Ť Barrio está enterado y debe actuar: Miroslava García

Perredistas señalan irregularidades financieras en el gobierno de Zedillo

ROBERTO GARDUÑO

El PRD en la Cámara de Diputados documentó una serie de irregularidades financieras detectadas durante el sexenio de Ernesto Zedillo, tanto en Pemex como en la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal Preventiva, Banrural y Nacional Financiera.

Miroslava García, integrante de la Comisión de Hacienda de ese órgano legislativo, dio a conocer un listado de hechos de corrupción "de los que ya está informado el secretario de la Contraloría, Francisco Barrio, y por esa razón tiene la obligación de actuar para deslindar responsabilidades".

A través de un documento elaborado en la fracción perredista se destaca que los recursos para subsanar la destrucción provocada por las lluvias que arrasaron poblados enteros en la sierra de Chiapas, a finales de 1999, "nunca llegaron" a las miles de familias perjudicadas, al grado que la PGR ya mantiene una investigación judicial para determinar la responsabilidad de las autoridades de la entidad.

"El Ejecutivo federal destinó recursos para subsanar los destrozos. Según la PGR, sin mencionar el monto destinado, señala que a esas comunidades no llegó nada".

Miroslava García informó que en mayo del año pasado la PGR abrió 23 líneas de investigación por irregularidades o desvíos en las secretarías de Gobernación, Turismo y Agricultura. Las pesquisas también se extendieron a Pemex y la PFP. "Los resultados preliminares hacen suponer la existencia de irregularidades en varias de estas dependencias auditadas, por lo que ya se iniciaron las acciones legales correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables".

Con relación a distintos actos irregulares durante el sexenio de Ernesto Zedillo, el listado comienza con el nombre del secretario de Administración y Finanzas del PRI y ex director del Sistema Banrural, Oscar Terroba Garza, quien "de acuerdo con la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) realizó 780 vuelos injustificados en aviones oficiales durante cuatro años.

Terroba realizó un promedio de cuatro vuelos a la semana, "causando un daño de más de 10 millones de pesos al erario público". El argumento del priísta fue que "volaba a Querétaro por cuestiones de trabajo y aprovechaba para ver a su familia que vive allá".

En el caso Pemex el estudio del PRD refiere dos hechos de incumplimiento de contratos: "aun habiendo empresas que ofrecían mejores condiciones técnicas y mejores costos, en 1997 se contrató a la empresa SK Engineering and Construction para desarrollar el proyecto denominado Cadereyta 2000. El monto del contrato (PR-SP-035/97) fue por mil 618 millones 352 mil dólares más financiamiento. El proyecto se tuvo que concluir en junio del 2000, y tiene ahora un retraso de casi dos años, principalmente por la mala calidad de ingeniería y en los materiales de construcción y equipo".

En la refinería Francisco I. Madero de Tamaulipas se asignó a la SK Engineering and Construction, con número de contrato PR-SPR-050/99 AMX, un monto de un millón 199 mil dólares más financiamiento. La fecha de terminación era diciembre de 2001, y el proyecto tiene ahora un retraso de 73 por ciento.

Sobre los beneficios extralegales que obtuvo esa empresa, el grupo legislativo perredista señala que "Pemex autorizó a la empresa SK Engineering and Construction un pago fuera del contrato por sobrecostos, por una cantidad de 300 millones de dólares en 2000".

Una vez que el secretario de la Contraloría dijo en el mes de marzo de 2001 que existía un cártel empresarial, la fracción del PRD en la Cámara de Diputados concluyó que ese club privado aún opera en el país, porque se beneficia de las ventajas que ofrecen los contratos firmados con el gobierno federal.

"Una vez obtenido el contrato, los empresarios movieron un porcentaje del dinero a paraísos fiscales de las Islas Caimán para, tiempo después, transferirlo hacia otras cuentas bancarias abiertas a nombre de los servidores públicos involucrados".

Durante el mes de octubre pasado, de acuerdo con el informe de la diputación perredista, la Secodam dio cauce a una denuncia por una operación fraudulenta en Nafin, la cual explicó Barrio de esta forma: se hizo una operación de apoyo con crédito, mediante la compra de papel comercial de una empresa privada, en la que Nafin recibió algunos de los bienes de la empresa en garantía, los cuales fueron entregados a un fideicomiso constituido ante una de las instituciones de la banca de fomento. "A la hora de hacer efectivas esas garantías, se encontró que ya no existían, habían sido entregadas a otra institución bancaria, y esto puede constituir una situación fraudulenta".