Ť Asiste Salazar Mediguchía a la firma del pacto en antiguo bastión de paramilitares

Acuerdan organizaciones del norte de Chiapas reconciliación para frenar actos violentos

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez,Cchis., 27 de enero. Una veintena de organizaciones sociales, políticas y religiosas de la zona norte de la entidad, a excepción de la denominada Desarrollo, Paz y Justicia, firmaron hoy un acuerdo de reconciliación en el que se comprometen a prohibir el paso e incursión de personas armadas, detener las agresiones contra simpatizantes del EZLN y prohibir actos de tortura y amenazas.

El acuerdo se signó ante el gobernador del estado, Pablo Salazar Mendiguchía, en la comunidad El Limar, municipio de Tila, que se constituyó durante años como bastión del grupo paramilitar Paz y Justicia.

Por primera vez desde septiembre de 1995, cuando comenzaron las acciones armadas de Paz y Justicia, catequistas de la diócesis de San Cristóbal, el párroco y líder moral y religioso de Tila, Heriberto Cruz Vera, representantes de organizaciones de base del EZLN y grupos opositores al ex obispo Samuel Ruiz y a los zapatistas se reunieron para la firma del acuerdo de reconciliación en el lugar donde se registraron diversas emboscadas, una de ellas contra el propio obispo.

Unas 300 personas atestiguaron el pacto, que entre los puntos más sobresalientes señala el compromiso a garantizar la libertad ideológica, política y religiosa, practicar la tolerancia y permitir la libre manifestación de ideas.

El acuerdo señala que "no se permitirá que personas o grupos con clara postura a la desestabilización lesionen el derecho y las libertades de las mayorías, a fin de que no haya más agresiones, hostigamiento y calumnias contra las organizaciones y grupos que simpatizan con el EZLN".

También hace referencia en torno a "prohibir estrictamente el paso e incursión de personas armadas; prohibir todo acto de tortura, tratos crueles e inhumanos, así como las amenazas y los rumores; garantizar el derecho a la vida y la seguridad plena, y permitir a los organismos promotores y defensores de los derechos humanos que realicen libremente su labor".

El acuerdo, de 17 puntos, compromete a las autoridades estatales a aplicar la ley contra personas u organizaciones que vulneren el estado de derecho, la unidad y la estabilidad, y a las federales a entregar los terrenos que actualmente ocupa el Ejército Mexicano, "para destinarlos a lo que la comunidad decida".

El acuerdo fue firmado por autoridades comunitarias, municipales, pastores de iglesias no católicas, catequistas afines a la diócesis de San Cristóbal, y otros que se negaban a reconocer al obispo Samuel Ruiz, sus párrocos y sacerdotes.

Además firmaron los distintos patronatos de la zona, organizaciones sociales y políticas simpatizantes del EZLN y algunas que otrora formaron parte de Paz y Justicia. Faltó, sin embargo, la firma de quienes aún se ostentan como dirigentes de ese grupo considerado paramilitar, y de la Unión Campesina Indígena Agroforestal, escisión de aquél.

El acceso o paso por El Limar estaba prohibido tanto para integrantes de la diócesis de San Cristóbal y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas como para indígenas de las comunidades de la zona baja, simpatizantes del EZLN.

Para llegar a la cabecera municipal de Tila y otras partes de la entidad, los indígenas pro zapatistas debían salir por Tabasco y entrar por Palenque, o bien ir sorteando los caminos vecinales por las montañas.

De 1995 a mediados de 1997, unas 7 mil personas tuvieron que salir de sus comunidades ante las incursiones armadas de Paz y Justicia. A la fecha, 64 familias no han podido volver a sus lugares de origen.

En los poblados Miguel Alemán, Susuklumil, Masojá Grande, Agua Fría, Corosil Nuevo, Chulum Chico y Ojo de Agua, los grupos simpatizantes de Paz y Justicia aún impiden el retorno de los desplazados.

Durante su discurso como invitado de honor a la firma, el gobernador Pablo Salazar recordó que durante 1995, como parte de una comisión de la Cocopa que visitó este mismo poblado para hacer un balance de la violencia que se vivía en la región, "una de las conclusiones a las que llegué es que lo que aquí estaba pasando se debía a que había una ausencia total de autoridad.

"Tiempo después modifiqué mi conclusión; sí había presencia del gobierno, pero no estaba aquí para pacificar la región, sino como animador de la violencia, como activista de la violencia", sostuvo.

Agregó que "lo que aquí estamos viviendo es una auténtica reconciliación que surge del dolor y del hartazgo de la gente (...). Van a pasar días, semanas, meses para que las heridas puedan ir cerrando", sostuvo ante consignas de los reunidos que gritaban: "šviva la paz!".

Advirtió que el acuerdo de paz al que llegaron "no significa borrón y cuenta nueva. Los que tengan cuentas van a tener que pagarlas; ni vamos a vender impunidad a los que tengan culpa, ni vamos a hacer víctimas a los inocentes".