Preparan priístas reforma eléctrica que aleje el fantasma de privatización
Ť Los subsidios al consumo de energía deben ser aprobados por la Cámara de Diputados, señala
ANDREA BECERRIL
Bajo la coordinación de Manuel Bartlett Díaz, la fracción del PRI en el Senado trabaja ya en las propuestas de reformas legales necesarias para restructurar el sector eléctrico, a fin de que pueda modernizarse y operar alejado del "fantasma de la privatización" pretendida por el gobierno de Vicente Fox.
"Es un asunto de soberanía y seguridad nacional que el sector eléctrico siga siendo un recurso estratégico, por eso nos oponemos a que se entregue a trasnacionales como Enron", comentó Bartlett.
Precisó que la propuesta central de los senadores del PRI es dar independencia financiera y de gestión a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro, ya que cuentan con el potencial para crecer con recursos propios.
Esa propuesta de restructuración y fortalecimiento del sector eléctrico, que se contrapone a las iniciativas del ex presidente Ernesto Zedillo y del PAN, no incluye reforma constitucional alguna, sino modificaciones a por lo menos cinco ordenamientos, entre estos la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley Orgánica de la CFE.
Tanto la iniciativa presentada en diciembre pasado por los senadores del PAN, como los planteamientos de Fox han cambiado el controversial término privatización por el de apertura de mercado, esquema en el que participarían los actuales productores independientes, los grandes usuarios y las empresas públicas.
Pérdida de clientes
Ello,
advirtió Bartlett, sólo es una forma de engañar a
la opinión pública, porque lo que significa es que el sector
privado ofrezca el servicio a la par que las empresas del Estado, en las
que se ha dejado de invertir, y significaría sustraerle a la CFE
sus clientes más rentables, unos 110 mil, que representan las dos
terceras partes de la energía total consumida.
Con ello se incrementarían los costos de la CFE y la empresa se vería obligada a subir las tarifas a 24 millones de usuarios restantes.
Igualmente, dijo el legislador, al pasar al sector privado la gran industria ?unos 533 consumidores, que utilizan 26 por ciento de la energía y que representan sólo 0.0022 por ciento de los usuarios? significaría mermar los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad en 18.7 por ciento.
El estudio en el que los senadores del PRI se basan para elaborar las iniciativas de ley advierte que el gobierno federal ha venido preparando ya la privatización de la CFE desde hace varios años, a través de una política tarifaria que no cubre los costos e induce severas distorsiones en la paraestatal, la manipulación de su programa de obras y el control paralizante sobre ésta y también sobre Luz y Fuerza del Centro.
El gobierno actúa como propietario, operador y autoridad tutelar regulatoria y de control, y ordena además el funcionamiento de la industria eléctrica de acuerdo con objetivos no siempre compatibles con los de calidad del suministro, eficiencia, productividad, cuidado ambiental y compatibilidad social.
En cuanto a las tarifas aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la CFE, sólo alcanzan a cubrir los costos operativos y una parte de la inversión operativa, por lo que no se generan los recursos requeridos para financiar la totalidad de la expansión del sistema, lo que origina rezagos en el proceso de distribución.
Asimismo, la CFE no puede planear a largo plazo sus obras, ya que sus proyectos están sujetos a la aprobación de la SHCP y, por lo tanto, en función de la coyuntura económica y política.
"El gobierno utiliza el presupuesto de la CFE como herramienta complementaria de las políticas de estabilidad macroeconómica, comprimiendo inversiones, posponiendo estacional o cíclicamente erogaciones, recortando el gasto, pese a que tales expedientes son enteramente contrarios a la eficiencia productiva.
"Aunque es la Secretaría de Energía la cabeza del sector, la que actúa como máxima autoridad es la SHCP, ya que se encarga de dar la autorización final a todos los proyectos, y establece arbitrariamente el monto de los subsidios a las tarifas eléctricas, ya que éstos no se incluyen en el Presupuesto de Egresos de la Federación y da pie a que se manipule la contabilidad de la CFE".
Otras políticas erróneas hacia el sector eléctrico, se agrega en el documento, son el establecimienro de subsidios regresivos, donde todos los usuarios, sean ricos o pobres, pagan por debajo del costo de los primeros kilovatios-hora consumidos, y el basar la expansión del sector eléctrico casi exclusivamente en el gas natural, un energético que debe importarse.
Igualmente, a la CFE la han dejado fuera de la construcción de centrales eléctricas en los últimos seis años, para que en su lugar lo haga el sector privado. "Más aún, las autoridades prevén que el aumento de la capacidad de generación entre 2000 y 2009 se basará casi exclusivamente en la inversión privada. En el caso de la electricidad para servicio público, particulares realizarán 97.7 por ciento de las inversiones requeridas".
En su documento, el PRI advierte que pese a esa política gubernamental, la CFE es una empresa financieramente sana, que ha dado a México un sistema de electricidad moderno y cercano a los estándares de funcionamiento alcanzado en los países desarrollados.
De ahí que el PRI llevará a iniciativa de ley su propuesta de dar autonomía financiera y de gestión a la CFE, con la finalidad de establecer una clara separación entre las finanzas de la paraestatal y las del Estado, porque actualmente "se entremezclan desventajosamente", ya que el manejo que la autoridad hacendaria da a los conceptos de aprovechamiento y subsidio "constituye en los hechos una trampa de origen", pues el crecimiento con recursos propios de la empresa está en entredicho.
Igualmente, entre las reformas que el PRI propondrá está la autonomía de gestión a la CFE, la que no debe entenderse "como dejar que la comisión haga lo que quiera", sino darle la oportunidad de administrarse y operar modernamente como mejor convenga, aprovechando la experiencia de los trabajadores en todos los niveles.
Otras modificaciones que el PRI llevará a iniciativas de ley son que los subsidios al consumo eléctrico sean aprobados por la Cámara de Diputados, para no dejarlos al exclusivo criterio del Ejecutivo federal, como ahora sucede.
Se propone incluso crear la comisión de evaluación del servicio público de energía eléctrica, que habrá de depender de la entidad de Fiscalización Superior de la Federación y que se convertirá en una instancia que pueda en todo momento informar tanto al director general de CFE como al Poder Legislativo sobre el funcionamiento de la empresa.
Para llevar a cabo todas las modificaciones requeridas a fin de restructurar el sector eléctrico, se deberán reformar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley Orgánica de la CFE, de la Comisión Reguladora de Energía, la Ley de la Administración Pública Federal y la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública.
Bartlett precisó que desde diciembre del año pasado han venido trabajando en ello, y las iniciativas se presentarán en marzo, cuando reinicia trabajos el Congreso. Es una propuesta viable, reiteró, que está a la mano, porque el actual modelo de desarrollo de la industria eléctrica ha probado que funciona con costos y riesgos bajos para el país. "Lo otro, las reformas a la Constitución, para entregar el sector al capital privado, son inadmisibles, porque exponen a la población a riesgos innecesarios".
