A Ramiro Taboada (1940-2002),

entrañable amigo,

defensor de las tierras altepetlalli del Anáhuac,

calpuleque principal de Milpa Alta,

Luchador incansable por los derechos

de su pueblo y de todos los pueblos

indígenas de este país,

zapatista cabal.

Lleva siglos que los tres valles más importantes del centro del país, el del Anáhuac, el de Toluca y el de Cuernavaca-Cuautla, se desarrollan a despecho y por encima de los pueblos indígenas originarios que los habitan.

En el largo periodo de dominación española, las sociedades indígenas de la región fueron profundamente reorganizadas y el altépetl, unidad espacial y de organización social de los pueblos indígenas del centro del país, dio lugar a la república de indios, perfectamente regulada por un conjunto de disposiciones legales (Leyes de Indias) e instituciones coloniales.

El territorio fue, por decirlo de algún modo, reordenado y, en una época en que el sustento de la población provenía casi en exclusiva de la agricultura, los conquistadores despojaron de sus mejores tierras a las comunidades indígenas de los valles. Tal proceso pudo consolidarse gracias a la política de congregaciones, y al despoblamiento que sufrieron los territorios americanos durante el siglo XVI a causa de las grandes mortandades de indios.

Por la conjugación de dichos factores, más la explosiva urbanización de los valles del centro del país, las comunidades indígenas de las sierras boscosas que circundan estos valles son las que mejor subsisten en su ser comunal, conservando partes de su organización tradicional, sus fiestas y hasta su lengua original.

En algún momento de su largo caminar, estas comunidades fueron empujadas por el conquistador azteca o español, a vivir arriba de los 2 500 metros de altura, en condiciones realmente adversas y con rendimientos agrícolas sumamente bajos, pero son, en su mayoría, propietarias, bajo el régimen comunal o ejidal, de los grandes bosques de encino, oyamel y ocote que dan vida a las ciudades. El 70 por ciento del agua que consumen ciudades como la de México o Toluca, y grandes cantidades de oxígeno, provienen de ellas.

Hoy que el proceso histórico coloca a dichas comunidades como propietarias o poseedoras de recursos naturales estratégicos y suelos con alto valor inmobiliario, el poder efectivo que representan los capitales inmobiliarios y de la finanza mundial, no duda en asociarse con quienes gobiernan las grandes ciudades y los municipios conurbados a ellas, independientemente del partido al que pertenezcan.

El fin de dicha asociación es simple: concertar el despojo legal o tramposo, encubierto o descarado, de los territorios que pertenecen a las comunidades originarias.

En este conflictivo escenario, agudizado por el proyecto neoliberal y sus divinas encarnaciones como el Plan Puebla-Panamá (PPP), la disputa por el agua se torna fundamental. Las grandes ciudades (nos referimos sobre todo a México y Toluca) y los proyectos inmobiliario-industriales actuales, engarzados al PPP, requieren, día con día, una mayor cantidad de agua. La Cuenca del Lerma ha disminuido sus niveles hídricos y resulta muy cara la conducción de sus aguas hasta la ciudad de México. La proyectada extracción hidráulica del Temascaltepec no sólo se convirtió en un riesgo político, por la justa oposición de las comunidades y municipios afectados, también representa elevados costos para la Federación y los gobiernos estatales.

La solución elegida fue seguir obteniendo el agua que producen los bosques de las comunidades serranas próximas al Distrito Federal y a Toluca. Pero lo anterior implica acrecentar el despojo de que han sido víctimas, agudizando la relación desigual entre las poblaciones que resguardan los bosques, y las ciudades --cada vez con mayores necesidades y requerimientos.

El despojo de las aguas comunitarias no es nuevo. La Constitución de 1917 estableció el carácter nacional de gran parte de las aguas que nacen o se localizan en territorio mexicano, lo que inició el despojo de las aguas pertenecientes a las comunidades, aunque la reforma agraria, en su etapa cardenista, contemplara la dotación y el reconocimiento de aguas ejidales y comunales.

En 1922 Obregón emitió un Decreto declarando todas las aguas superficiales de la Cuenca del Valle de México como nacionales. Esto no sólo fue una interpretación abusiva del Artículo 27 Constitucional; llevó también al desconocimiento de los derechos agrarios y territoriales de las comunidades y de los servicios ambientales que prestan a las grandes ciudades con sus actividades que, contra todo lo dicho, han preservado, mejor que nada o que nadie, el suelo agrícola y forestal.
 

Los derechos territoriales de las comunidades despojadas también quedaron cancelados. Sus tierras las han ocupado en forma ilegal obras hidráulicas de toda índole; la extracción inmoderada de agua en territorios indígenas no ha previsto las consecuencias ecológicas ni ha indemnizado a los propietarios por el impacto negativo o por el cuidado de los bosques y del suelo agrícola que éstas realizan.
 

Actualmente, la lucha de diversas comunidades serranas de los Valles de Toluca y el Anáhuac no se ha centrado en exigir que las aguas consideradas nacionales se declaren comunales, sino en el reconocimiento de sus derechos territoriales.

San Pedro Atlapulco, pueblo ñahñú del municipio de Ocoyoacac, Estado de México, ha comprendido la importancia estratégica de los recursos que posee --en tanto propietario de los bosques de oyamel localizados en La Marquesa-- y emprende la lucha para obtener compensaciones por el agua potable que diversos municipios se llevan de sus montes comunales.

Atlapulco tiene suscritos convenios con los municipios de Lerma y Huixquilucan. Con Lerma se logró después de una intensa lucha que abarcó la primera mitad del 2001 y que, de manera inteligente, combinó acciones directas acordadas por la asamblea comunal (como el corte de agua al municipio de Lerma) con negociaciones a todos los niveles y la interposición de un juicio de amparo en contra de los títulos de concesión que la Comisión Nacional del Agua otorgó, sobre manantiales localizados en la propiedad de Atlapulco, a pobladores de Lerma.

Una cohesionada organización comunal, más una larga trayectoria en defensa del territorio, llevó a que Atlapulco obtuviera resultados y experiencias de significativo valor para todas las comunidades indígenas del país. Atlapulco ya obtuvo la suscripción, con el municipio de Lerma, del primer contrato por prestación de servicios ambientales que se firma en este país entre una comunidad y una entidad pública.

El contrato reconoce los derechos territoriales de Atlapulco, consignados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Artículos 13, 14 y 15), y establece el pago de una compensación económica a favor de la comunidad por la ocupación de sus territorios para la obtención y conducción de aguas, y por los cuidados que los comuneros y comuneras realizan del bosque (los llamados servicios ambientales), mismos que posibilitan la permanencia de los manantiales utilizados por Lerma y otros municipios. Este es un antecedente que podrán usar cientos de comunidades con problemas semejantes.

La comunidad de San Pedro Tlanixco, a las faldas del Xinantécatl (o Nevado de Toluca), también desarrolla una significativa lucha por recuperar las aguas que de sus bosques nacen y que, casi en su totalidad, van a parar a los invernaderos de los pequeños y grandes floricultores del municipio de Villa Guerrero, en tanto que Tlanixco se debate en la pobreza y sus hijos deben emigrar al norte del país o --por paradójico que pueda parecer-- a los invernaderos de Villa Guerrero, como jornaleros mal pagados.

Este antiguo poblado de origen matlatzinca, que a los gobiernos priístas se les ocurrió catalogar como mazahua para efectos de participación en mítines y actos electoreros de toda laya, pretende una distribución más justa del agua y el reconocimiento de sus derechos territoriales con relación a las aguas que nacen en sus tierras ejidales (de origen comunal).

Para ello han interpuesto un amparo que cuestiona las concesiones otorgadas a floricultores de Villa Guerrero sobre las aguas superficiales que nacen en tierras de Tlanixco y han realizado diversas acciones directas con el fin de presionar a los poderes locales. Por el bien de ellos, por el bien del movimiento indígena y por el bien de todos esperemos que esta digna lucha logre sus objetivos.