Ex directivos de Bancomext e IPAB, libres bajo fianza; serán juzgados por delitos "no graves"

¤ Les fijarán una caución baja; el Ministerio Público apelará de la resolución

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

El secretario de acuerdos del juzgado tercero de distrito en materia de procesos penales, Ramón Esquivel, en funciones de juez por mandamiento de ley, determinó que no juzgará al ex secretario jurídico adjunto del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Eugenio González Sierra, ni a León Alberto Schietekat Ballesteros, ex director de Investigaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), por los delitos de lavado de dinero, cohecho y enriquecimiento ilícito, por lo que este viernes obtendrán su libertad bajo fianza. El Ministerio Público federal aseguró que apelará de la decisión judicial.

Ramón Esquivel consideró que la "conducta denunciada no corresponde con los delitos de que les acusó" la Procuraduría General de la República (PGR), pese a que en una investigación de varios meses se obtuvieron grabaciones, filmaciones y pruebas documentales según las cuales ambos ex funcionarios presionaron a representantes de GMB Atlántico para que les entregaran millón y medio de dólares a cambio de que el IPAB aceptara el finiquito de un fideicomiso que ese grupo bursátil tenía con Bancomer.

El juzgador los declaró libres de los delitos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y enriquecimiento ilícito, clasificados como graves y les decretó formal prisión por tráfico de influencias, abuso de autoridad, uso indebido de información sobre clientes y operaciones con el sistema bancario, por los cuales pudieron obtener la libertad provisional.

Schietekat Ballesteros y González Sierra pagarán una fianza de bajo monto, pues lo único que deben garantizar es que se presentarán al juicio y, en caso de acreditárseles los delitos al final del juicio, el juez les fijaría una multa.

José Luis Nassar Daw, defensor de González Sierra, dijo que no se integró mal la averiguación previa. "Fue una indagatoria muy completa; fueron 19 tomos; hasta se les intervinieron los teléfonos de manera legal, pero el juez razonó muy bien cómo se adecuaron las conductas señaladas a lo que establece la ley", expuso.

Según la versión de fuentes oficiales del Poder Judicial Federal, el secretario de acuerdos en funciones de juez estimó que la denuncia fue presentada y la investigación iniciada antes de que se cometieran los delitos de cohecho, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Esto es, no hubo cohecho porque el dinero (un millón de dólares) fue depositado de manera voluntaria por los representantes de GMB Atlántico; no existieron transferencias ilícitas a cuentas en el principado de Andorra (paraíso fiscal), y no hubo enriquecimiento ilícito porque no hay movimientos irregulares en sus cuentas que hayan sido denunciados como parte de esta indagatoria.

Esta es parte de la historia de las investigaciones: En mayo del año 2001, representantes de GMB Atlántico denunciaron ante la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) que eran objeto de extorsión por parte de Schietekat Ballesteros y González Sierra.

Desde mayo del año pasado y hasta los primeros días de octubre, la UEDO grabó las conversaciones telefónicas celulares de ambos y filmó las entrevistas en que exigían dinero a representantes de GMB Atlántico a cambio de tramitar ante el IPAB el finiquito de un fideicomiso que no tenía problemas jurídicos.

El 8 de octubre de 2001 fueron detenidos y arraigados para concluir las investigaciones. Desde ese momento se dio seguimiento a las cuentas bancarias de ambos ex funcionarios y se localizaron dos en el principado de Andorra, manejadas bajo un sistema numeral a fin de ocultar a sus titulares.

"En la investigación financiera practicada por la Procuraduría Fiscal de la Federación se detectaron movimientos financieros por aproximadamente un millón de dólares, y se acreditó la existencia de diversas operaciones de transferencia de capital procedente de Europa a territorio nacional", informó en su momento la PGR.

El 10 de octubre, el titular de la dependencia, Rafael Macedo de la Concha, aseguró que "en la indagatoria se aplicaron técnicas de investigación científica".

Así se conoció que González Sierra puso a trabajar la maquinaria del IPAB y entre julio y agosto recomendó a la junta de gobierno del instituto aceptar la propuesta de GMB para saldar su deuda.

También se supo que el destino del millón de dólares depositado por GMB en las cuentas de los ex funcionarios en Andorra fue transferido a cuentas en Europa, y otra parte retornó a México.

Los ex funcionarios bancarios fueron consignados como probables responsables de lavado de dinero, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, abuso de autoridad y uso indebido de información sobre clientes y operaciones con el sistema bancario.

Ayer jueves el secretario de acuerdos en funciones de juez, Ramón Esquivel, determinó que no cometieron delitos graves y a partir de las nueve de la mañana de este viernes, tras pagar la fianza que se les fijará, obtendrán su libertad. Sólo deberán firmar el libro de procesados una vez a la semana.