Jaime Martínez Veloz

Chiapas: un año de esfuerzo

A Pablo Salazar Mendiguchía lo conocí en 1994 durante la formación de la primera comisión legislativa plural y paritaria para atender las justas causas del levantamiento indígena. El PRI nos propuso a ambos como representantes ante dicha comisión. La constante relación, por las tareas e intereses comunes, nos permitió construir una misma postura frente a la paz, la reconciliación y la redistribución del poder político en Chiapas. De ahí surgió y se mantiene una amistad sincera y fraternal.

Al presidente Zedillo le disgustó la postura que la representación del PRI asumió en la Cocopa. Nos acusó de traicionar la confianza presidencial, pues quería empleados y no compañeros. Su enojo se tradujo en la salida de Pablo Salazar del PRI y en la frialdad del mandatario con los insubordinados legisladores.

Las comprensibles razones de Pablo posibilitaron el encauzamiento de organizaciones políticas opositoras en Chiapas y la gubernatura en 2000.

Siendo un estado que ha vivido en agitación política permanente, su gubernatura es difícil. A un año de distancia, parte de la coalición política que ayudó a Salazar se ha diluido. La alianza partidista concluyó su ciclo, sin que eso signifique que Pablo haya descuidado la conveniencia de mantener la capacidad latente que le proveyese tal unión.

Quienes ahora se desconciertan por creer insatisfechas sus expectativas deben admitir que, en campaña, se abstuvo de prometer un escenario prodigioso de abundancia y bienestar.

Responsablemente, en el periodo electoral el hoy mandatario se expresó con sinceridad en un ambiente politizado y predispuesto a la emergencia de caudillos providenciales, cuya sola presencia remplazara los complejos e insustituibles procesos de conciliación y encauzamiento de intereses de los distintos actores políticos.

Algunos de quienes apoyaron electoralmente al gobernador ahora le regatean el respaldo o recelan de los obligados esfuerzos políticos en que se ha enfrascado para reparar la fortaleza de las instituciones de Estado. La disfuncionalidad de muchos pilares institucionales obstaculiza el necesario piso mínimo de gobernabilidad desde el cual se ejecute el proyecto político que encauzó Pablo y por el que fue electo.

En ese contexto, el más grande acierto del gobernador es su voluntad y capacidad para convocar a un gran acuerdo político estatal incluyente, que debe dimensionarse en su importancia. Al padecer Chiapas una inercial fragilidad en sus instituciones, el acuerdo político puede sentar las bases para contribuir al obligado reforzamiento estructural de la entidad.

Su encomienda es compleja, pero otro punto significativo es su respetuosa discrepancia con el Congreso de la Unión por la desvirtuada ley indígena aprobada. Asimismo, ha comprometido su voluntad para reforzar la cultura del respeto a los derechos humanos en un estado donde el abuso pareciera estar institucionalizado. En el aspecto operativo de su gestión, la ejecución de proyectos de infraestructura como el Programa Caminero demuestra que se puede ser buen administrador y buen político.

Pablo Salazar ha avanzado en un entorno difícil, pero ha demostrado voluntad para construir los acuerdos políticos necesarios en el estado. Como ejemplo están las cien mesas de concertación y conciliación instaladas en las comunidades de los Altos y del norte. Gracias a que nombró un comisionado para la Reconciliación de Comunidades en Conflicto, su gobierno ha avanzado en el acercamiento de 55 grupos de 14 municipios, donde se registra el mayor número de conflictos intercomunitarios por motivos políticos, religiosos, agrarios o sociales.

Ello ha permitido resolver algunos de los problemas más urgentes. Claro que aún faltan otros por atender, pero lo cierto es que el clima político en Chiapas es distinto y hay menos resistencia al diálogo, como expresó Pablo en su informe.

Sin embargo, el compromiso es integral y no está supeditado sólo a la decisión del gobierno estatal; el reto es compartido y en él deben confluir muchas instituciones de Chiapas y del país.

Los indígenas chiapanecos y un gran sector de la sociedad nacional siguen demandando el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. El silencio zapatista no significa el olvido en su justa petición para concretar la autonomía indígena. En Chiapas, Pablo Salazar juega un papel trascendente para encauzar los acuerdos necesarios que posibiliten la concreción del indispensable nuevo pacto del Estado mexicano con sus etnias. Pero en esa tarea, otros actores e instituciones del país también tenemos obligación y responsabilidad.

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