¤ Notario público de Cuautitlán dio fe del hecho el pasado 22 de octubre, señala

Afirma SCT que tomó posesión de tierras en Atenco

¤ "En el pueblo nunca estuvieron; si se hubieran presentado los habrían linchado": abogado

RENE RAMON ALVARADO Y JAVIER SALINAS CESAREO CORRESPONSALES

Nezahualcoyotl, Mex., 3 de enero. Desde el pasado 22 de octubre un notario público entregó física y materialmente las más de 5 mil hectáreas de terreno ejidal de los municipios de San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán, donde se pretende construir el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, señala la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en un informe que entregó al juzgado sexto de distrito con sede en esta localidad, con motivo de la audiencia constitucional próxima a celebrarse.

Mientras, campesinos de Atenco realizaron su primera movilización del año; marcharon en caravana desde sus poblados y protestaron frente a la Subprocuraduría de Justicia del estado en Texcoco, para exigir el cese del hostigamiento policiaco en su contra, luego de que el Ministerio Público citó este jueves a comparecer a dos labriegos por la riña suscitada el pasado 23 de diciembre en la explanada de ese municipio, cuando los pobladores determinaron la destitución de delegados y miembros del consejo de participación ciudadana.

Antonio Altamirano, integrante del cuerpo jurídico (encabezado por Ignacio Burgoa Orihuela) que defiende los intereses de más de mil campesinos del núcleo agrario de San Salvador Atenco, sostuvo que el informe de la SCT representa una "artimaña" de la dependencia federal, pues sostuvo que hasta el momento ninguna autoridad ha ingresado a los campos de cultivo para tomar posesión de estas parcelas y las otras 12 afectadas por la decisión presidencial.

El abogado aseguró que el documento notarial es ilegal, porque "en el pueblo nunca estuvieron". Si el notario público de Cuautitlán Izcalli -de quien dijo no recordar el nombre- y los funcionarios de la SCT se hubieran presentado a los terrenos de cultivo, "ténganlo por seguro que los campesinos afectados ya los hubieran linchado".

Agregó que la dependencia federal entregó el informe justificado al juzgado sexto de distrito el pasado 11 de diciembre, como prueba de descargo para la audiencia constitucional que se celebrará el próximo 4 de febrero, donde la SCT y el núcleo ejidal de Atenco argumentarán su posición respecto a la intención del gobierno federal de construir en esa zona la terminal aérea.

En el documento, del cual ya solicitaron copia, se indica que el mismo 22 de octubre del año pasado, a través del notario público, el director de Asuntos Jurídicos de la SCT tomó posesión, a las 5 horas, de las tierras de cultivo en disputa, tres horas antes de que los ejidatarios fueron notificados del decreto de expropiación. "Sin lugar a dudas aquí hay otra anomalía, porque la propia dependencia sostiene que ocupó las tierras antes de que se informara de manera legal a la gente afectada."

Lo cierto, añadió, es que ni antes ni después del 22 de octubre pasado las autoridades, sean del orden federal, estatal o municipal, han ocupado las tierras de cultivo de los 13 núcleos ejidales de San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán, a los que se les pretende despojar de más de 5 mil hectáreas de terreno para realizar el proyecto aeroportuario presentado por el gobierno del estado de México y avalado por las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente federales.

Antonio Altamirano agregó que la ocupación legal y física de las tierras "sólo fue un acto ficticio; por ello aseguró Ignacio Burgoa que llevará este caso ante el Colegio de Notarios, para que se investigue este acto de mala fe del notario público de Cuautitlán Izcalli, que testificó una ocupación de tierras que hasta el momento no está dada".

Reiteró que hasta el momento los ejidatarios de San Salvador Atenco cuentan con una suspensión del acto ejecutorio de expropiación, así que si la SCT intentara tomar posesión de los ejidos "estaría violando una disposición judicial y con ello cometiendo el delito de desacato a la autoridad judicial".

El grupo de campesinos inconformes partió por la mañana desde la plaza principal de San Salvador Atenco, a bordo de automóviles y microbuses, hacia las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia en Texcoco. Ahí los labriegos, portando sus machetes, se introdujeron a la oficina del subprocurador Ignacio Delgado Bonilla, para exigirle cesen los patrullajes y hostigamientos policiacos contra los habitantes de los pueblos que se oponen a la construcción del nuevo aeropuerto y expropiación de sus tierras; además lo comprometieron a acudir a la cabecera de Atenco el próximo sábado a las 10 horas e informar sobre las denuncias y constatar que no existe ilegalidad.

La caravana acompañó a los ejidatarios Juan Ramírez Romero y Eligio Ramírez, quienes fueron citados este jueves a comparecer ante la mesa primera de trámite del Ministerio Público por la denuncia presentada el pasado 23 de diciembre por Cándido Morales Medina, ex miembro del consejo de participación ciudadana que fue destituido junto con sus compañeros representantes ciudadanos y delegados auxiliares, acusados por el pueblo de filtrar información del movimiento de resistencia al gobierno del estado de México a cambio de recibir dádivas.

Las ex autoridades auxiliares, que el día de su destitución suscitaron una riña y agredieron a los ejidatarios en la explanada principal de Atenco, presentaron ante la Subprocuraduría en Texcoco la denuncia penal TEXII/4203/01 por el delito de lesiones, en la que se dicen víctimas de la agresión.

Los campesinos citados, acompañados por su abogado, Antonio Altamirano, rindieron su declaración y se querellaron por las agresiones sufridas de parte de las ex autoridades auxiliares, a quienes acusaron de portar una pistola el día de la riña.

El abogado Antonio Altamirano confió que en el caso de la denuncia penal pueda existir conciliación entre los involucrados, a fin de evitar mayores conflictos.

Por su parte, el subprocurador de justicia de Texcoco, Ignacio Bonilla, informó que la procuraduría mexiquense cuenta con 25 denuncias penales contra los campesinos de San Salvador Atenco que se oponen a la construcción del nuevo aeropuerto, por delitos tales como ataques a las vías generales de comunicación y ocupación de bienes inmuebles del dominio público, que están siendo integradas.

"La Procuraduría de Justicia del estado no podrá otorgar el perdón a los pobladores de San Salvador Atenco por ser delitos que se persiguen de oficio", advirtió.

Destacó que una vez que se integren las averiguaciones previas se deslindarán responsabilidades. Descartó que los policías judiciales de esta dependencia estén hostigando a los campesinos; su presencia en la zona, explicó, es sólo para estar preservar el orden.

Sostuvo que los operativos están debidamente autorizados y apegados a las recomendaciones que hizo a esta dependencia la Comisión de Derechos Humanos del estado de México (Codhem), de respetar las garantías individuales.

En tanto, una comisión de ejidatarios partió a la ciudad de México para mostrar su apoyo y unirse a los representantes del Movimiento de los 400 Pueblos que protestan frente a la Secretaría de Gobernación.

Por su parte, en la comunidad de Tocuila, en Texcoco, los pobladores denunciaron a los representantes del sistema de agua potable comunal de utilizar este servicio para dividir a los ejidatarios y vecinos. Con cortes del suministro del líquido obligan a la población a participar en sus juntas y evitan que acudan a las reuniones ejidales, donde se busca destituir a varios miembros del comisariado ejidal que han tratado de negociar la venta de sus tierras con el gobierno federal.