalan que el daño podría costar a los jaliscienses entre 60 y 300 millones de pesos. Para las mismas fechas el gobierno de la capital ya había tramitado de manera totalmente gratuita prácticamente millón y medio de placas e iniciado la entrega de la mismas en los domicilios de los propietarios de los vehículos.

Las placas "con ángel", además de posibilitar un registro confiable y actualizado bajo el control directo de las autoridades, en contraste con el Renave de nefasta memoria, permitirá un mejor control de los vehículos, ya que cada placa contiene, como caso único entre las entidades federativas de la República, el número de serie de los mismos incorporado en el código de barras.

La importancia de lo anterior se refleja en una experiencia que me fue relatada recientemente. Una actuaria de los juzgados del Distrito Federal, a petición del Poder Judicial de Querétaro, se presenta en las oficinas del director general de Transporte y Vialidad de la capital y le manifiesta la exigencia, debidamente documentada, de un juez por conocer los datos, en un plazo perentorio de 24 horas, del propietario de un vehículo matriculado en el DF. Con el nuevo padrón fue posible responder al magistrado queretano satisfactoriamente en la mitad del plazo. Probablemente más allá de lo chocante de las comparaciones, en este caso nos permite entender las diferencias en las concepciones y formas de gobierno, así como los beneficios o perjuicios para quienes se gobierna.

*INVESTIGADOR DE LA UAM-XOCHIMILCO