Ť El municipio panista aduce presiones presupuestales

Cerrarán en Monterrey oficina de atención a víctimas de delitos

Ť Muestra de insensibilidad de autoridades, dice la población

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NL, 16 de diciembre. A partir del 6 de enero, con el argumento de presiones presupuestales y optimizar la aplicación del gasto público, la administración municipal panista de esta capital cerrará la oficina local del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (Cavide), a pesar de que Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional en este problema, y se estima que una de cada dos mujeres mayores de 15 años sufren en la entidad algún tipo de violencia intrafamiliar.

El anuncio sobre el cierre del Cavide desató críticas entre la sociedad civil y el gobierno del estado, que consideraron el hecho como una muestra de la insensibilidad de las autoridades municipales. En respuesta, el municipio de Monterrey sostuvo que la labor del Cavide se sustituirá a través del Centro de Atención al Maltrato y Violencia (Camvio), dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal.

Al anunciar el cierre del Cavide, la Dirección de Comunicación Social de Monterrey dio a conocer que la Coordinación Municipal de la Mujer también será parte del DIF, y el Programa de Monterrey Joven se irá de la Secretaría de Desarrollo a la de Educación, Cultura y Deportes, "para no duplicar funciones" y "por cuestiones de congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo".

Un vocero del municipio de Monterrey que solicitó anonimato, sostuvo que el alcalde Felipe de Jesús Cantú Rodríguez consultó con el secretario de gobierno, José Luis Coindreau García, la decisión de cerrar la oficina del Cavide y recibió el "visto bueno". Pero una vez que se dio el anuncio oficial empezaron las críticas desde el Centro de Apoyo a Víctimas del Delito estatal, adscrita a la Secretaría de Gobierno.

Carlos Campos, director de gobierno del municipio de Monterrey, anunció el cierre de la oficina del Cavide en la ciudad, bajo el argumento de que el municipio debía hacer ajustes presupuestales, y porque la atención a víctimas de delitos compete principalmente al estado, que transfirió al ayuntamiento la responsabilidad pero no los recursos necesarios, que ascienden a casi dos millones de pesos anuales.

Ana Delia García, titular del Cavide estatal, lamentó la decisión del municipio y la consideró "un retroceso". Aseveró que de las cuatro mil personas atendidas este año, en su mayoría mujeres y niños, 40 por ciento fueron tratadas en la oficina de Monterrey.