Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 4 de enero de 2002
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Mundo
023n1mun ¤ Intenso debate legislativo por la tragedia que dejó al menos 274 muertos

Dispuesto el alcalde de Lima a asumir la responsabilidad por el incendio del sábado

¤ Atribuye Alberto Andrade a la policía peruana la mayor parte de culpa de lo sucedido

¤ El ministro del Interior no descarta que agentes hayan cometido ilícitos a título personal

DPA

Lima, 3 de enero. El alcalde de esta capital, Al-berto Andrade, se dijo hoy dispuesto a asumir las responsabilidades que le correspondan por el incendio ocurrido aquí el sábado último, pero deslizó culpas hacia la policía, en medio del intenso debate que ha estallado en torno a ese tema.

Al atender una citación hecha por el Congreso, el funcionario insistió en que la municipalidad repetidamente trató de intervenir para que no se almacenaran juegos pirotécnicos en la céntrica zona de Mesa Redonda, pero indicó que la policía no contribuyó adecuadamente a esa tarea.

peru_j03eEn la misma sesión parlamentaria el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, rechazó tajantemente que se culpe a la policía en su conjunto y pidió en cambio agradecimientos para los uniformados que "ex-cediendo sus funciones" arriesgaron la vida en la lucha contra el fuego.

La policía, que 10 días antes del incendio había levantado sin explicaciones el cerco de vigilancia que había montado en torno a Mesa Redonda, ha empezado a aparecer como la primera responsable de la tragedia, pues así lo planteó la fiscal general de la nación, Nelly Calderón.

Por lo menos 274 personas murieron por el incendio del sábado en el centro de Lima, que alcanzó dimensiones dantescas alimentado por toneladas de artefactos pirotécnicos ilegalmente almacenados.

Según se conoció después de la tragedia, la policía había reducido fuertemente su presencia en el lugar, a pesar del riesgo por la proliferación de vendedores de pólvora e incluso la numerosa presencia de delincuentes de poca monta.

Hasta ahora la policía no ha dado una explicación que los analistas estimen convincente, mientras extraoficialmente se afirma que la aparente negligencia podría estar relacionada con los cambios que se daban por esos días en la institución.

Según la fiscal Calderón, miembros de la policía podrían haber sido cómplices en el almacenamiento ilegal de pólvora.

Al respecto, el alcalde destacó que en las operaciones policiales previas a la tragedia sólo se hallaron cinco toneladas de juegos pirotécnicos, cuando después del incendio han aparecido al menos cien toneladas.

El ministro Rospigliosi no descartó que miembros de la policía a título individual hayan participado en el delito, pero rechazó con vehemencia que se pretenda acusar a la institución. De detectarse culpables serán castigados, prometió.

El titular del Interior ha sido una de las personas más señaladas en medio del debate que ha desatado la tragedia, pues medios de prensa escrita lo acusan de haberse excedido en los permisos para importación de artefactos pirotécnicos, lo que supuestamente favoreció que entraran mil 136 toneladas de esos productos.

En cuanto a Andrade, al margen de los deslindes con respecto a la actuación de la policía insistió en que está dispuesto a asumir las posibles culpas.

"Esto no debe quedar impune. Como mu-nicipalidad de Lima responderemos por la responsabilidad que nos corresponde", dijo el alcalde, uno de los principales líderes políticos del país y a quien muchos ven como presidenciable para 2006.

El parlamentario derechista Alfredo González fue el que más lejos llegó durante la sesión, al acusar al burgomaestre de "homicidio culposo".

En medio de la lluvia de señalamientos, voceros gubernamentales, con el ministro de Justicia Fernando Olivera, han pedido que no se use la tragedia para buscar beneficios políticos, concretamente enlodando a miembros del oficialismo o a Andrade.

Hoy se seguían sepultando en un cementerio de Lima los restos imposibles de identificar de los fallecidos. Como en todos los casos, se les entierra bajo códigos para después mediante pruebas de ADN establecer a quién corresponden.

El Estado ha asumido los gastos del sepelio, de las pruebas de ADN (600 dólares por cada una), del tratamiento para los heridos y de la salud y educación para todos los niños que quedaron huérfanos.

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