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Ť Constituyen el Fondo Monarca para detener la
tala en santuario de la mariposa
Entregan recursos a ejidatarios por cuidar el bosque
Ť Campesinos señalan que la vigilancia forestal
en la zona es casi inexistente
ANGELICA ENCISO ENVIADA
Toluca, Mex, 16 de diciembre. Organizaciones ambientalistas
nacionales e internacionales aplican por primera vez en México el
pago a campesinos por conservar el bosque ante el creciente deterioro de
la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, donde tan sólo entre
1984 y 1999 se degradó 44 por ciento del bosque de alta calidad,
y donde la explotación forestal es todavía la principal actividad
productiva de la región.
El
Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) y
el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza constituyeron
con el gobierno federal el Fondo Monarca, que por ahora cuenta con 6 millones
de dólares. De esos recursos 5 millones fueron aportados por la
Fundación Packard de California, y un millón fue entregado
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero faltan
todavía 250 mil dólares de los gobiernos del estado de México
y Michoacán.
Con este fondo se comenzaron a realizar los pagos a 31
ejidos, comunidades y propiedades privadas que tienen terrenos dentro de
la zona núcleo de la reserva de la biosfera, residencia de millones
de mariposas que en el invierno recorren 4 mil kilómetros desde
Canadá y Estados Unidos.
Con el dinero recolectado se prevé asegurar la
conservación de los recursos forestales, porque los límites
al uso del suelo que impone un área protegida deja pocas opciones
productivas a los propietarios, además que se restringió
la explotación de los bosques, precisa la WWF.
En esa situación se encuentran alrededor de 100
núcleos agrarios -entre ellos 57 ejidos y 13 comunidades- que se
localizan en la reserva, que tiene alrededor de 56 mil hectáreas
e incluye parte de los municipios de Temascalcingo, San Felipe del Progreso,
Villa de Allende y Donato Guerra, por el estado de México, y Contepec,
Angangueo, Senguio, Ocampo, Aporo y Zitácuaro, del lado de Michoacán.
En la región residen alrededor de 500 mil habitantes,
según el programa de manejo de la reserva elaborado por la Semarnat.
El ejido El Depósito, de San Felipe del Progreso, tiene 2 mil ejidatarios
y 311 hectáreas en la zona núcleo de la reserva.
Permiso de Semarnat
Los bosques no pueden ser explotados porque están
en el área de conservación, pero cuentan con un permiso de
la Semarnat para que de la zona que está fuera de la reserva puedan
extraer 5 mil metros cúbicos de madera. En este momento no hay trabajo
porque ante la llegada de la mariposa monarca, que comenzó en noviembre,
se suspendieron las actividades productivas.
"Las pérdidas son muy grandes. Por cada metro cúbico
obtenemos 500 pesos y se nos puede echar a perder. Además tenemos
que esperar hasta abril para poder sacar la producción, y en todo
este tiempo ¿de qué vamos a vivir?", se pregunta Arnulfo
de Jesús Mondragón, comisario ejidal.
Explica que otro problema sin solución es la tala
clandestina, la cual realiza gente del mismo ejido. "Por la noche se van
a cortar el bosque, ya que la vigilancia es casi inexistente, a menos que
la realicemos los mismos campesinos."
El comisario ejidal comenta que es raro ver personal de
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
por el bosque. "Generalmente andan por los caminos", y "ese es un problema
permanente que sí nos preocupa a todos", agrega.
Entrevistado mientras espera la entrega del cheque por
la conservación de 311 hectáreas, dice que en otros años
"en condiciones normales se sacaban en promedio 10 mil o 20 mil metros
cúbicos" de madera, pero la Semarnat les envió un oficio
avisándoles de la suspensión de la actividad, lo que hace
"que la comunidad se quede congelada".
El Fondo Monarca entrega 75 pesos por hectárea
a las poblaciones que cuentan con permiso forestal, y a las que no lo tienen
les da 112 pesos. En junio se hará una nueva entrega de recursos
a las comunidades que en 2000 firmaron los convenios respectivos.
El ejido La Mesa, del mismo municipio, con 292 ejidatarios,
tiene 726 hectáreas dentro de la zona núcleo, casi la mitad
de su superficie total, lo cual les ha restringido más la actividad
productiva. Además del trabajo en el bosque, no hay más fuentes
de ingreso. Buscan impulsar el ecoturismo en la zona, pero para ello "necesitamos
un buen camino; de otra forma no llegan los turistas", dice el comisariado
ejidal Luis Estrada Urbina.
Uno de los objetivos del Fondo Monarca y del pago por
conservación es que el bosque se vea como proveedor de servicios;
es decir, la zona forestal tiene un valor por su permanencia, explica Susana
Rojas, de la WWF. Hasta el momento no hay forma de verificar que las comunidades
beneficiadas efectivamente conserven el lugar, pero para ello cada ejido
deberá entregar al director de la reserva una carta con la información
de la superficie forestal y también se hará un estudio que
definirá el estado del bosque, indica.
La intención, agrega, es que la zona deje de depender
en 100 por ciento de la actividad forestal. Se trata de diversificar las
actividades productivas, cambiar la economía regional. "El fondo
es una medida urgente para frenar la tala, pero se deben seguir buscando
alternativas de solución".
"Los problemas sociales y económicos de la región
son generados por el deterioro de los recursos naturales, la escasa inversión
productiva, la reducida capacidad local para otorgar valor agregado a la
actividad agropecuaria y forestal, el incipiente desarrollo de actividades
industriales y de servicios, las pocas oportunidades de empleo en la zona
y la falta de integración de los mercados regionales", señala
el programa de manejo.
Agrega que hay "una insuficiente inversión en servicios
de salud, educación e infraestructura", y además se carece
de tecnologías apropiadas para la producción y la conservación.
Resalta también el severo problema de deforestación,
que explica por cambios de uso de suelo. Indica que de acuerdo con datos
de 1995, alrededor de 23 mil hectáreas "han sido fuertemente impactadas
por la explotación ilegal", además de que alrededor de la
mitad de la vegetación que había sido la más conservada
de la zona se ha degradado, perdido o fragmentado. El documento detalla
que el proceso de deforestación avanza en la región a un
ritmo de 0.66 por ciento anual, ya que en 1979 había 318 mil hectáreas,
y para 1994 quedaban 280 mil.
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