Ť Aún no nombran al sucesor de Valdemar Martínez Garza

Ejidatarios afectados por la expropiación, sin defensa en la Procuraduría Agraria

MATILDE PEREZ U.

La Procuraduría Agraria tendrá un nuevo titular; los dos anteriores: Mauricio Valdés Rodríguez y Valdemar Martínez Garza renunciaron luego de fracasar en su intento de consolidar el proyecto para que la institución se convierta en el ombudsman agrario, motivo por el cual ambos entraron en fuertes contradicciones con la secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, según versiones de fuentes cercanas a esa dependencia federal.

A Valdemar Martínez Garza, reconocido por su experiencia en materia jurídica agraria, se le ubicaba como integrante del grupo cercano a la secretaria Herrera Tello, quien le pidió que colaborara con ella en la subsecretaría de Política Sectorial de la SRA, y posteriormente le solicitó asumiera la responsabilidad de la Procuraduría Agraria.

En la toma de posesión, Martínez Garza aseguró que había recibido instrucciones de la titular de la SRA para transformar el organismo y convertirlo en "entidad garante de la justicia del agro mexicano, y consolidarlo como un ombudsman agrario". Aseguró que sus acciones se enfocarían en dos ámbitos: actuar como autoridad en la procuración de justicia y como órgano vigilante y supervisor de las propias instituciones gubernamentales.

Intención similar manifestó Mauricio Valdés Rodríguez, primer procurador agrario de la actual administración. En febrero del año pasado dijo que su principal interés era que la Procuraduría Agraria se convirtiera en un organismo más autónomo de la SRA, para cumplir con la defensa de los campesinos con mayor libertad. Valdés Rodríguez participó en la comisión de estudios para la reforma política del equipo de transición de Fox y se sabía que no era del grupo cercano a la titular de la SRA.

Durante la entrega de la oficina a Valdés Rodríguez, la titular de la SRA puntualizó que su interés era atender con "eficiencia los asuntos competencia de la SRA y de la procuraduría".

La diferencia de criterio en la aplicación de la defensa de los derechos de los campesinos entre Martínez Garza y Herrera Tello inició con la defensa jurídica de los ejidatarios de los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, sitio donde el gobierno federal pretende construir el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México.

El 31 de octubre del año pasado, Martínez Garza, acompañado por Jorge Beyer Esparza, director general jurídico y representante agrario de la dependencia a su cargo, convocó a las autoridades de los 15 ejidos expropiados a una reunión urgente en el municipio de Nezahualcóyotl; ese mismo día, los ejidatarios de San Salvador Atenco realizaron su primera manifestación en la residencia oficial de Los Pinos. A partir de entonces, Martínez Garza aseguró a los ejidatarios que los defendería del proceso de expropiación si así se lo exigían.

Dijo a los campesinos que consideraba justos sus reclamos desde el punto de vista jurídico. Afirmó que la Procuraduría Agraria "es el mejor canal para la defensa de los derechos de los campesinos, ya que 80 por ciento de los juicios en que ha llevado la representación de sujetos agrarios han concluido con sentencias favorables". Semanas después, el juez sexto de distrito de Nezahualcóyotl otorgó amparos provisionales a los ejidos San Miguel Tocuila, San Bernardino, Magdalena Panoaya y San Francisco Acuexcomac, cuya defensa asumió la dependencia a su cargo.

Los avances en la defensa jurídica de los ejidatarios llevó a Valdemar Martínez Garza a expresar públicamente que el decreto de expropiación era inconstitucional. "No tiene autoridad jurisdiccional para ello, ese dictamen corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación", dijo la titular de la SRA el 29 de noviembre, luego de clausurar el Foro Internacional sobre Ordenamiento de la Propiedad y Sistemas Catastrales.

Incluso, el 20 de diciembre del año pasado, aseguró que los ejidos de Huexotla, San Miguel Tocuila, San Bernardino, San Martín y Chimalhuacán ya habían aceptado pactar y llevar a cabo un convenio con el gobierno federal para vender sus tierras. Días antes, el presidente Fox había declarado que los campesinos se habían "sacado la lotería" por los beneficios que implicaba para esa zona la construcción del nuevo aeropuerto, hasta aseguró que la obra no se detendrá. El pasado 3 de enero, la SCT afirmó ante el juzgado sexto de distrito de Nezahualcóyotl que un notario público de Cuautitlán Izcalli había "entregado física y materialmente las 5 mil 384 hectáreas expropiadas".

Con fecha 7 de enero, Martínez Garza entregó su renuncia irrevocable a la titular de la SRA. Por lo pronto, Jorge Beyer, responsable de la defensa jurídica de los ejidatarios por parte de procuraduría, sigue convaleciente de una operación quirúrgica.