Ť La UEDO busca acreditar acusaciones contra Schietekat Ballesteros y González Sierra

Hoy, posible apelación de la PGR en caso IPAB

Ť Esto no va a quedar impune, dicen funcionarios de la Procuraduría General de la República

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) prepara la apelación contra la exoneración de ex funcionarios de IPAB y Bancomext, en las acusaciones de lavado de dinero, cohecho y enriquecimiento ilícito. Fuentes de alto nivel de la dependencia afirman que no se detendrán las investigaciones ni los recursos jurídicos "hasta que termine esta impunidad".

A 10 días de que Ramón Esquivel Ortiz, secretario de acuerdos en funciones de juez por mandamiento de ley, a cargo del juzgado tercero de distrito, hubiera determinado que no existen las pruebas suficientes para procesar penalmente a Eugenio González Sierra, ex director jurídico adjunto del IPAB, y León Alberto Schietekat Ballesteros, director de inversiones institucionales de Bancomex, en la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) se hace acopio de más elementos de cargo, y se juntan los documentos que servirán para presentar la defensa de sus acusaciones ante un tribunal de alzada.

Un alto funcionario de la PGR dijo a este diario que "la forma de obtener evidencias fue clara, transparente, y aun cuando el juez haya desestimado las grabaciones, había otras pruebas que sustentan las acusaciones.

"El caso no ha terminado aquí; el Ministerio Público tiene la libre jurisdicción para formular una nueva consignación, con mayores elementos, por lo que esto no va a quedar impune", indicaron.

Se aseguró que "se impugnará la resolución con todo respeto al Poder Judicial de la Federación. Esperamos que los tribunales reconsideren la decisión del juez, pues hay elementos para hacerlo, pero no caeremos en confrontaciones estériles entre órganos de gobierno, la tarea es hacer cumplir la ley".

Tesis jurisprudenciales como la I.2ŶP.J/13, de septiembre de 2000, la cual establece que para que se acredite el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), "basta que no se demuestre la legal procedencia de los recursos y que existan indicios fundados de su origen dudoso", podrían ser utilizadas para demostrar que el secretario de acuerdos en funciones de ley equivocó su decisión al no enjuiciar a los ex funcionarios de IPAB y Bancomext por ese delito, indicaron las fuentes.

Para Ramón Esquivel Ortiz no hubo lavado de dinero en los depósitos que por un millón de dólares se transfirieron al Banco Agrícola Comercial de Andorra, porque ni Schietekat ni González Sierra los realizaron, sino que fueron los representantes de GBM-Atlántico.

Según el juzgador, la ilegalidad en las trasferencias por las que el Ministerio Público ejercitó acción penal contra los ex funcionarios "no se encuentra acreditada", y consideró además que la PGR debía "tener indicios fundados o la certeza de que dichos recursos provengan directa o indirectamente, o representen ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su procedencia, lo que en este caso no acontece".

En la página 332 de la resolución consideró que no pudo presumir que "los recursos con los que se hicieron las transacciones bancarias -a Andorra- provengan o representen las ganancias derivadas de la comisión de algún delito".

Aún más, para el secretario de acuerdos en funciones de juez, Schietekat y González Sierra no pretendieron ocultar el millón de dólares, ya que al abrir las cuentas en Andorra lo hicieron a "su nombre", pese a que éstas eran registradas bajo un numeral.

De acuerdo con los señalamientos contenidos en el expediente, el delito previo para la obtención del dinero, y con ello la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, era el de cohecho.

Pero fue desestimado bajo el siguiente argumento: "al no encontrarse uno de los elementos objetivos externos que constituyen la materialidad del acto ilícito, resulta ocioso entrar al estudio de la probable responsabilidad", es decir, según el juez, González Sierra no tuvo atribuciones para afectar el desahogo del fideicomiso de GBM-Atlántico en el IPAB, aunque existan declaraciones que acreditaron esas facultades.

El plazo para presentar la apelación aún no concluye, pero según los entrevistados, podría ser esta semana cuando se formule ese recurso jurídico en busca de que se revoque la libertad bajo fianza de que gozan León Alberto Schietekat y Eugenio González Sierra.