PEMEX: FRENTES DEL ESCANDALO

La investigación realizada por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) sobre el desvío de más de mil millones de pesos de las arcas de Pemex, canalizados al parecer por medio del sindicato petrolero a la campaña electoral de Francisco Labastida, es novedosa en la medida en que por primera vez se documenta, de manera precisa, una operación sobre sostenimiento económico del PRI por el erario público, práctica que resultaba un secreto a voces pero que no pudo probarse mientras ese partido se mantuvo en el poder.

A lo largo de varias décadas, innumerables ciudadanos tuvieron conocimiento de primera mano de desvíos ilícitos de recursos públicos para sufragar los gastos regulares de operación del otrora partido oficial, si no es que para distorsionar el sentido del sufragio popular mediante toda suerte de mañas imaginables, desde la coerción a comunidades enteras hasta la compra de votos individuales, pasando por la "ingeniería" para trastocar urnas y actas.

Esas actividades delictivas se realizaron, casi invariablemente, con la anuencia e instrucción de presidentes de la República, secretarios de Estado, gobernadores y presidentes municipales priístas. No es inverosímil, por ello, que el año antepasado la dirección de la empresa petrolera haya efectuado aportaciones ilícitas a la candidatura de Labastida y que haya usado, como conducto para hacer llegar los fondos a su equipo de campaña, al grupo que controla el sindicato petrolero, mucho más dócil que el viejo cacicazgo destruido por Carlos Salinas, pero no menos corrupto.

Llama la atención que el escándalo no sólo ha permitido entrever las redes de la complicidad que existieron entre el tricolor y los gobiernos que emanaron de él, sino también inocultables disputas en el escenario político actual.

La más notable es la creciente diferencia entre el contralor de la Federación, Francisco Barrio, y el procurador de la República, Rafael Macedo de la Concha. Este último no vacila en minimizar las denuncias de la Secodam y en rebajarlas de mil 100 millones de pesos a 640 millones, e insta a la opinión pública a restarle importancia al episodio.

La divulgación del desfalco también ha evidenciado la ferocidad de la lucha que se libra por el control de los restos del PRI y que tiene, como rostros visibles, los de Beatriz Paredes y Roberto Madrazo. Mientras el aparato priísta --representado, entre otros, por su presidenta nacional, Dulce María Sauri, por la propia Paredes y por Humberto Roque-- se apresura a interpretar la pesquisa de la Secodam como una "declaración de guerra" del gobierno de Vicente Fox contra el priísmo, Madrazo no oculta su satisfacción por el desarrollo de una investigación que podría llevar al desastre al ex candidato presidencial Labastida y a su grupo dentro del partido.

Más allá de tales incidencias insospechadas, el escándalo por los desvíos en Pemex representa, para el actual gobierno, una oportunidad para demostrar su pregonada voluntad política contra la corrupción y a favor de la transparencia. En esa medida, debe quedar claro que la pesquisa no es ni una "venganza política" --como aducen connotados priístas-- por la negativa del tricolor a aprobar la disparatada reforma fiscal originalmente propuesta por el Ejecutivo, ni una maniobra previa a un nuevo intento de privatización de la paraestatal.

Asimismo, es necesario que se investigue, además del financiamiento de la campaña labastidista, la del propio Vicente Fox, que no ha estado exenta de acusaciones por el empleo de recursos posiblemente ilícitos.

Finalmente, es claro que una investigación seria debería llegar a todos los niveles de la anterior administración y a diversas dependencias del gobierno federal, además de la paraestatal afectada por el desvío porque, para que éste pudiera efectuarse, tuvo que haber contado con la complicidad de muchos funcionarios.