El resplandor de los machetes

La imagen no deja lugar a dudas. Los ejidatarios de San Salvador Atenco le han quitado a Vicente Fox los símbolos más vistosos de su campaña electoral. Los caballos, las botas vaqueras, los machetes y el estandarte de la Virgen de Guadalupe son hoy el sello de sus manifestaciones, su certificado de origen.

La disputa está lejos de ser sólo simbólica. Lo que está en juego es el territorio de los pueblos, su patrimonio. Los ejidatarios no están presionando para que se les incremente el precio de la indemnización de sus tierras. Están luchando por su sobrevivencia y, de paso, por su dignidad.

Pero la movilización de los pobladores de San Salvador Atenco contra la expropiación de sus tierras para construir un nuevo aeropuerto no es un hecho aislado. Se trata, sí, del eslabón más visible y vistoso de la resistencia popular a la urbanización y construcción de infraestructura a costa de sus territorios y recursos naturales, pero está lejos de ser el único combate que se libra.

Generosos como son, entre mayo y septiembre de 1999, el gobierno del estado de México y un grupo de particulares ofrecieron a los pobladores de La Marquesa una serie de cursos de hotelería y gastronomía, probablemente para que sus famosas quesadillas salieran del comal en forma de animalitos.

Al poco tiempo los pobladores averiguaron el origen de tan desinteresada oferta de capacitación laboral: 380 familias enfrentan la amenaza de expropiación de sus tierras por parte de un conglomerado turístico de 57 empresas (entre las que se encuentra Tribasa, Bayer y Nestlé) que quiere convertir la zona en un complejo de grandes hoteles, centros recreativos y comerciales, similares a los que se encuentran en Santa Fe. Les ofrecen el pago de un peso 70 centavos por metro cuadrado.

Su recelo no es gratuito. Los ejidatarios de La Marquesa han sufrido otras expropiaciones en el pasado. A la comunidad de Acazulco la sacaron de su territorio para ampliar la carretera México-Toluca, pero nunca le pagaron por completo la indemnización que le correspondía. El gobierno federal expropió, también, tierras para beneficio de la CFE, Pemex, el Instituto de Investigaciones Nucleares y la ampliación de carreteras. Según los afectados, a cambio de estas propiedades se les dio un centro de artesanía que nunca pudo ser utilizado, un par de columpios y una resbaladilla.

Es por ello que se oponen también a la construcción de una carretera que atravesará sus tierras en dirección a San Salvador Atenco a través de delegaciones y municipios como Cuajimalpa, Naucalpan y Atizapán.

No muy lejos de allí, en Cuajimalpa, un grupo de empresarios pretende cambiar el uso del suelo de la zona boscosa, para desarrollar un corredor residencial y financiero que conecta con La Marquesa, destruyendo el entorno ecológico del área. Desde hace meses, un grupo de colonos de Cuajimalpa ha emprendido, con relativo éxito, movilizaciones para frenar la urbanización de la reserva. Pero la iniciativa empresarial sigue adelante.

A unos cuantos kilómetros de distancia, un grupo de comuneros de Atizapán defiende mil 400 hectáreas que les pertenecen contra la alianza de altos funcionarios y la constructora Frisa.

La empresa constructora pretende desarrollar en esas tierras una parte del corredor de Atizapán-Naucalpan y Naucalpan-Cuautitlán, mientras que los comuneros -que son los dueños legítimos del terreno- quieren construir una cooperativa y un centro comunitario para poder trabajar con sus familias las tierras. Desde antes, los campesinos han resistido las presiones de Industrias Resistol y de poderosos políticos locales que quieren construir allí fraccionamientos.

La lista de los conflictos producidos en el valle de México por el avance del capital inmobiliario o por proyectos de desarrollo urbano sobre tierras campesinas o de pobres urbanos es enorme. En Ecatepec, Tultitlán, Cuautitlán, Magdalena Contreras y Milpa Alta ha habido movilizaciones de protesta durante los últimos meses. La constante en todos ellos, al igual que en Atenco, es que los afectados nunca fueron consultados por las autoridades y que los proyectos no pasan por zonas donde vive población de altos ingresos.

Lo mismo sucede con la construcción de grandes proyectos carreteros en estados como Puebla, Tlaxcala y Guerrero.

La disputa por el territorio y por el sentido y orientación del "progreso" está a la orden del día en nuestro país. Detrás de muchos de los proyectos de construcción de infraestructura los pueblos y comunidades ven una nueva colonización y una nueva reducción.

Los pobladores de San Salvador Atenco mostrando orgullosos el filo de sus machetes son una radiografía de lo que pasa en el México de abajo cuando se le colma la paciencia. Como saben quienes siguieron la marcha zapatista en febrero y marzo de este año, el pobrerío anda inquieto. Más valdría que los modernos planificadores dejaran de darle más escobazos al panal.