El día 15 de octubre del 2001 se cumplieron seis años de la instauración de la Policía Comunitaria en tres municipios del estado de Guerrero: Azoyú, San Luis Acatlán y Malinaltepec. La corporación presta servicios de seguridad pública a más de 42 comunidades. A ellas se están incorporando comunidades de Metlatónoc, Tlacoapa, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec y otros municipios de la región. El ejercicio ha sido tan exitoso que se mencionan 14 comunidades más donde se está organizando la Policía Comunitaria.

En esta región existe constante persecución contra los miembros de organizaciones sociales, quienes sufren el hostigamiento de los caciques y la liberación de órdenes de aprehensión en su contra. Lo mismo contra miembros del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia y el Frente contra la Corrupción y la Impunidad, que contra el párroco de Santa Cruz del Rincón, Mario Campos Hernández y Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, así como las acusaciones y detenciones a que se han enfrentado los comandantes de la corporación comunitaria, por hechos que posteriormente se comprueban falsos, como ocurrió a los comandantes Bruno Plácido y Agustín Barrera.

"En Potrerillo del Rincón, el 14 de abril de 1994 me asaltaron con un rifle 16 y fui despojado de 320 pesos, luego en mayo del mismo año en el tramo recta San José Vistahermosa en otro asalto me quitaron 650 pesos. La primera vez se hizo denuncia al Ministerio Público, y la policía judicial nos pidió 150-200 pesos para gasolinas. Éramos diez los asaltados, pero como nadie llevaba dinero, no actuaron." Este es uno de los casos que dieron lugar a que las comunidades se organizaran para protegerse de las actividades de grupos de asaltantes, violadores y abigeos que asolaron la región durante la década pasada. En el documento Cuando la justicia se hace pueblo, elaborado por Tlachinollan, se recopilan más de veinte hechos graves.

La Policía Comunitaria Indígena resume el motivo de su creación: "La falta de respuesta eficaz, comprometida y responsable de nuestras autoridades oficiales, obligó a los pueblos indígenas de la región a hacer uso de nuestros derechos fundamentales consagrados en las leyes de nuestro país, retomando nuestras formas de darnos la justicia. Nuestra propia tragedia y la desatención del gobierno es lo que nos ha constituido y enseñado". La inseguridad que afectó a toda la región se agudizó con las violaciones sexuales cometidas a mujeres y muchachas, hasta llegar al caso de una niña de siete años. Esto, y las pérdidas económicas por robo de ganado y asaltos a las organizaciones productivas, generó una conciencia común. Así, la instalación de un Sistema de Seguridad Pública Comunitaria se acordó en asamblea el 15 de octubre de 1995. La Policía Comunitaria presentó su proyecto a la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero, con la finalidad de mantener una relación de respeto. La esfera de la prevención del delito fue una de sus prioridades, y una vez cubierto el aspecto formal, procedió a proteger el servicio público de transporte con escoltas. En 1998 se aprueba y entra en vigor su Reglamento Interno. La Policía está compuesta por unos 400 policías, y un Comité integrado por un presidente, un comandante y un vocal o vocales. Esta estructura a su vez se encuentra supeditada a un Comisario, que recibe a su vez orientaciones de las asambleas de los pueblos. Estos cargos, como todos los comunitarios, son servicios gratuitos.

Con su trabajo, la Policía Comunitaria obtuvo el reconocimiento de sus pueblos, del ayuntamiento de San Luis Acatlán y hasta del anterior gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, quien donó veinte armas y una camioneta.

Durante sus primeros años, entre 1995 y 1997, la Policía Comunitaria Indígena se limitaba a detener a los delincuentes y remitirlos a las agencias del Ministerio Público. Más tardaban en presentarlos ante el Ministerio Público que ser liberados por éste. Entonces decidieron prevenir, proteger y sancionar los delitos. La asamblea concluyó que para sancionar a los responsables, eran necesarias las cárceles en los pueblos. Se recordaron los castigos de antes, que eran de trabajo. A los delincuentes se les imponían trabajos para beneficio de todos; decidieron que iban a sancionar a las personas con días de trabajo comunal. Si se robó algún objeto o animal se determina el precio y luego se divide entre el salario mínimo de la región y así se obtiene la cantidad de días que deben trabajar; esos son los días que van a estar presos. También decidieron que cada pueblo tendría su propia cárcel, pero que sus presos serían rotados entre todas las comunidades. El motivo para compartir este esfuerzo es de índole cultural; los ancianos recordaron que cuando alguien robaba un animal y lo detenían, el responsable era paseado por el lugar. Al animal lo adornaban con colores y el ladrón lo iba jalando, al frente alguien echaba cohetes y atrás del cortejo iba la banda de música. Todo el pueblo se enteraba de lo que había sucedido, el castigo era en parte la vergüenza y a la vez servía de ejemplo.

También recapacitaron sobre el papel de los ancianos para dar consejos y decidieron que el "trabajo" iba a ser complementado con pláticas de los ancianos. La población denomina esta medida como "la terapia" y le reconoce su eficacia. Algunos presos han regresado a las comunidades donde estuvieron detenidos para continuar la relación con la gente.

A pesar del reconocimiento gubernamental y la coordinación que guarda con el gobierno municipal y con la Procuraduría de Justicia del estado, los comandantes de la Comunitaria han sido perseguidos por acusaciones que posteriormente las supuestas víctimas niegan haber levantado, y en ocasiones se les ha responsabilizado de "privación ilegal de la libertad". En estos ataques contra la institución indígena, destaca la participación del delegado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero con sede en Ometepec.

Por un lado se les dota de armamentos y recursos mínimos, se les confía la seguridad en un área geográfica, se les remiten órdenes de aprehensión en algunos casos (se mencionan 15) y, por el otro, se les acusa de actuar ilegalmente, se detiene a miembros de la Policía Comunitaria y se realizan operativos de Ejército federal para el "desarme", como el de marzo de 2000 en Pueblo Hidalgo, Arroyo Mixtecolapa y Pascala del Oro.

Mario Campos Hernández, párroco de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, ha sido agredido reiteradamente. En 1994, un grupo atacó al párroco y a quienes lo acompañaban en un camino del rumbo. Se presentó la denuncia ante el Comisariado Municipal, que lo transfirió al Ministerio Público. Después de un tiempo, este MP determinó que se trataba de "una banda que atacaba en los caminos", pero se supo que fue el mismo Comisariado de Santa Cruz del Rincón el que pagó a los "asaltantes".

En 1999, el párroco fue detenido por la Policía Judicial, que lo llevó al Ministerio Público de San Luis Acatlán y de ahí lo consignaron ante el Juez. Aunque la acusación formal fue de allanamiento de morada, el párroco recuerda que mayormente fue interrogado por su participación en la organización del pueblo. Ante la movilización de los pueblos, fue liberado y se cerró la averiguación previa.

Ahora hay nuevamente señales extrañas: se ha visto rondar los caminos y llegar hasta el Rincón una camioneta verde oscuro cuyos tripulantes interrogan a las personas sobre el paradero del párroco. En los últimos meses se habla de grupos armados por los caciques y antiguas bandas en comunidades priístas.

Los pobladores de la región Costa Chica-Montaña evalúan que la aprobación de las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas afecta a las insituciones basadas en sus costumbres y tradiciones; de manera particular, la relativa a la seguridad pública comunitaria, lo cual contraviene el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.