Incumplen gobiernos estatales recomendaciones de la CNDH sobre las deficiencias en cárceles
Ť Subraya falta de voluntad de autoridades de Jalisco, BC, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas
VICTOR BALLINAS
La mayoría de los estados, incluso ayuntamientos, no atienden las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en materia penitenciaria. Hay decenas de observaciones incumplidas desde 1991, y ante la falta de voluntad política de los gobernadores y de las autoridades penitenciarias para acatarlas, han sido calificadas ya por ese órgano como de cumplimiento "insatisfactorio" y se irán al archivo "para que no queden abiertas indefinidamente".
En
entrevista con este diario, el tercer visitador de la CNDH, José
Antonio Bernal, resalta que los gobiernos de estados como Jalisco, Baja
California, Chiapas, Veracruz, y Tamaulipas, entre otros, "no tienen voluntad
política para atender las recomendaciones. Incluso han dicho que
no las cumplirán o que están imposibilitados para resolverlas".
Persisten actos ilícitos, corrupción, tráfico de drogas, venta de licores, privilegios, autogobierno, violaciones constantes a los derechos humanos de los reclusos, y "cuando denunciamos a las contralorías estatales o a la Secretaría de Seguridad Pública, procuradurías de los estados o a la General de la República, no se sancionan las conductas denunciadas".
Escasos avances
-¿Cuál es la situación de las recomendaciones en materia penitenciaria?
-Algunos estados se han preocupado por atender las recomendaciones y otros de plano han dicho que no las van a cumplir o simplemente no contestan a los requerimientos que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que cumplan las observaciones que aceptaron en años anteriores. Son pocos los estados que han enviado los avances en el cumplimiento de las mismas. El año pasado hubo algunos gobiernos estatales que hicieron esfuerzos. Luego de corroborar dichas acciones se dieron como totalmente cumplidas, pero incluso eran recomendaciones anteriores, de 1991, 1992 y 1993.
-¿Que se hará con las decenas de recomendaciones que están pendientes de cumplimiento y que datan de hace más de una década?
-En la mayoría de los casos se dieron acuerdos de cumplimiento insatisfactorio. La CNDH hizo un análisis de cada punto de esas observaciones y vimos que difícilmente se podían cumplir. En esos casos se les dio cumplimiento insatisfactorio, porque se trataba de recomendaciones en las que no se vislumbraba que se fueran a acatar. El año pasado nos dedicamos a analizar cada una, hicimos una evaluación y vimos que la mayoría de las observaciones pendientes no se iban a atender. Realmente pocos fueron los casos que se dieron como totalmente cumplidos. Uno de éstos es la recomendación 258/93 ?se refería a enfermos mentales en reclusorios?, dirigida al gobernador de Zacatecas. Otra fue la 42/99, que estaba dirigida al gobierno de Nuevo León. En Oaxaca hubo dos que se dieron por totalmente cumplidas: la 38/96 y la 138/94. Pero otras en ese estado se dieron con cumplimiento insatisfactorio, como la del Cereso de Tehuantepec, que vive una situación complicada. En los penales del istmo de Tehuantepec son realmente deplorables las condiciones de los presos.
-¿Quiere decir que se archivarán definitivamente aunque persistan las situaciones de violación de derechos humanos?
-El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, dará cuenta de ello en su próximo informe de actividades que presentará en febrero ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Explicará y dará cuenta de aquellas recomendaciones que estuvieron abiertas por más de una década y que no fueron atendidas. Muchas fueron aceptadas pero no se cumplieron totalmente, están parcialmente cumplidas o de plano no se hizo nada. Una vez que sea analizada cada una, la comisión ha procedido a determinarlas como de cumplimiento insatisfactorio, para que no estén abiertas indefinidamente si no se van a acatar.
-Pero las irregularidades que fundaron esas recomendaciones persisten. ¿Qué harán para que se corrijan esas faltas o delitos?
-Se volverán a hacer visitas y a expedir las recomendaciones necesarias para que esas situaciones señaladas se corrijan.
-¿Qué estados han dicho que no van a cumplir las recomendaciones de la CNDH en materia penitenciaria o no han contestado los requerimientos?
-Uno es el caso de Jalisco. No hay ninguna preocupación por contestar; una vez respondieron que estaban imposibilitados para cumplir. Ahí no hay voluntad. Otro caso de desatención e incumplimiento es Baja California. El gobierno anterior no se preocupó por hacer nada. La situación ha ido empeorando. Se tienen situaciones como la del penal de La Mesa, como el de Mexicali, que ha tenido recientemente problemas de fugas debido a que las condiciones de seguridad se han deteriorado por la corrupción. Lo mismo podría suceder en La Mesa. No hay voluntad, y hasta el momento no sabemos si el gobierno entrante quiera hacer algo. Otro es Chiapas, donde a un año de gobierno no se ha hecho del conocimiento público algún plan hacia los penales, que tienen condiciones terribles de hacinamiento y corrupción generalizada. También las cárceles de Veracruz, Tamaulipas y Mérida están en esa situación.
-¿A qué se debe la imposibilidad para cumplir las recomendaciones?, ¿a la falta de recursos o de voluntad?
-Se combina todo. La falta de fondos para el sistema penitenciario salta a la vista. Se destinan pocos recursos porque políticamente no conviene, prefieren emplearlos en otros programas. Las cárceles no necesariamente pueden traer votos a esos gobernantes, incluso a los representantes de los congresos de los estados. El punto es que sigue viéndose al sistema penitenciario con desdén. Lo que pasa en los penales del país trascenderá tarde o temprano a la vida de la sociedad, de las ciudades y comunidades.
-En
el diagnóstico de la CNDH sobre el sistema penitenciario nacional
se subraya que la corrupción, la impunidad, los privilegios, la
venta de drogas, la prostitución y el autogobierno son constantes.
¿Ha cambiado esa situación?
-La corrupción es la actividad rectora en los penales del país. No ha disminuido. Continúa el tráfico de drogas, la prostitución, los privilegios. ¿Autogobiernos?, claro que persisten. Existe el fenómeno y no se ve voluntad de los gobiernos estatales y del Distrito Federal de resolver este problema.
-¿En cuántos estados realizaron visitas el año pasado y a qué autoridades reportaron las faltas o delitos de los servidores?
-Durante 2001 visitamos las cárceles de 19 estados, y este año visitaremos el resto de las entidades. Cada dos años se debe haber concluido una supervisión a todos los penales del país. Las faltas administrativas y delitos que cometen funcionarios del sistema penitenciario y que son detectadas en las visitas de supervisión se reportan a las contralorías de los estados. Si se trata de delitos del fuero federal, como contra la salud, que son la introducción, tráfico y venta de drogas en los penales, se reportan a los delegados la Procuraduría General de la República (PGR). Si son delitos del fuero común se reportan a las procuradurías estatales.
-¿Y qué resultados tienen de esas denuncias que han hecho ante la PGR, procuradurías estatales o contralorías?
-Cuando se pide sanción para los funcionarios que se han visto involucrados en faltas administrativas o delitos penales, pocas veces se les sanciona. Eso nos llama la atención, pero seguiremos difundiendo ese tipo de conductas ante la opinión pública; tarde o temprano se tendrán resultados.
-¿Qué es lo que más preocupa a la CNDH?
-Nos preocupa la impunidad. El tema de la inseguridad jurídica de los internos, la situación de las reclusas y la corrupción. Pronto el ombudsman nacional hará pública una recomendación sobre la situación de las mujeres en los reclusorios. De igual forma, en breve Soberanes anunciará la pretensión de que se instaure un reglamento tipo o modelo que puede ser considerado por los congresos estatales o el Congreso de la Unión, porque hoy hay tantos reglamentos de reclusorios como penales hay en el país. Nos preocupan las violaciones a derechos humanos que se siguen cometiendo en los penales al castigar a los reclusos. Muchas veces esas sanciones son arbitrarias y las aplican los autogobiernos en connivencia con las autoridades de las cárceles.
