Ť El gasto impulsado mediante los Pidiregas alcanza $234 mil 100 millones este año
Venta disfrazada, la inversión privada en infraestructura para energía, alertan analistas
Ť En contratos de servicios múltiples, empresarios participarán con 5 mil mdd
ANTONIO CASTELLANOS Y ROBERTO GONZALEZ AMADOR
La falta de recursos públicos para invertir en infraestructura abrió la puerta para que empresarios privados participen de manera directa en la industria energética reservada al Estado. El esquema mediante el cual empresas particulares nacionales y extranjeras construyen obra pública, aplicado en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podría degenerar "en una venta disfrazada", advirtieron especialistas.
Se trata de los Proyectos de Inversión de Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas), que son planes de infraestructura productiva de largo plazo. Son obras públicas que se encomiendan al sector privado y se transfieren a las entidades públicas una vez concluida su construcción. Entre 1997 y 2001, mediante este sistema, la iniciativa privada se hizo de contratos para infraestructura por 549 mil 634 millones de pesos. En 2002, la inversión impulsada a través de los Pidiregas alcanza 234 mil 100 millones de pesos.
A estos proyectos hay que sumar los denominados "contratos de servicio múltiple". Sobre éstos, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, informó que se invitará al sector privado para invertir en la exploración y extracción de gas. Según las proyecciones iniciales, los inversionistas nacionales y extranjeros podrían participar, en una primera etapa, con un monto que llegaría a los 5 mil millones de dólares.
El funcionario dijo que el propio presidente Vicente Fox ya ha hablado con inversionistas extranjeros en Nueva York; el secretario de Energía, Ernesto Martens, y el director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, han promovido la inversión en extracción de gas mediante estos contratos.
El anuncio del lanzamiento oficial de las subastas se hará este mismo año y, a juicio de Gil Díaz, no se necesitaría una modificación legal. Lo que se requiere es tener los contratos bien sustentados de manera que no violen leyes reglamentarias ni la Constitución. Son convenios que no son de riesgo ni tampoco concesiones.
Desde el gobierno pasado, el sector público ha recurrido al mecanismo de Pidiregas para financiar la infraestructura energética que la falta de recursos públicos le impide realizar. Al respecto, Pablo Alvarez-Icaza Longoria, director de estudios económicos de la consultora Bursamétrica, comentó que si los particulares inflan los costos de construcción de estas obras, el financiamiento puede salir muy caro y degenerar "en una venta disfrazada".
A manera de ejemplo, en 2000, los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión directa en el sector eléctrico generaron ingresos por 3 mil 955 millones de pesos, inferiores a los gastos, por 4 mil 24 millones de pesos por concepto de operación, intereses y amortización de capital de estos proyectos, según datos de la Secretaría de Hacienda, citados por el Grupo Financiero BBVA Bancomer.
Presión al gasto público
Los analistas de este consorcio financiero precisan que la segunda fuente de presión sobre las finanzas públicas se derivaría del incumplimiento del sector público de los contratos con los particulares. En este caso, el saldo financiado en los Pidiregas sería absorbido como deuda directa.
Por la razón anterior, Alvarez-Icaza subrayó que los Pidiregas se justificaron en tiempos de emergencia económica, como en 1995. En estos momentos, simplemente, no tienen razón. Parte de la inversión pública se financiará fuera del presupuesto con recursos privados y en realidad el déficit público, de 0.65 por ciento del producto interno bruto (PIB), es artificialmente bajo, porque está comprometiendo los recursos financieros a futuro.
Advirtió que si los proyectos no están bien supervisados, pueden sobrevaluarse y ello implicará una relación más costosa para los contribuyentes. Por ejemplo, una obra que costaría mil millones de pesos, se podría inflar hasta 5 mil millones, por la falta de control y el costo fiscal se cargaría, como siempre, a los contribuyentes.
"Si son rentables o no -agregó- todo depende del flujo de efectivo que generen, pero cuando los proyectos tienen deficiencias de diseño, es el sector público el que termina cubriendo el fracaso de los proyectos con recursos fiscales y se convierten en una deuda".
Los casos más sonados son los de Cantarell, en la Sonda de Campeche, y Cadereyta, en Nuevo León, ambos a cargo de Pemex. Alvarez-Icaza señaló que son proyectos no muy exitosos y expuso que la inauguración de Cadereyta se ha retrasado y ahora se ha convertido en un problema entre los concesionarios y la empresa. Otro de los problemas es que la responsabilidad queda muy diluida y con frecuencia se dice que muchas de las etapas no avanzaron por deficiencias burocráticas de la paraestatal que encargó la obra. En el caso de Cantarell, la discusión es sobre el diseño técnico del proyecto.
Por el lado del gobierno, los Pidiregas no son vistos como problema. El secretario de Hacienda, Francisco Gil, expuso que tienen su propia fuente de pago. La deuda a través de este mecanismo no se autoriza si no va a generar los recursos, por venta de electricidad o de petrolíferos, para autopagarse. Según el funcionario, el débito está "encapsulado" a una producción, no es volátil y tiene rendimiento confiable.
Financiamiento propio
De acuerdo con las autoridades hacendarias, este año se privilegió el gasto en educación y salud y, por ello, se optó por aquellos proyectos que tienen fuentes propias de financiamiento, como los de la CFE y Pemex, para que el conjunto de la inversión pública en 2002, incluidos los Pidiregas, aumente 9 por ciento en términos reales. Así, se espera que el nuevo gasto de inversión impulsado a través de Pidiregas se incremente de 1.1 por ciento del PIB en 2001 a 2.0 por ciento en 2002.