Ť Acata la justicia castrense sentencia de autoridades, informa abogado

Promoverá el coronel Castellanos amparo para que Tribunal Militar lo restituya en su cargo

Ť El 3 de abril de 1997 fue detenido acusado de tener tarjetas de inteligencia que presumían vínculos de integrantes del Ejército con narcotraficantes

JESUS ARANDA

Una vez que la justicia militar acató "plenamente" la sentencia del tercer tribunal colegiado en materia penal, que amparó en definitiva al coronel Pablo Castellanos del delito federal de infracción de deberes de los funcionarios públicos -en que se basó su encarcelamiento por la presunta revelación de secretos-, el oficial presentará un amparo en contra del Supremo Tribunal Militar para que éste lo restituya en su cargo y reconsidere la pena máxima "injustificada" que le impuso el fuero de guerra.

El 3 de abril de 1997 el coronel Castellanos fue detenido por agentes judiciales, acusado de tener en su poder tarjetas de "inteligencia" que presumían vínculos de militares con narcotraficantes, mismas que después fueron publicadas en la revista Proceso, lo que originó un procedimiento penal en su contra en los ámbitos de guerra y federal por los mismos delitos: ejercicio indebido de funciones e infracción de deberes.

Sin embargo, en un hecho calificado de "irregular" desde un principio por el abogado del militar, Cuauhtémoc Sotelo, ambos procesos fueron llevados a cabo por la justicia castrense y en dos consejos de guerra fue sentenciado con la pena máxima a cinco años ocho meses y cinco años seis meses, respectivamente.

Según Sotelo, el proceso y la sentencia que tuvo lugar cuando el general Rafael Macedo de la Concha -actual procurador general de la República- era el procurador militar fue "ilógica", porque en esos procesos Castellanos fue absuelto del delito de "revelación de secretos", en el que se fincó su presunta culpabilidad en la publicación de las tarjetas informativas en las que, por cierto, se hacía referencia que un tal "Pedro" tenía vínculos con el narcotráfico.

Precisamente su detención se debió a que el entonces coronel Pedro Cervantes, hermano del ex secretario de la Defensa Nacional Enrique Cervantes Aguirre, descubrió que Castellanos tenía en su poder las tarjetas informativas que aludían a "Pedro".

Luego de recibir la notificación oficial por parte del juez militar con sede en la V Región Militar del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Colegiado, por lo que respecta a los delitos federales, el abogado Sotelo Rosas sostuvo que la justicia federal demostró que las acusaciones contra su defendido fueron de inicio "falsas" y con el único fin de afectar al coronel.

Resulta paradójico que en lo que respecta a los delitos federales el Tribunal Colegiado lo absolvió de toda culpa y que sólo en lo que toca a los mismos delitos, pero en el fuero de guerra, se le impusieron las máximas penas.

"Una vez que se consolida la libertad absoluta de mi defendido -añadió-, el coronel interpondrá un amparo para ser restituido con el cargo de coronel y para que sea revisada la sentencia que le impuso el Supremo Tribunal Militar y se revalore la pena para que su hoja de servicios no resulte manchada por delitos que no cometió."

Castellanos explicó que la decisión del colegiado no afectó la sentencia del tribunal castrense, debido a que invocó la especialidad de los tribunales dejando así a los militares en libertad de resolver conforme a su legislación.

Pero la serie de amparos que obtuvo el coronel a lo largo del proceso -desde amparos para efectos, hasta su libertad condicional hace meses- dejan ver que los tribunales militares continúan aplicando la ley "por consigna", sin respeto al marco legal vigente.