Lunes 14 de enero de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Intimidación, intento de sobornos y represión cometió en el periodo de Piña Olaya
El regreso de Esteban Morelos servirá para cometer despojos en Tepeaca: Beristáin
q En el gobierno, funcionarios encargados de expropiaciones hace dos sexenios

Fermín García / Ignacio Juárez n
A principios de julio de 1991, Alberto Esteban Morelos se presentó con María de los çngeles Flores de Beristáin y le dijo a bocajarro: "O me vendes tu casa o antes de 15 días la vamos a tirar. Esta zona va a ser expropiada". El día 26 del mismo mes se cumplió la amenaza, la vivienda fue derribada por granaderos de la Policía Estatal sin que mediara un recurso legal y sin que lo moradores tuvieran la oportunidad de sacar sus pertenencias.
ısa es la primera estampa que de inmediato recuerda Horacio Beristáin -hijo de çngeles Flores- cuando se le pregunta por Alberto Esteban Morelos, quien ese fatídico 26 junio de 1991 era director general de Gobierno en la administración del entonces gobernador Mariano Piña Olaya. Ahora, ha retornado al servicio público como subsecretario de Enlace Institucional y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, nombramiento que recibió el pasado 7 de enero.
Alberto Esteban Morelos, según se documenta en diferentes números de La Jornada de Oriente entre los años de 1991 y 1992, tiene en su haber una larga lista de acusaciones y denuncias de comisarios ejidales, pobladores afectados con las expropiaciones de la zona conocida como Angelópolis, priistas y ejidatarios cuando fungió como funcionario en el gobierno piñaolayista, primero como director general de Gobierno y después como director del Instituto Poblano de la Vivienda.
Intimidación, invasión de terrenos ejidales, presuntos sobornos, desacato a ordenamientos de jueces federales, represión, hostigamiento, presiones contra ejidatarios, falta de cumplimiento de compromisos previamente pactados, son algunos de los señalamientos contra el viejo militante priista.
-¿A qué ha regresado Alberto Esteban? -pregunta el reportero a Horacio Beristáin, quien en el sexenio antepasado encabezó la lucha de ejidatarios contra la expropiación de mil 82 hectáreas que forman parte de la reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl.
Beristáin no duda en su respuesta: Esteban Morelos es experto "en presionar y engañar, así como en negociar. ıl sabe cómo hablarle a los campesinos". Así como su misión en el sexenio antepasado fue quitar sus tierras a agricultores de San Andrés Cholula, Tlaxcalancingo, Chautenco, Momoxpan y San Francisco Ocotlán, ahora seguramente su encomienda será hacer lo mismo con los campesinos de las regiones de Tepeaca y Tecamachalco que se han negado a vender sus tierras al Proyecto Milenium.
Aunque hay otra explicación más de fondo, abunda Beristáin: Alberto Esteban Morelos, junto con el actual secretario de Gobernación, Héctor Jiménez y Meneses, y el director de Investigaciones Políticas, José Ventura Rodríguez Verdín, pertenecen al grupo político Huauchinango, mismo en el que se apoyó Piña Olaya para gobernar.
Hoy, de nuevo, Jiménez, Esteban y Verdín están juntos en la cúpula del gobierno del estado. En posiciones similares a la que ocuparon cuando se hicieron cargo de las expropiaciones con Piña Olaya. Pareciera que el gobernador Melquiades Morales Flores sirve a los intereses del grupo Huauchinango, que dirige la familia Jiménez Morales, considera el entrevistado.

El derrumbe

En 1996 la familia Beristáin Flores tenía una propiedad en el ejido de San Bernardino Tlaxcalancingo. Era una hectárea, en la que habían construido una casa de 200 metros cuadrados. A principios de junio de 1996 se presentó Alberto Esteban Morelos para amenazar a María de los çngeles Flores de Beristáin con la siguiente consigna: Tenía que vender o en unos 15 días la vivienda sería derrumbada, ya que estaba dentro de un área que sería expropiada.
La oferta era que el gobierno le pagaría a 60 pesos el metro cuadrado, pero si se negaba no recibiría nada a cambio. Ella respondió que no vendía su propiedad y que si había un expropiación le tenían que comunicar por escrito el proceso de enajenación.
Alberto Esteban Morelos -recuerda Beristáin- no volvió. El 26 de julio de ese año se cumplió la amenaza. A las 9 horas llegó al lugar un grupo de granaderos, acompañados por trabajadores de la construcción que conducían dos camiones de volteo y dos trascavos. Al frente iban José Ventura Rodríguez Verdín, quien entonces era director de Seguridad Pública, y el jefe de la Policía Estatal, Juan Cebada.
Unas horas después, Horacio Beristáin llegó a auxiliar a su hermana Laura, que estaba en la vivienda. Se acercó a los jefes policiacos y les pidió que le enseñaran una orden judicial para cometer el desalojo, a lo que Rodríguez Verdín respondió: "Son órdenes del gobernador".
Poco antes de las 14 horas los granaderos rompieron una ventana de la vivienda y arrojaron una bomba de gas lacrimógeno, lo que obligó a los moradores a salir de la casa, pues se negaban a hacerlo. Dos horas más tarde la construcción fue destruida.
Ese mismo procedimiento se empleó contra 58 familias del ejido de San Bernardino Tlaxcalancingo, a quienes les tiraron su casa por negarse a vender. Cuando los hechos ocurrieron únicamente había una declaratoria de ordenamiento urbano, no un decreto expropiatorio, por lo que fueron ilegales dichos desalojos, documentó La Jornada de Oriente el 31 de julio de ese año.
Con el pasar de los años quedó demostrado que ese despojo no era para una causa de utilidad pública, sino para beneficiar al capital privado, comenta Beristáin a 10 años de distancia de que fue destruida su casa.
Donde estaba su propiedad, cerca del centro comercial Auchan, hoy se vende el metro cuadrado en más de 600 pesos. A un kilómetro de distancia, en el fraccionamiento La Vista, el costo aumenta hasta 600 dólares el metro cuadrado. A su familia el gobierno le pagó menos de 60 pesos el metro cuadrado, después de varios años de lucha legal, y únicamente por el área que ocupaba la casa, no el resto de la hectárea.

El historial

En el tiempo en que Alberto Esteban Morelos estuvo relacionado con el proceso de expropiación de las mil 82 hectáreas, más de una ocasión se escucharon las voces que protesta de comisarios ejidales, pobladores de la colonias Ampliación Concepción Guadalupe, Las Lajas y San Miguel la Rosa por los reiterados actos de intimidación y hostigamiento en su contra, iniciados con la única finalidad de obligarlos a vender sus tierras.
Vecinos de Concepción Guadalupe que habitaban en los terrenos que serían expropiados, entrevistados por este medio en junio de 1992, recrean en esa época la actuación de Esteban Morelos. En 1991 los obligó a vender sus propiedades, y a los que se negaron les suprimió la energía eléctrica, se les incomunicó con la construcción de una barda que dividía tierras de cultivo y las casas. Al final, las viviendas fueron derribadas.
En muchas ocasiones, según se consigna en los diarios, el funcionario presionó a campesinos y colonos para que aceptaran 3 mil 500 pesos por metro cuadrado, pese a que los predios estaban valuados comercialmente en 100 mil pesos.
Una y otra vez, recogen los medios de esa época, los afectados tuvieron que luchar contra policías estatales, policías judiciales y operadores de trascavos y bulldozer, todos bajo el mando de Alberto Estaban, que tenían como encomienda destruir viviendas y obligar a los quejosos a abandonar los terrenos. Aunque los inconformes acudieron en diferentes ocasiones a la vía judicial y denunciaron los hechos ante diferentes instancias de gobierno, el funcionario nunca fue sancionado.
A dichas versiones también se agregan las denuncias de comisariados ejidales de Santiago Momoxpan, Tlaxcalancingo y San Andrés Cholula en contra del ahora subsecretario de Gobernación de haberles ofrecido dinero a cambio de que lo ayudaran a convencer a los ejidatarios para que vendieran sus predios.