Ť Reprocha que la procuraduría de Justicia estatal se haya negado a indagar sobre la autora material

Critica la PGR la averiguación del atentado a Patricio Martínez en Chihuahua

Ť Se solicitó a la depedencia federal no atraer el caso aunque había bases, sostiene

La Procuraduría General de la República (PGR) reprochó ayer a las autoridades del estado de Chihuahua la forma en que han llevado a cabo las investigaciones sobre el atentado ocurrido contra el gobernador de esa entidad -Patricio Martínez García, el 17 de enero del 2001-, en razón de que "lo correcto hubiese sido" que la agencia del Ministerio Público del fuero común entregara un desglose de la averiguación a la representación federal para que ésta "continuara y perfeccionara la indagación".

A través de un comunicado de prensa, la dependencia que encabeza el general Rafael Macedo de la Concha criticó también la actitud de la procuraduría de Justicia de Chihuahua, que argumentó razones "éticas y morales" para no atender la solicitud de la PGR de hacerse cargo de las investigaciones contra Cruz Victoria Loya Montejano, quien fue detenida en flagrancia luego de dispararle al gobernador Martínez.

Se solicitó a la dependencia no atraer la investigación por homicidio en grado de tentativa, no obstante que el Ministerio Público Federal estaba facultado para ello "al existir conexión entre un delito del fuero común (homicidio en grado de tentativa) y otro del fuero federal (portación de arma prohibida).

En el comunicado se señala que "no obstante" que por decisión de las autoridades estatales la PGR se avocó únicamente a comprobar las acusaciones en contra de Loya Montejano, en abril del año pasado, el gobernador Martínez hizo pública su inquietud de que la dependencia federal conociera de la indagatoria, "a pesar de que con anterioridad había manifestado su rechazo total a que la institución participara en las investigaciones".

En este contexto, añade, el 9 de mayo del año pasado la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) comisionó de manera permanente a personal ministerial y judicial a esa entidad para colaborar con las autoridades estatales en la indagación.

Fue en ese momento cuando la Procuraduría General de la República solicitó y recibió colaboración y asistencia jurídica del extranjero, incluida la toma de declaración de un testigo protegido por el FBI que asegura que el atentado contra Martínez fue obra del crimen organizado.

Como parte de esta colaboración, la institución federal señala que incluso renunció al desahogo de algunas pruebas porque la procuraduría de Justicia del estado de Chihuahua consideró que ello podría afectar la investigación en el fuero común, es decir, la tentativa de homicidio. A petición de parte, es la procuraduría estatal la que ha desahogado esas pruebas.

En suma, la Procuraduría General de la República ha estado atenta al desarrollo de la averiguación y del proceso en cuestión, ha dado seguimiento "a todas las líneas de investigación que se han desprendido, sobre todo de la información que se ha obtenido en el extranjero, quedando aún diligencias pendientes en el país y fuera de él".

El comunicado de la dependencia federal concluye con un acertijo: "la realización de tales diligencias está dirigida hacia la posible comprobación del delito contra la delincuencia organizada.

Sin embargo, no debe perderse de vista que del resultado que se obtenga del desarrollo de esas diligencias pudiera llegarse a la conclusión que ya conocemos hasta este momento".