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Elena Urrutia
El porqué de las representaciones
Cuando se insiste en la necesidad de la acción afirmativa, en las cuotas de mujeres dentro de instituciones políticas, sociales o culturales -un porcentaje por encima de cierto tope de mujeres, por ejemplo, en las Cámaras de Diputados y de Senadores-, no se busca otra cosa más que se empiece a establecer justicia con la mitad del género humano que ha estado oculta, marginada, borrada de los lugares en donde se toman las decisiones, y, por otra parte, se piensa que esas mujeres situadas en lugares clave incidirán positivamente en las políticas públicas, en las acciones que tiendan a remediar la marginación y el rezago de sus congéneres.
A tales propuestas se argumenta en ocasiones que el hecho de que una mujer se encuentre en una posición de poder no significa necesariamente que será sensible y solidaria con la causa de las mujeres. La experiencia ha mostrado que basta una que esté convencida para defender y con frecuencia lograr éxito en sus demandas.
Pues bien, toda vez que los presupuestos de género son parte de la "agenda de mínimos" de Naciones Unidas, las mujeres de todos los partidos lograron etiquetar recursos con destino femenino, en diciembre del año que acaba de concluir. Así, a la Secretaría de Salud se le concedieron 175 millones de pesos más, distribuidos en: 50 para cáncer cérvico-uterino, 50 para salud reproductiva y 75 millones para luchar en contra de la violencia hacia las mujeres.
Para la Secretaría de Desarrollo Social, Progresa (Programa de Educación, Salud y Alimentación para familias de extrema pobreza) quedó con 2 mil 123 millones de pesos, el programa de microfinanciamiento con 400 y Fommur (Fondo de microfinanciamiento a mujeres rurales) con 75 millones (dirigidos a las mujeres rurales, las más marginadas de entre las mujeres).
Sin mencionar otras dependencias que recibirán dotaciones equivalentes, el Programa de la Mujer de la Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaría de Relaciones Exteriores recibirán 50 millones cada una.
Sabemos que en 2002 ya no habrá pretextos para el ejercicio de las políticas públicas con enfoque de género. Y, como señala la diputada federal María Elena Chapa, "nos aseguraremos que la mitad de México reciba algunos beneficios de desarrollo".