Ojarasca  57  enero de 2002

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Liquidación del indigenismo

Muchos decían que estaba muerto, otros que agonizaba, pero pocos esperaban un entierro tan deslucido. Escondida en un artículo transitorio de la ley de egresos para el 2002 (disposición producto no de un proyecto coherente, sino saldo de las pugnas de una clase política que no ve más allá de sus propias intrigas), está el acta de defunción del indigenismo: "El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, deberá celebrar a más tardar el último día hábil de marzo convenios de reasignación con las entidades federativas [...] con el objeto de descentralizar el funcionamiento de los programas del Instituto Nacional Indigenista (INI)".
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La institución que fue orgullo de los regímenes del México postrevolucionario, creada por ley en 1948, tendrá que fragmentarse y hacerlo rápido. La muerte del indigenismo, es decir, de la política de un gobierno no indígena frente a los pueblos, no mereció un nostálgico recordatorio desde la tribuna legislativa. Ni siquiera una folklórica banda --de las que tanto promovió el INI-- lo acompañó al sepulcro.

Que sea la actual legislatura la que golpee así al indigenismo encierra una contradicción. Fueron estos legisladores, de manera unánime en el Senado, los que le dieron a la reciente reforma constitucional un carácter indigenista. En contra de la iniciativa de la Cocopa, presentada por el Ejecutivo, apoyada por una más que evidente mayoría en los pueblos indígenas y producto de una negociación de Estado, los actuales legisladores se inventaron una reforma que coartaba los derechos indígenas a la libre determinación, pero que incluía un apartado B que prometía abultadas partidas presupuestales. Recursos en vez de derechos.

Ante la ola de protestas frente a la reforma que no reconocía los derechos indios, sus autores la defendieron diciendo que el problema básico de los indígenas era la pobreza y que ésta se solucionaría inyectando "partidas específicas" destinadas al cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los indígenas, que ofrecía el apartado B.

Menos de un año después lo que se aprueba es un presupuesto que reduce en un 6 por ciento lo que recibió el ini en el pasado ejercicio y, de paso, se le impone una descentralización necesariamente costosa (sobre todo si al realizarla se respetan los derechos laborales de los trabajadores), que mermará aún más los recursos destinados a las labores sustantivas del INI. Ni recursos ni derechos. Hasta el presupuesto del 2002 llegó la política de vocho, tele y changarro.

Las implicaciones del transitorio número 16 de la ley de egresos son múltiples. Francisco López Bárcenas señaló varias (La Jornada, 12 de enero). Las hay legales: un transitorio no puede derogar lo mandatado en una ley federal como la que en 1948 dotó al INI de personalidad jurídica.

Otras caen en el campo de lo político. En la larga pugna entre los gobiernos estatales y el federal por los recursos del indigenismo, ganaron las burocracias de los estados. Por décadas los cacicazgos locales vieron peligrosa la actuación del ini en sus regiones. La burocracia indigenista federal--estructurada por antropólogos en una época en que el solo traslado a las regiones indígenas implicaba una actitud poco burocrática?-- fue generalmente más permeable a las demandas de los pueblos y comunidades. Por otra parte, los intereses de los caciques encontraron instrumentos más útiles en los gobiernos locales: éstos han creado una diversidad de comisiones de asuntos indígenas locales, organismos que por regla general han sido más inoperantes y cerrados que su homólogo federal. Las tomas de las oficinas del indigenismo estatal son frecuentes. Incluso en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, estados a los que se destinan mayores recursos federales al indigenismo, no han logrado superar esta pugna, y se ha llegado, como en el caso de gobernador chiapaneco Patrocinio González, al encarcelamiento de los funcionarios del INI.

El recién estrenado director general del INI, Humberto Aldaz, declaró que el desmantelamiento "no es una idea tan nueva". Es cierto. Hasta los ochenta los Centros Coordinadores Indigenistas crecieron hasta convertirse en algo como una "ventanilla única" para los indígenas; ahí se atendían problemas agrarios, educativos, productivos, de salud, culturales y políticos de los indígenas. Casi dos décadas lleva el recorte de funciones del indigenismo y ha quedado sin fuerza real frente a las secretarías federales. Cada vez es más difícil realizar las tareas de evaluación y vigilancia que ha identificado como prioritarias la actual administración indigenista.

Pero no todo se resuelve con presupuestos. Ahí están los inmensos recursos con los que contó la dupla INI-Solidaridad durante el salinismo, que terminaron convirtiéndose en una camisa de fuerza tan rígida que estalló al final del sexenio.

Después de aprobada la reciente (contra)reforma indígena, la alianza que planteó Fox con el movimiento indígena ha perdido viabilidad. A menos que se quiera entender como tal la práctica de que indígenas de nacimiento ocupen cargos en los organismos que están en liquidación secreta. Sólo los pequeñísimos grupos que apoyaron la presente reforma, como los mal llamados lacandones, serían los que con autoridad moral pudieran proponerse como indios indigenistas. El extremo de la desubicación son los funcionarios indios que, siguiendo los usos y costumbres del priísmo, promueven con presupuesto gubernamental un movimiento indígena dizque independiente.

Parece que ya no hay indigenismo, ni siquiera existe el indigenismo reformado, llamado de participación. Ni Grandes Momentos como los que historió Luis Villoro, ni pequeños momentos. Lo que resta es el desmantelamiento de la propiedad comunal, la apropiación privada de los recursos naturales y migración forzada.

Eugenio Bermejillo


El ejército federal en Petatlán

Petatlán, Guerrero, 8 de enero. Los soldados llegaron desde el 24 de diciembre. Acamparon junto al arroyo del Zapotillal y no tuvieron el comedimiento de notificar nada al comisario del lugar. Los soldados dijeron que querían convivir con la comunidad y ofrecían organizar la cena de fin de año, comprar un becerro y permitir que la gente sacara sus armas para dispararlas como es la costumbre en los festejos de fin de año.

Como a los habitantes no les pareció el ofrecimiento de los soldados del 19 batallón de infantería con sede en Petatlán, les hicieron saber que para esa fecha su festejo se limitaba a actividades religiosas entre las que está el ayuno.

Después los soldados iniciaron patrullajes nocturnos dentro del pueblo, se metían a los patios y algunas veces hicieron disparos.

Los pobladores mostraron preocupación porque con una táctica parecida, hace un año los soldados llegaron a los poblados de El Jilguero y Las Palancas y cuando se ganaron la confianza de los vecinos, detuvieron a cinco campesinos, mataron a uno e hirieron a una mujer.

En esas circunstancias, el comisario Elifonso Martínez se entrevistó con el comandante del pelotón, un teniente que se negó a darle su nombre, para que explicara las razones de su presencia en el poblado. Al militar el comisario le mostró los cartuchos percutidos por soldados dentro de las casas y el militar se los exigió para que no se pudieran utilizar como prueba.

Los soldados han sido especialmente arbitrarios y han acosado al propio comisario, así como a los familiares de los campesinos detenidos en Acapulco.

Para Juan Bautista, presidente de la organización, la presencia de los soldados es una provocación y una amenaza contra los integrantes de la comisión que fue a México en noviembre pasado para exigir justicia en el caso del asesinato de Digna Ochoa.

En una solicitud que se hizo a los medios de comunicación para que difundieran la situación, El Sur mandó a Maribel Gutiérrez a cubrir la noticia. Ella y Juan subieron el 4 de enero y precisamente ese día los soldados abandonaron los pueblos.

Durante el tiempo que estuvieron ahí preguntaron por nombres de ecologistas. Uno de ellos vive más arriba de El Suspiro y otro en El Zapotillal. Este último tuvo que salir del pueblo ante el riesgo de ser detenido.

Maribel Gutiérrez bajó de la sierra el mismo día.

El lunes 7 por la mañana llegó un recado urgente desde la región de Canalejas pidiendo con urgencia la presencia de periodistas porque al parecer nuevamente se presentaron los soldados con la intención de hacer detenciones.

Esta región de la sierra que pertenece a la cuenca del río Petatlán poco había sido visitada por el ejército y todo parece indicar que es en respuesta a la movilización de noviembre y a que son la base social más importante de la organización ecologista.

Organización Ecologista de Petatlán

 
foto: Saklamentón, San Juan Chamula


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