La ciudad de Tlaxiaco es el centro del poder político y económico en la Mixteca alta de Oaxaca. Además de municipio es centro del distrito del mismo nombre. Todo lo anterior acentúa sus rasgos de ciudad colonial: el centro es habitado por mestizos y en sus alrededores se ubican barrios que en los últimos años son asiento de familias indígenas emigradas de sus comunidades de origen en busca de un mejor futuro para los suyos. En la periferia las agencias municipales están habitadas también por indígenas. Actualmente, Tlaxiaco enfrenta conflictos agrarios con casi todos sus colindantes: San Juan Mixtepec, Santa María Cuquila, Santiago Nundaco, Magdalena Peñasco y San Miguel el Grande.

De todos estos conflictos los dos últimos son los más álgidos. Tan sólo la comunidad de Magdalena Peñasco le reclama la entrega de una superficie de 4 800 hectáreas que, aseguran, ampara su Resolución presidencial pero poseen las agencias municipales de Nueva Reforma, Ojo de Agua, Carrizal y Llano de Guadalupe, pertenecientes a Tlaxiaco.

Sin embargo, los habitantes de Magdalena Peñasco explican que en realidad existe un error en el acta de ejecución de la resolución, pues el ejecutor en lugar de asentar que la comunidad colinda con Tlaxiaco asentó que sus límites llegan hasta San Miguel el Grande. Por si fuera poco San Miguel el Grande le reclama alrededor de 1 958 hectáreas de tierras. De acuerdo con el representante de Bienes Comunales de Tlaxiaco, Jesús Hernández Cariño, que corrobora la documentación oficial, el problema no existe jurídicamente porque se resolvió con la Resolución presidencial de conflictos de límites de San Miguel el Grande, del 19 de enero de 1948, que delimitó el área de sus tierras para lo cual, dice, Tlaxiaco tuvo que ceder 25 por ciento de una área que se le reconoció por sus colindantes desde el año de 1862. Sólo que San Miguel el Grande no estuvo de acuerdo con una acción de reconocimiento y titulación complementaria de tierras que concluyó de forma negativa el 12 de noviembre de 1996. Inconforme con esa resolución volvió a los tribunales agrarios reclamando restitución de sus tierras pero tuvo que desistirse al no poder comprobar su derechos.

El problema se agrava porque las tierras comunales de Tlaxiaco guardan el régimen comunal de hecho, pero no poseen la documentación que acredite su propiedad. Lo anterior no impide al representante agrario afirmar que el problema tiene un avance del 90 por ciento para su conclusión que, anota, será a su favor. Documenta su optimismo explicando sus razones para ello: durante casi medio siglo, desde la década de los años cincuenta hasta que él recibió el cargo, no se dio ningún impulso legal al expediente dando como resultado que la Secretaría de la Reforma Agraria lo archivara como asunto concluido. Y es que, dice, todo se sujetaba a los intereses e influencia del PRI y a los cargos que algún tlaxiaqueño lograba en el sector agrario que, cuando más, promovieron acciones conciliatorias pero ningún seguimiento legal del expediente. Esto lo confirma Agustín Chávez, excandidato del PRD a la diputación local, quien abunda diciendo que la representación agraria ha seguido el destino del PRI, que históricamente se han disputado dos grupos. Esto ha llegado al grado de que cuando un representante intenta impulsar el expediente, el otro lo bloquea.

Como sea, fue la actual representación agraria la que gestionó para revivir el expediente agrario. Para ello promovió un amparo que le fue negado en primera instancia pero que ganaron en revisión: la Secretaría de la Reforma Agraria tuvo que desempolvar el expediente, integrarlo y enviarlo al Tribunal Superior Agrario que a su vez lo remitió al Unitario de Huajuapan, en donde actualmente espera resolución. "A ver quien hace esto en tan poco tiempo", presume Jesús Hernández Cariño.

Mientras se espera la resolución del tribunal agrario, la situación social se complica y la violencia brota a cada rato, arropada en intereses políticos. El 6 de mayo de 1998 vecinos y autoridades de San Miguel el Grande invadieron e incendiaron una cerca de siete mil hectáreas en conflicto. De acuerdo con las autoridades agrarias y municipales de Tlaxiaco, la acción fue organizada por el licenciado Nicolás Salva Barrera, dirigente de la Organización de Autoridades Municipales y Pueblos Indígenas de la Mixteca, OAMPIM, en represalia porque el PRI no aceptó postular a su candidato a diputado y quedó uno del grupo del centro de Tlaxiaco. Es sospechoso, dicen, que ese mismo año, unos meses antes, también se había dado la invasión de las tierras de Yosotato por militantes de la Unión Campesina Democrática, UCD. "Por lo menos sospechamos que ambas son instrumento del gobierno del estado para contener las demandas de las comunidades, a cambio de prebendas" afirman. El 12 de agosto de ese mismo año se dio un enfrentamiento entre campesinos de la comunidad de Magdalena Peñasco y los de Tlaxiaco, con un saldo de seis campesinos heridos, uno de ellos de Tlaxiaco. La agresión arreció en los meses de marzo y abril del año siguiente cuando los habitantes de San Miguel el Grande dispararon sobre los parajes Llano Grande y Llano de Guadalupe; en enero del 2000 "deslindaron" los terrenos ocupados, donde también impulsan la creación de una agencia municipal de nombre Diódoro Carrasco Altamirano, gobernador del estado cuando arreció el conflicto.

Pero también del lado de Tlaxiaco se cuecen habas. Muchas son las personas que siguen pensando que todavía se actúa con criterios políticos. Agustín Chávez afirma que el actual representante agrario ha visto en ello una forma de hacer carrera política pues usó el conflicto como presión para ser candidato del PRI a la presidencia municipal en las pasadas elecciones y como no lo logró, negoció para colocarse como miembro de la planilla para la próxima administración. Esto sin contar que su padre, sin ser abogado de profesión, patrocina la defensa de quienes han sido demandados penalmente.

¿Cuál es la posible solución? Jesús Hernández explica que el gobierno federal tiene que reconocer que se equivocó en la ejecución y enmendar el yerro reconociéndole a Tlaxiaco su derecho sobre las tierras invadidas y generando un proceso de conciliación entre las comunidades involucradas que incluya proyectos de desarrollo. Al gobierno del estado le reclama que cumpla con su papel y en lugar de patrocinar organizaciones que enfrentan a los campesinos haga valer el Estado de derecho. Otros, sin embargo, afirman que el problema no tiene solución mientras pesen más los intereses de líderes u organizaciones políticas que los derechos de los campesinos a sus tierras.