Agricultores de los sectores social y privado exigen incrementar el presupuesto del agro

Ť Los legisladores apoyan su postura Ť La Sagarpa solicita al CNA que tenga confianza

MATILDE PEREZ U.

Dirigentes y representantes de redes de organizaciones del sector social del campo exigieron a los diputados que les proporcionen herramientas para defender los logros en materia de financiamiento y apoyos para evitar "la privatización del presupuesto federal". En tanto, productores del sector privado del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) manifestaron al secretario de Agricultura (Sagarpa), Javier Usabiaga, su inquietud por las expectativas poco promisorias para el agro. "El futuro se percibe preocupante ante el alto grado de incertidumbre que genera la indefinición de políticas con visión de mediano y largo plazos".

Ambos grupos exigieron que se incremente el presupuesto para ese sector productivo, y advirtieron que existe alto riesgo de que estallen conflictos sociales si no se establece una aplicación más eficiente y racional de los recursos.

El CNA informó que este año se perdieron 50 mil empleos en el sector agrícola, y advirtió que si no se cierran las fronteras a las excesivas importaciones de productos cárnicos podría perderse un millón de empleos en el sector pecuario durante el segundo semestre de 2002.

Privatiza la Sagarpa los recursos federales, aseguran campesinos

En una reunión con los presidentes y secretarios de las comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, las redes Asociación Mexicana de Uniones de Crédito (AMUCSS), Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y Productores Forestales (Red Mocaf) advirtieron que la Sagarpa prácticamente inició la privatización de los recursos federales al apegarse a los lineamientos del Banco Mundial en la aplicación del programa de asistencia técnica al microfinanciamiento rural (Patmir).

Expusieron que fueron congelados nueve de los 19 proyectos de microcréditos para zonas indígenas, y ahora el programa está en manos de consultores externos de despachos internacionales, a los que se denomina "organismos altamente especializados", que ya cambiaron las reglas de operación del Patmir.

Isabel Cruz Hernández, de la AMUCSS, puntualizó que "se otorgaron 14 millones de pesos para el Patmir y en concurso abierto se destinaron 7.6 millones para crear ocho instituciones financieras rurales en Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos, que atenderían a 184 localidades de 78 municipios con la creación de 652 grupos. Otros 6.5 millones fueron para fortalecer instituciones financieras ya existentes en Guerrero, Oaxaca, Morelos, Nayarit, Querétaro, Chihuahua, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, y existía el compromiso de abrir 10 nuevas sucursales para apoyar a 156 localidades de 31 municipios".

Ahora, agregó, nueve de esos proyectos se congelaron y el resto podría desaparecer por el cambio de lineamientos. "Hay un claro sesgo político de parte de los operadores (el principal responsable es el subsecretario de Desarrollo Rural, Antonio Ruiz García), ya que más de la mitad de los proyectos anulados fueron presentados por organizaciones socias de la AMUCSS", abundó.

Esto es un ejemplo de que quienes gobiernan "ven a los campesinos como a la clase mediocre, no valoran nuestros esfuerzos ni propuestas", expresaron los productores que participaron en la reunión.

Mientras un grupo representativo de ANEC, AMUCSS, CNOC y Red Mocaf solicitaba a los diputados aumentar en 4 mil 500 millones de pesos la propuesta que presentó el Ejecutivo para los programas del campo, cerca de 2 mil campesinos de Oaxaca, Veracruz, Sonora, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua y Sonora, del Frente Nacional en Defensa del Campo, iniciaron un plantón afuera del Palacio Legislativo en demanda de un mayor presupuesto para el agro y normas para impedir que los apoyos se concentren en los grandes productores.

Benjamín Valenzuela, de la directiva del frente, dijo que después de ganar la batalla por los estímulos a los productores, "ahora demandamos que le pongan un tope" a la entrega de recursos ya que, por ejemplo, en el caso de los apoyos a la comercialización en Sinaloa el mayor monto se ha concentrado en dos productores.

Por otra parte, en la reunión mensual del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el presidente del organismo, Jesús Vizcarra, dijo que el presupuesto de 2002 para la Sagarpa representa una reducción de 3.7 por ciento en términos reales y mantiene una tendencia decreciente en los recursos orientados al desarrollo agropecuario. En ese escenario, agregó, la agricultura comercial ?"garantía de la seguridad alimentaria"? es la más afectada.

Manifestó que "el gobierno debe realizar más esfuerzos de gestión con Estados Unidos para que se respeten los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, y en materia de financiamiento debe impulsar un nuevo modelo, sólido y formal, con acciones para impulsar al sector agropecuario".

Jorge Luis López, de la comisión de Desarrollo Rural del CNA, manifestó que los grandes agricultores confían en la sensatez de los legisladores para que den viabilidad al campo en los próximos años, pero también llamó su atención sobre la posibilidad de que dejen de sembrarse en el norte 250 mil hectáreas, sustento de 14 mil familias, por la decisión arbitraria de la Comisión Nacional del Agua de entregar a Estados Unidos un volumen del líquido mayor a la cuota establecida en los convenios firmados en la década de los 40.

Juan Barrio, de la Asociación Nacional de Engordadores de Ganado, dijo que este año el incremento de las importaciones legales e ilegales, casi 700 mil toneladas, desplazó el 50 por ciento de la producción nacional. Advirtió que el panorama para 2002 no es positivo debido al incremento de la producción en Estados Unidos, el cierre de Japón a las compras de carne y el riesgo de que las empresas ganaderas del país cierren y México deje de ser productor de carne.

El titular de la Sagarpa solicitó al CNA que tenga confianza y paciencia. Y los legisladores aseguraron a CNOC, Red Mocaf, AMUCSS y ANEC que son "solidarios" con su postura y harán lo posible por lograr un mayor presupuesto para el campo. Sin embargo, aclararon que no pueden intervenir en los lineamientos de la Sagarpa, porque eso le corresponde al Ejecutivo.