JUEVES Ť 6 Ť DICIEMBRE Ť 2001
Ť Denuncia de Defensores Comunitarios de la zona norte
Ex candidato perredista amenaza a ejidatarios de Misopá, Chiapas
Ť Presiona a pobladores para que salgan de sus tierras, señalan
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de las Casas, Chis., 5 de diciembre. La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos de la Zona Norte Baja denunció hoy las amenazas que el ex candidato del PRD a la presidencia municipal de Tila, Nicolás Martínez Martínez, ha dirigido a la población de la tercera ampliación del ejido Misopá Chinal.
En la que viene a ser una nueva agresión de perredistas a las bases de apoyo del EZLN en la zona norte, ''los afectados manifestaron su intranquilidad por el hostigamiento del que son víctimas y revelaron que el agresor organizó reuniones privadas fuera de la comunidad, en las que presionó a los ejidatarios de la tercera ampliación del ejido Misopá Chinal para que desalojen el predio que desde abril de 1995 ha sido su única fuente de trabajo, bajo la amenaza de liberar supuestas órdenes de aprehensión en su contra, mismas que serían ejecutadas por la Policía Judicial del estado, a señalamiento expreso del ex candidato''.
Como consecuencia de esto, el comisariado Eulalio Sánchez y el representante del comité ejecutivo de dicha población, Lorenzo López Vázquez, abandonaron la comunidad. Se presume que Nicolás Martínez Martínez está en complicidad con Pedro Ramón Gil, quien en marzo de 1988 se presentó en los terrenos de la ampliación ''acompañado por judiciales federales y tres soldados, diciendo ser el propietario, sin presentar documentos que sostuvieran dichas afirmaciones''.
Los defensores comunitarios señalan que estas acciones fueron denunciadas en su momento, pero de nueva cuenta se les amenaza con ejecutar las órdenes de aprehensión contra los legítimos beneficiarios de la tierra, según resolución presidencial del 17 de marzo de 1988.
En otros lugares de la zona norte se han dado agresiones y amenazas de perredistas, hoy identificados con el gobierno estatal, como la organización Kichañob, de Salto de Agua, o de antiguos miembros de Paz y Justicia que se han mudado a las filas perredistas pero siguen amenazando a las bases de apoyo sin permitir el retorno de centenares de familias desplazadas en Sabanilla y Tila, principalmente.
Los ejidatarios solicitaron la intervención del gobernador Pablo Salazar para solucionar el problema, ''ya que estas acciones incrementan los conflictos en una zona que de por sí se ha visto envuelta por la violencia de paramilitares''.
Por otra parte, representantes de la comunidad Arroyo Granizo, municipio autónomo Ricardo Flores Magón, denunciaron ante la oficina regional de San Jerónimo Tulijá, de la Red de Defensores Comunitarios, violaciones al reglamento interno que rige la vida de la comunidad por parte de Eusebio Solís Ibarra, funcionario de la Procuraduría Agraria.
Al divulgar el hecho, la red a su vez denuncia la participación de una autoridad federal para contravenir ''los mecanismos de elección en las comunidades, al otorgar reconocimiento a autoridades que no fueron nombradas por la asamblea general de Arroyo Granizo''.
Los representantes denunciaron hoy que el problema se manifestó durante su asamblea general ordinaria, el 6 de octubre, cuando se presentaron Policarpio Jiménez Sánchez y Alonso Gómez Martínez ''para exigir se les reconocieran los nombramientos de presidente y secretario del comisariado ejidal, respectivamente, cargos que, en sus propias palabras, estaban reconocidos en el registro agrario''. Este hecho implica desconocer a las autoridades que ejercen dichas funciones por mandato de la asamblea general, y cuyo periodo concluye el 31 de diciembre del 2001.
Los nombramientos anómalos de la Procuraduría Agraria ''ponen en riesgo la tranquilidad de la población, al pretender estas personas apoderarse de los inmuebles de la comisaría ejidal con el fin de ejercer funciones que no se les han reconocido por asamblea''. Ante los hechos, la red considera:
''Este tipo de acciones fomentan el divisionismo entre la población, y podrían desembocar en conflictos violentos originados por funcionarios que interfieren el sistema normativo interno de las comunidades indígenas, violando así su derecho a la autonomía''.