Ť La decisión enfrenta a la Suprema Corte con la Procuraduría General de la República

Torció juez la legislación para exonerar de ilícitos graves a ex funcionarios del Bancomext e IPAB

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

En el caso IPAB Ramón Esquivel Ortiz, secretario de acuerdos del juzgado tercero de distrito en funciones de juez por mandamiento de ley, utilizó los mismos razonamientos pero de manera contradictoria para enjuiciar por delitos menores a León Alberto Schietekat Ballesteros y a Eugenio González Sierra y para rechazar las acusaciones por delitos graves que les hubieran impedido salir de la cárcel.

Esa decisión judicial, tomada el 4 de enero pasado, polarizó a dos órganos del gobierno mexicano: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que defiende al secretario de acuerdos en funciones de juez, y la Procuraduría General de la República (PGR), la cual considera que "ésta ha sido una de las investigaciones mejor realizadas" y asegura que los recursos jurídicos le permitirán "que los delitos cometidos no queden impunes", pero sin que su lucha lleve a una confrontación institucional.

La historia, según el expediente

Schietekat Ballesteros y González Sierra se desempeñaban como director de inversiones institucionales en el Bancomext y director jurídico adjunto del IPAB, respectivamente, hasta los primeros días de octubre de 2001, cuando fueron detenidos por la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), luego de una investigación de cinco meses.

Ambos ex funcionarios fueron denunciados en mayo de 2001 por José Ramos González de Castilla, representante de GBM-Atlántico, como los responsables del delito de chantaje, al exigirle millón y medio de dólares a cambio de un trámite en el IPAB que le devolvería de manera legal cinco millones de dólares a GBM-Atlántico.

A principios de abril, según declaró el propio Schietekat ante el Ministerio Público federal, por recomendación de González Sierra, ofrece sus servicios de mediación a los representantes de GBM. El ex director jurídico adjunto del IPAB le asegura que obtendrá una buena suma de dinero.

El 25 de abril de 2001 José Ramos recibió en su despacho una llamada telefónica del que dijo llamarse Federico Elías (Schietekat), quien le ofreció que por una cantidad de dinero se podría resolver de manera pronta el asunto que tenían en el IPAB.

El representante de GBM comenzó a grabar las conversaciones, "pensando que podría tratarse de un acto ilícito más cercano a un secuestro", se indica en el expediente 259/2001. Pasan los días y Schietekat continúa llamando a José Ramos. Le indica que se puede arreglar su asunto, "que lo piense".

El 11 de mayo de 2001 Federico Elías cita para el día 14 de ese mes a Ramos en el restaurante San Angel Inn, donde le informa que su verdadero nombre es León Alberto Schietekat y que su asunto con el IPAB se puede resolver con el pago de 1.5 millones de dólares.

Sin saber que era grabado por Ramos, Schietekat le exige el pago inicial de 100 mil dólares, 80 mil en efectivo, y para confirmar la aceptación del trato le proporciona su número de celular.

Dos días después el representante de GBM le responde que no le interesa el trato, que su asunto va "muy bien". Cuarenta minutos después otro miembro de GBM recibe una llamada. González Sierra le informa que su asunto en el IPAB se está demorando.

GBM decide denunciar el caso, y José Ramos acude a la UEDO. Como prueba de sus señalamientos entrega las grabaciones que realizó de las conversaciones sostenidas con Schietekat. La PGR obtuvo días después el permiso de un juzgado federal para intervenir las conversaciones del ex director de inversiones institucionales del Bancomext. La autorización continúa vigente.

Schietekat siguió con la negociación, con la seguridad de que la Junta de Gobierno del IPAB no enrolaría en los asuntos por resolver el caso GBM hasta que González Sierra lo enlistara, y así lo reconoció en las declaraciones ministeriales que están en el juzgado tercero de distrito.

El 14 de junio de 2001 Schietekat obtiene una respuesta positiva. GBM acepta pagar el millón de dólares para que resuelvan su caso. Para ello contactó al representante del Banco Agrícola de Andorra en México, de nombre Rubén, para abrir una cuenta en esa institución.

El ex funcionario del Bancomext declaró que abrió esa cuenta en Andorra porque su sistema era muy similar al que se tiene en otros paraísos fiscales como las Islas Caimán, donde los titulares no son identificados por nombre sino por número. A él le correspondió el 1067926.

Una vez acordado el trato, desde cuentas de bancos mexicanos, el 18 de junio de 2001 le depositan a Schietekat Ballesteros 100 mil dólares. El 6 de julio, 400 mil, y el 11 de julio 500 mil más en el banco de Andorra, vía el First Union National Bank con sede en Nueva York. Sus demandas habían sido cumplidas, y el asunto de GBM en el IPAB se enroló para que la Junta de Gobierno de ese instituto lo resolviera, y así ocurrió.

Posteriormente, desde el fax de su casa, Schietekat transfirió de su cuenta en Andorra a la cuenta de ese mismo banco, identificada con el número 1068866SV119051, 667 mil 717.89 dólares. La cuenta estaba a nombre de Eugenio González Sierra. Así lo señalan los documentos que la PGR obtuvo en colaboración con la Procuraduría Fiscal y autoridades de Andorra.

Para el 26 de agosto Schietekat se gira un cheque por 160 mil pesos, y al obtener el dinero de manera inmediata lo deposita en la cuenta BBVA-Bancomer número 5417256-4, de González Sierra. La operación tardó nueve minutos, tiempo en que Schietekat llamó a su "socio" para informarle de la transacción.

En el expediente también se incluyó la información relativa a los 58 mil pesos que Schietekat utilizó para dar el primer pago de un vehículo marca Peugot 206. Por su parte, González Sierra contrató con la Distribuidora Automotriz de Acapulco la compra de una camioneta Suburban con valor de 350 mil pesos.

La consignación

El 27 de diciembre de 2001, luego de tres meses de haberlos mantenido bajo arraigo y con la documentación y las declaraciones ministeriales que amparaban las acusaciones contra Schietekat y González Sierra, la PGR solicitó a la juez Rodríguez Jara girar la orden de aprehensión correspondiente.

La impartidora de justicia consideró que sólo un delito (extorsión), de los siete que se les imputan, no tenía sustento. Los otros seis -cohecho, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, uso indebido de información sobre clientes del sistema bancario y tráfico de influencias- eran procedentes.

González Sierra y Schietekat Ballesteros fueron llevados al Reclusorio Norte. La juez salió de vacaciones, por lo que a Ramón Esquivel Ortiz le tocó resolver la formal prisión o libertad.

Las resoluciones

El 3 de enero Esquivel Ortiz dictó su resolución, y consideró que la PGR no acreditó la probable responsabilidad de Sierra González y Schietekat en los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y cohecho.

En la resolución del expediente, del cual posee copia La Jornada, Esquivel Ortiz consideró que no podía procesarlos por el delito de cohecho, porque no se acreditó que hubieran actuado de manera indebida y que por sí o por terceras personas solicitaran o recibieran indebidamente dinero, como tampoco que hubieran hecho "algo justo o injusto de acuerdo a sus funciones".

Sin embargo, al dictaminar si debía enjuiciarlos por abuso de autoridad, estimó que Schietekat y González Sierra actuaron de manera "dolosa", que utilizaron información de las operaciones de instituciones bancarias para obtener un millón de dólares, y que "una vez que tuvieron el dinero" se promovió la resolución del asunto de GBM Atlántico en la Junta de Gobierno del IPAB.

Desechó las grabaciones presentadas, por considerar que fueron realizadas de manera ilícita; es decir, sin la autorización de un juez, pero no tomó en cuenta que los representantes de GBM Atlántico señalan en sus declaraciones que ellos decidieron grabar las conversaciones con Schietekat Ballesteros y aportarlas al Ministerio Público como prueba de sus acusaciones, lo cual no es delito.

De la misma forma, negó la validez de otras grabaciones realizadas por la UEDO, sin estimar que éstas sí fueron logradas con autorización judicial y que dicho permiso sigue vigente.

El secretario de acuerdos en funciones de juez señaló que no se acreditó la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), "porque no ocultaron las cuentas" aperturadas en Andorra, pese a las declaraciones en sentido contrario del propio Schietekat que están contenidas en la llamada prueba número 43 del expediente.

Además, según Esquivel Ortiz, no se acreditó que los ex funcionarios hayan realizado transferencias del extranjero a México o viceversa. En el expediente están las constancias ministeriales y oficiales de los envíos de dinero de Andorra a Nueva York, de esa ciudad estadunidense a México, y la posterior utilización de parte de ese dinero para adquirir vehículos nuevos.

Para resolver que son responsables de tráfico de influencias, aceptó que González Sierra proporcionó información del caso GBM en el IPAB para exigir a cambio un millón de pesos (página 346 de su resolución), pues una vez que obtuvieron los recursos promovieron el caso ante la Junta de Gobierno del IPAB.

Por lo que se refiere a enriquecimiento ilícito, el secretario de acuerdos en funciones de juez dictaminó que faltó la declaratoria de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo para procesarlos; sin embargo, es un delito que el Código Penal establece que se persigue de oficio.

Pero en su misma resolución (página 334) reconoce que este delito existe "cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de sus bienes o la legítima procedencia de los bienes a su nombre", y aun cuando en su dictamen sobre tráfico de influencias acepta que hay pruebas que demuestran que obtuvieron dinero de manera ilegal, consideró que no debían ser enjuiciados por enriquecimiento ilícito, porque según él no hubo constancias suficientes.