Lunes 29 de enero de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Podría incidir en el combate a la delincuencia, reconoce el procurador
Decrece 47 por ciento el presupuesto del Fondo Nacional de Seguridad Pública
q Pide Eduardo Medel que se tomen en cuenta los logros de cada entidad para asignar más recursos q En tres años, superaron los 180 millones de pesos

Juan Cruz y Fabián Robles n
En tres años, los índices generales de criminalidad en Tlaxcala decrecieron -hoy la entidad se encuentra como "la más segura del país"-, pero también el presupuesto del Fondo Nacional de Seguridad Pública registró, para este año, una clara tendencia a la baja.
Hoy este último factor se ha convertido en una de las preocupaciones de la administración sanchezanayista que, ante esas circunstancias, ve como algo difícil mantener los mismos niveles de seguridad pública.
Se estima que después del narcotráfico, el delito de robo de autos es el más rentable para las organizaciones criminales y Tlaxcala se encuentra inmerso en una zona altamente propensa a este ilícito. Esa situación ha obligado a los cuerpos de seguridad en el estado a brindar una mayor profesionalización y preparación a sus integrantes, pues saben que para combatir a la delincuencia organizada se requiere de personal altamente capacitado, bien comunicado, debidamente equipado (con armas y vehículos) y mejor remunerado.
Si bien durante el periodo comprendido entre 1998 y 2001 las partidas correspondientes a ese fondo registraron una tendencia a la alza -pues pasaron de sólo 26.4 millones a 78 millones-, para el presente ejercicio los recursos serán de aproximadamente 40 millones, ya que se prevé una disminución de 47 puntos porcentuales respecto al monto disponible en el periodo inmediato anterior.
De acuerdo con el resumen ejecutivo denominado "Recursos para la seguridad pública provenientes de aportaciones federales y estatales 19982000" -cuya copia obra en poder de La Jornada de Oriente-, en el lapso referido la inversión conjunta significó 180 millones de pesos (sin tomar en cuenta los rendimientos financieros), de los cuales la Federación aportó 153.6 y los restantes 26.4 millones se concedieron por parte del gobierno estatal para cumplir los objetivos del Programa Nacional de Seguridad Pública.
Según ese texto -elaborado en mayo de 2001 y que consta de 14 páginas-, la derrama económica se distribuyó de la siguiente manera: para profesionalización se destinó el 10.8 por ciento; para equipamiento las partidas captaron el 19.8 por ciento; en tecnología -que fue el rubro más importante por el monto de inversión- se destinó el 49.7; mientras que para infraestructura fue el 17.3 por ciento y para instancias de coordinación solamente se canalizó el 2.4 por ciento.
Por tipo de programa, la mayor parte de los recursos -78 millones 278 mil 856 pesos- se canalizaron para la puesta en marcha de la etapa estatal básica de la Red Nacional de Telecomunicaciones y el Servicio Telefónico de Emergencia 066.
Los otros dos rubros que absorbieron una cantidad importante de recursos fueron el equipamiento de corporaciones, con un monto de 36 millones 956 mil 921 pesos y el de ampliación y dignificación de la infraestructura penitenciaria, con 16 millones 799 mil 763 pesos.
Respecto a la distribución de las partidas por dependencia, fue la Subsecretaría de Vialidad y Seguridad Pública la que obtuvo la mayor asignación con un monto global de 50 millones 301 mil 308 pesos. Aquí, llama la atención el hecho de que en 1998 la inversión para equipamiento de corporaciones fue nula, mientras que en el año siguiente ascendió a un millón 129 mil 983 pesos, aunque para 2000 los recursos ascendieron a 18 millones 201 mil 128 pesos.
Otros rubros correspondientes a esta dependencia en los que no hubo inversiones durante 1998 y 1999 fueron capacitación especializada; construcción y dignificación de la infraestructura de seguridad pública; así como en dotaciones complementarias no regularizables para personal de seguridad pública.
En este apartado la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) obtuvo un monto global de 31 millones 459 mil 233 pesos. Aquí, llama la atención el hecho de que casi se cuadruplicaron los montos para formación policial en el bienio 19981999, al pasar de sólo 398 mil pesos a un millón 314 mil 391 pesos; sin embargo, para el año 2000 la inversión en este apartado fue nula.
Una situación similar se dio en el apartado de equipamiento de corporaciones, que aumentó de 690 mil pesos en 1998 a seis millones 280 mil 667 pesos en el año 2000.
En contraparte, para capacitación especializada, la inversión decreció de dos millones 85 mil pesos a únicamente 600 mil 949 pesos en 1999. Para el año siguiente no hubo asignación para este rubro.
Datos de la dependencia indican que ésta cuenta con 180 policías judiciales, mismos que son insuficientes para enfrentar y combatir la delincuencia en la entidad. "Aquí en Tlaxcala estamos hablando que existen 1.8 policías judiciales por cada 10 mil habitantes, cuando el parámetro en otras entidades es de cuatro policías por esta misma cantidad de personas, lo que demuestra que estamos en desventaja".
Según el procurador Eduardo Medel Quiroz, en el 2001 el gobierno del estado recibió por parte del Fondo Nacional de Seguridad Pública recursos por 78 millones de pesos, de los cuales 23 millones le correspondieron a la dependencia a su cargo.

Las perspectivas

En este año, el panorama presupuestal será adverso para ese fondo. Eduardo Medel recibió -desde la primera quincena de este mes- la noticia de que las partidas federales decrecerán alrededor de 47 puntos porcentuales. Ello significa que la Procuraduría local únicamente recibirá unos 11.5 millones de pesos por lo que, en consecuencia, el gobierno del estado debe ser prudente para su programación "pues seguramente el recorte nos va a afectar".
"La Federación ha dado como argumento que hay un subejercicio a nivel nacional muy alto y, en consecuencia, se intenta que ese aspecto pueda abatirse en el transcurso de este año. Hay que señalar que este subejercicio se enfoca a programas nacionales como Telecomunicaciones, el Servicio 066, Radio Comunicación y eso no es responsabilidad de los estados, pero sí nos impacta. Creemos que nada tendría que verse afectado, pero requerimos que el dinero que se ha dejado de ejercer se aplique de forma irrestricta a los programas nacionales", refirió.
En entrevista, el abogado de la entidad aseguró que esa reducción no será ningún obstáculo, ni mucho menos una justificación para mantener los resultados que hasta la primera mitad de la administración estatal se han registrado en materia de seguridad pública.
"Tlaxcala no tiene rezagos en averiguaciones previas, ni órdenes de aprehensión, además de que la entidad se mantiene como el estado con más baja incidencia delictiva, pero para seguirnos manteniendo en esos estándares es necesario que también nos puedan apoyar con más recursos", recordó.
Ante esa situación, el procurador planteó: "Queremos ser optimistas respecto a los objetivos que se planeó la Federación a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de acuerdo con los lineamientos y a la eficiencia, es necesario que éstos sean tomados en cuenta para la asignación de recursos, por lo que esperaríamos no ser afectados de forma tan ostensible".
Insistió: "Siempre hemos respondido a los planteamientos que nos ha dado a conocer la Federación y hemos sido eficientes. Creemos que (los recursos) deberían reasignarse en la misma proporción en que se ha reducido el presupuesto, éste no deberá tener el mismo impacto, especialmente por los logros que hemos entregado al gobierno federal.
"Estamos optimistas de que la asignación final por parte de la Federación para este año en materia de seguridad sea conforme a la eficiencia y resultados que hemos tenido en la entidad", asentó.