Quejas contra el Ejército en Guerrero

A la indignación por la masacre de El Charco se suman ahora las denuncias de hostigamiento militar en la Costa Chica y la Montaña

ROSA ROJAS /I ENVIADA

Ayutla de los Libres, Gro. Violencia, predominio castrense en la vida pública, paramilitarización, miseria y abandono son elementos del magma que se agita en corrientes subterráneas por esta región de la Costa Chica y la Montaña, una de las más pobres del país, habitada fundamentalmente por mixtecos y tlapanecos.

La impunidad, además, tapona las posibles salidas que pudieran ayudar a evitar un estallido social: hay indignación entre la gente, que considera que permanecen impunes las muertes de 11 indígenas ocurridas en El Charco a manos del Ejército, el 7 junio de 1998, algunas atribuidas a ejecuciones sumarias. Tampoco se han investigado los asesinatos de 11 dirigentes sociales perredistas victimados posteriormente, entre ellos el presidente del Comité de Indígenas Esterilizados, Severiano Lucas Petra, y aún esperan justicia al menos 17 varones esterilizados mediante engaños, ello a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió sendas recomendaciones respecto a los casos de El Charco (la 20/2000) y los esterilizados (la 18/2001).

Historias de hostigamiento

De hostigamiento y violencia habla Arturo Campos Herrera, dirigente de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), entrevistado en su oficina en este poblado, ubicado a un par de horas de Acapulco. Denuncia que la militarización en la zona mixteca, con el pretexto del combate al narcotráfico y la guerrilla, no ha disminuido. Los soldados, afirma, entran a las comunidades, registran casas sin ninguna orden de cateo, quitan a los indígenas sus armas de caza, incluso las que están registradas. La organización -recientemente escindida- representa al Comité de Indígenas Esterilizados y al Comité de Viudas de El Charco.

Laurencia Nava Pama, regidora de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas del ayuntamiento de Ayutla, menciona que antes de los sucesos de El Charco "se comentaba que había aparecido un grupo guerrillero, lo que dio origen a que hubiera más vigilancia del Ejército, pero sobre las asambleas de la gente". Unas semanas antes de la masacre, en Tlachimala tres personas: Urbano N., José Luis Godínez y otro más, cuyo nombre no recuerda, fueron interceptados por el Ejército cuando salieron de cacería. Se los llevaron detenidos a Acapulco y salieron bajo fianza, acusados de ser miembros del EPR. "Ellos me comentaron que fueron torturados desde el momento en que los agarraron. Los vendaron, los golpearon con la culata del rifle y a patadas los hicieron firmar una declaración en la que aceptaban que pertenecían al EPR. Estuvieron tres meses y medio detenidos. Yo era presidente del PRD municipal, se hizo la denuncia a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se giró copia al PRD estatal, a la CNDH. Gente de la CNDH vino a Tlachimala a hacer investigaciones, no hubo respuesta. De la CEDH dijeron que le iban a dar seguimiento al caso, pero no hubo respuesta.

"Hace dos meses los militares se metieron a Roca Colorada, allanaron varias casas con el pretexto de que podía haber subversivos. Raúl Lucas García, dirigente de la comunidad, fue hostigado. El Ejército lo anduvo paseando por los caminos y de casa en casa.

"No se apaga el fuego echándole gasolina, y el gobierno federal en lugar de mandar recursos manda militares", señala el presidente municipal Fortino Caballero -segundo alcalde perredista que llega al poder en este lugar-, para quien es necesario investigar a fondo la masacre de El Charco, que fue "algo inhumano, a lo mejor urdido por alguna mente maquiavélica, aunque no me cabe la idea de que se preparen cosas como ésta. El Ejército tiene su propia responsabilidad y si dentro de sus atribuciones está asesinar campesinos, que me lo digan también, porque yo creo que ahí sí tendrían que quedar claras las cosas", afirma.

Caballero habla de la gravedad de la situación: desde que asumió el cargo el año pasado han sido asesinados 11 dirigentes indígenas, casi todos integrantes del PRD. Señala que aunque "tristemente" en la región hay una costumbre de hacerse justicia por propia mano, debido a que las autoridades judiciales, "por racismo, nunca investigan los delitos cometidos contra los indígenas", el caso de estos homicidios es muy relevante porque "parecen ser selectivos, solamente son los líderes del PRD, dirigentes que luchan para que las comunidades se beneficien".

-ƑA quién le molestan los dirigentes sociales? ƑHay paramilitares en la región?

-Eso es lo queremos que se investigue. Lo único que sabemos es que esos asesinatos han sido con armas de alto calibre de uso exclusivo del Ejército. Eso se sabe porque así lo dice el Ministerio Público, el médico legista, pero no sabemos quién disparó, no podemos acusar a nadie.

Líderes perredistas asesinados

El propio Caballero, junto con el presidente estatal del PRD, René Lobato, dio a conocer a la prensa estatal la lista de dirigentes perredistas asesinados: el 26 de agosto, en la comunidad de El Charco, fue ultimado Andrés Marcelino Petrona; el 8 de enero. en Ocote Amarillo, Donaciano González Lorenzo; el 20 de mayo, en San Antonio Abad, el líder magisterial Miguel Miranda Macario; el 14 de marzo, en Colotepec, Román Rodríguez Navarrete; el 26 de agosto, en San Antonio Abad, Jesús Macario de los Santos; en junio, en Barranca de Guadalupe, Galdino Sierra; el 9 de agosto, en Ocotitlán, un dirigente de nombre Eugenio N.N.; el 28 de octubre, el hijo del comandante de la policía comunitaria de Ahuxutla, Ignacio Morales Ramírez.

El año pasado los asesinados fueron Severiano Lucas Petra, el 19 de noviembre en la comunidad de Fátima, y en Barranca de Guadalupe -no se mencionó en qué fecha- los hermanos Zarco y Silverio Eugenio Aurelio, "quienes participaron activamente en la denuncia en contra de campañas de hostigamiento, persecución e irrupción del Ejército en pueblos de la región". Lobato Ramírez agrega que esos asesinatos "fueron perpetrados por paramilitares amparados por el gobierno del estado y el Ejército".

En la lista no se menciona a Catalino Rodríguez, quien fue asesinado por un sargento de nombre Juan Alfredo Carrasco el 14 de agosto de 1999. La mujer de Catalino se ha integrado al Comité de Viudas de El Charco en demanda de justicia y de una indemnización para los deudos.

El comité ha seguido movilizándose, a pesar de estar dividido y de la doble carga de trabajo que ha caído sobre sus integrantes, pues deben ser madre y padre. Ellas se trasladaron el 14 de junio de 2000 al Distrito Federal, para presentarse ante el Congreso de la Unión y la CNDH. Entonces fueron seis de las ocho viudas -dos ya se volvieron a casar- las que exigieron que se castigue a quienes "masacraron" a sus esposos; que se les indemnice de acuerdo con parámetros internacionales; que se libere a Erika Zamora Pardo y a Efrén Cortés, ya que en sus procesos se ha demostrado que existen irregularidades, y que la CNDH "emita una recomendación acorde con la verdad de los hechos de la masacre de El Charco".

Catalina Leobardo Aurelio, viuda de Fernando Félix Guadalupe, fue entrevistada en el camino a El Charco, con la ayuda de Domingo Morales de los Santos, maestro bilingüe, dirigente mixteco de la Organización de Indígenas Colonos de Ayutla, quien amablemente fungió como traductor en las entrevistas con las viudas, ya que ellas casi no hablan español. Catalina iba hacia Ayutla -de Ocote Amarillo a Ayutla hace un par de horas caminando- acompañada de su hijo mayor, de 11 años. Ella se quedó con seis hijos, la menor de cuatro años. Se queja de que no ha habido justicia para su esposo porque "no han sido castigados todos los culpables de la matanza de El Charco, y ya que existe ley, que se castigue a los que son culpables". A pregunta expresa sobre el accionar del Ejército en la región, comenta que semanas antes de la matanza los militares llegaron a Ocote Amarillo y entraron a una casa "donde se encontraban rezando en un velorio. Empezaron a provocar a los músicos y a los que estaban medio tomados diciendo que ellos son del grupo que pone capucha. De ahí se organizaron los señores y el comisario fue a pedir apoyo para denunciar lo que hacía el Ejército, y por eso se retiraron temporalmente los militares" de su comunidad, aunque seguían haciendo recorridos por la zona.

Después "los guachos (como les dicen a los soldados) se fueron un tiempecito y en septiembre pasaron apenas por Ocote Amarillo y El Charco". Dice que ellas se sienten mal cuando el Ejército anda por su comunidad y que sería bueno que ya no subieran por allá.

Relata que nadie le da ayuda para mantener a sus hijos, ni sus suegros, ni la comunidad ni la Iglesia. Primero recibió ayuda del gobierno: 10 mil pesos y dos reses, en 1999. Luego, en febrero de este año, una "beca" de 5 mil pesos. Catalina, de 28 años, se levanta a las cinco de la mañana para darle de comer a sus hijos y de ahí se va al trabajo: arranca ejote, busca leña para la cocina, a veces labora como peona y le pagan 35 pesos por día, el jornal normal por estos rumbos. A veces muele caña en el trapiche de su suegro y hace piloncillo para vender. Obtiene pesos a la semana vendiendo piloncillo.

En El Charco se entrevistó a Margarita Joaquina Castro, de 32 años, viuda de Mario Chávez García. Ella también se quedó con seis hijos, la mayor de 14 años, y considera que no hay justicia, que los que mataron a su marido siguen libres y además no les cumplen a las viudas con la indemnización que debieran entregarles. Vive en casa de sus padres. Indica que recibió primero 10 mil pesos y este año los 5 mil de la "beca". Mensualmente recibe 290 pesos del Progresa. Su trabajo se ha duplicado desde el asesinato de su esposo. Recuerda que el pasado 20 de noviembre varias de las viudas fueron a la CNDH pero "no encontramos a nadie de los titulares y dejamos allá un escrito pidiendo que se nos dé la indemnización por el asesinato de nuestros maridos". Añade que a finales de agosto llegó el Ejército a El Charco "y los militares estuvieron dos días, nos organizamos y fuimos a pedir que no vinieran".

En El Charco, por decisión del pueblo, la escuela donde ocurrieron los hechos, cuyas paredes de inmediato fueron revocadas por soldados para borrar los cientos de orificios hechos por los proyectiles que las penetraron, quedó como un mausoleo en memoria de los caídos. En una de las aulas fue colocada, en el primer aniversario, una gran cruz marmórea con la leyenda: "Masacrados el 7 de junio de 1998: Fernando Félix G., Zeferino Damian M., Manuel Francisco P., Fidencio Morales C., Apolonio Jiménez G., Honorio García L., Arturo González C., Mario García Ch., Daniel Crisóforo J., José Rivera, Ricardo Zavala E." . Alrededor hay restos de veladoras y flores de cempazúchil. Otro local alberga ahora la escuela Caritino Maldonado, que está funcionando ladera abajo.