JUEVES Ť 6 Ť DICIEMBRE Ť 2001
Ť Un aumento salarial mayor desataría desempleo y pérdida del poder adquisitivo, dice
La representación obrera en la CNSM, por alza de 4.5%
ELIZABETH VELASCO C.
La representación obrera en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) concluye en un informe que el aumento a las percepciones mínimas profesionales y generales que regirán a partir de 2002 no debe ser mayor a 4.5 por ciento.
Un incremento "por encima de la inflación esperada -sostiene- desataría la espiral inflacionaria y con ello el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo, provocando aumento de la pobreza en las regiones más marginadas y el éxodo de cientos de mexicanos a Estados Unidos". Aún más. En el estudio Consideraciones sobre el salario mínimo, el empleo y la estabilidad macroeconómica en México se pronuncia en contra de incrementos "por decreto" -cuando hace más de dos décadas así lo exigía-, ya que "tendrían efectos negativos importantes en términos de empleo y de distribución del ingreso".
La representación obrera del Congreso del Trabajo (CT) -que en voz de su presidente, Leonardo Rodríguez Alcaine, ha "exigido" un aumento de 25 por ciento a ese ingreso- justifica sus argumentos en "literatura académica de Estados Unidos": Thomas MaCurdy. Why minimum wages are so popular? Weekly Essays. Hoover Institution. Stanford University. 1999.
En ella "se ha encontrado que la elasticidad del empleo respecto al salario mínimo se encuentra entre -0.1 y -0.2. Esto implica que un incremento de 10 por ciento en los mínimos reducirá el empleo en uno por ciento", habría alza de precios y la inflación "se incrementaría, lo cual anularía las ganancias en la percepción real".
Por ello, las alzas al minisalario "deben fijarse en función del crecimiento de la productividad en el trabajo, de la demanda de los empleados, la capacitación y el adiestramiento, el logro de mercados laborales flexibles y de un entorno macroeconómico estable", se recomienda.
Otro argumento es que "un alza a los mínimos reales que no se compense con un aumento en la productividad de la mano de obra, forzosamente se verá reflejada en los costos unitarios de la fuerza laboral de las empresas, lo que hará que éstas se vuelvan menos competitivas y se deteriorarán sus perspectivas de crecimiento".
Respecto a las tres zonas geográficas que fijan un nivel diferente de ese ingreso en el territorio nacional (A: 40.35 pesos diarios; B: 37.95, y C: 35.85), sugiere evitar que "por decreto o por encima de la productividad esperada se cierre aceleradamente la diferencia" salarial en esas zonas, porque "generaría un desequilibrio importante en los mercados laborales regionales".
Tal desequilibrio obedecería a que "en las zonas donde se otorgarían los incrementos mayores al mínimo son en proporción las más pobres y donde se concentra 70 por ciento" de los trabajadores ocupados en la economía informal y en empleos como servicio doméstico; actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, de caza y pesca, vendedores ambulantes y trabajadores que ofrecen servicios de casa en casa.
Ese grupo, que "se concentra en pocas ocupaciones", se relaciona primordialmente con jóvenes, mujeres, ancianos y campesinos sin instrucción, y un aumento superior al mínimo "limitaría su incorporación al sector formal de la economía".
En el estudio, entregado a finales de agosto al presidente de la CNSM, se argumenta que un alza sustancial al mínimo carecería de impacto positivo para el país, pues según datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano de 1998, elaborada por el INEGI, "sólo 7.1 de los trabajadores (de una población económicamente activa de 40 millones de personas) obtuvo ingresos menores o iguales que el salario mínimo" (3.74 por ciento hombres, y 3.36 mujeres). Aunque en el sector informal (donde se ocupa arriba de 50 por ciento de la PEA) el promedio asciende a "más de 14 por ciento".