MIERCOLES Ť 5 Ť DICIEMBRE Ť 2001
Ť Manifiestan ante la SCJN su inconformidad por la construcción del nuevo aeropuerto
Presentan controversias municipios de Texcoco, Acolman y Gobierno del DF
Ť Se violan los artículos 4, 16, 27 y 115 constitucionales, además de otras leyes, advierten
JESUS ARANDA Y RICARDO OLAYO
Los municipios de Texcoco y Acolman, así como el Gobierno del Distrito Federal, presentaron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sendas controversias constitucionales en contra de la construcción del nuevo aeropuerto.
Por su parte, el secretario de Gobierno capitalino, José Agustín Ortiz Pinchetti, consideró como ''una irresponsabilidad'' la instalación de la terminal aérea en Texcoco, por los ''graves daños'' que se generan al desarrollo de la ciudad de México.
Los tres demandantes solicitaron al máximo tribunal la suspensión de la construcción de la obra, en tanto se resuelve en definitiva la controversia en cuestión, ya que la decisión del gobierno federal de construir el nuevo aeropuerto viola los artículos 4, 16, 27 y 115 constitucionales, así como las leyes de Expropiación, Planeación, Asentamientos Humanos, General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Por ello, demandaron la anulación del decreto expropiatorio.
Buscarán alternativas''menos costosas''
En conferencia de prensa al término de la presentación de la demanda, Ortiz Pinchetti consideró que la decisión del gobierno federal distorsiona las políticas de crecimiento y desarrollo contenidas en planes y programas urbanos de la capital.
El funcionario señaló que el recurso contra la decisión del presidente Vicente Fox no significa una ruptura con las autoridades federales, y estableció que buscarán propuestas ''infinitamente menos costosas que las del proyecto Texcoco, con el fin de desahogar el tráfico aéreo, pues en otras ciudades no se ha cancelado la terminal aérea por construir otra''.
Ortiz Pinchetti indicó que es riesgoso generar un polo de desarrollo en una zona ya saturada. Colocar el aeropuerto ''en un lugar que tiene gravísimos problemas de poblamiento es simplemente una irresponsabilidad''; además, añadió, se afecta el plan de rescate del lago de Texcoco.
Por su parte, el municipio mexiquense planteó como terceros involucrados a todos los ayuntamientos aledaños -incluyendo a San Salvador Atenco- y al propio Gobierno capitalino, con lo cual, de proceder la controversia, se verán involucrados no sólo los municipios directamente afectados -Texcoco, Tocuila y San Salvador Atenco-, sino prácticamente todos los asentamientos ubicados en la zona oriente del valle de México.
Acompañado por funcionarios del cabildo y por decenas de texcocanos que se agolparon en la entrada principal de la Corte para manifestarle su apoyo -con consignas como ''šMontiel, entiende, la tierra no se vende!'' y ''štierra sí, aviones no!''-, el alcalde de Texcoco presentó ante la oficialía de partes de la SCJN su demanda, y posteriormente fue recibido por el presidente del máximo tribunal, ministro Genaro David Góngora Pimentel; lo mismo hizo hora y media después el secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Agustín Ortiz Pinchetti.
Ambos coincidieron -en entrevistas por separado- en reconocer la confianza que tienen en la imparcialidad del fallo de la Suprema Corte de Justicia, en razón de la autonomía e imparcialidad demostradas en los años recientes por parte del organismo, lo cual constituye una garantía en el equilibrio de poderes de la Federación.
Por su parte, el síndico municipal de Acolman de Netzahualcóyotl, Juan Francisco Javier Estrada, cuya presencia no había sido anunciada previamente a los medios de información, se dirigió a entregar su demanda ante la instancia correspondiente, ya que aun cuando no hay una afectación directa del nuevo aeropuerto a esas tierras, las consecuencias ambientales, urbanas, viales y de población que generará esa terminal impactarán negativamente en dicho municipio.
Sin embargo, en entrevista posterior matizó su postura y señaló que en caso de que el gobierno federal tome en cuenta a Acolman en los planes de desarrollo y urbanización, y si se le otorgan los recursos suficientes para ello, podrían rectificar.
Adelantó que seguirán el curso legal del caso mediante la controversia constitucional y con los amparos interpuestos, pero aclaró que los afectados continuarán recurriendo a manifestaciones y marchas en contra de que la nueva terminal aérea se ubique en sus ayuntamientos.
Por otra parte, en la demanda que presentó el edil de Texcoco, y que fue aprobada en sesión de cabildo por mayoría de perredistas y priístas, aunque con la abstención de los panistas, se señala de entrada que el decreto expropiatorio viola el artículo 27 constitucional, porque no funda ni motiva la ''utilidad pública'' de dicho acto, como tampoco se demuestra el beneficio social que tendría la obra.
Argumentó también que la ''utilidad pública'' debe entenderse como un beneficio de la colectividad y que, según una tesis de la propia SCJN, resulta esencial que ''la cosa expropiada pase a ser del goce y de la propiedad de la comunidad y no de simples individuos'', lo cual no sucede con la pretendida construcción del nuevo aeropuerto, que quedaría en manos privadas.
Por lo que se refiere a las violaciones al artículo 115 de la Constitución, el texto llama la atención en que el decreto expropiatorio de octubre pasado viola derechos consagrados únicamente a los municipios, como son: la asignación del uso de suelo -aquí, al proponer el Ejecutivo el cambio de terreno agrícola a urbano, viola las facultades municipales-; el que no se tomó en cuenta al ayuntamiento para la elaboración de un proyecto de desarrollo urbano, además de la violación del artículo 98 de la Ley del Equilibrio Ecológico, porque no se respeta la vocación agrícola de los terrenos que expropia y priva a los habitantes del lugar de un ambiente adecuado al verse afectada la reserva ecológica del ex lago de Texcoco.
A su vez, el síndico procurador del municipio de Texcoco, Juan Francisco Javier García, rechazó que los ejidos que se pretende expropiar sean improductivos, y señaló que de 13 sólo uno no es apto para la agricultura.