MIERCOLES Ť 5 Ť DICIEMBRE Ť 2001
Ť Duda del actuar de la PGR en casos en los que están involucrados militares
Falta voluntad política a Fox para esclarecer desapariciones forzadas: Centro Pro Juárez
Ť Han desaparecido varias personas durante la gestión foxista, establece en un informe
VICTOR BALLINAS
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sostiene que las desapariciones forzadas "no son curiosidades históricas", sino tragedias muy actuales, las cuales ocurren, incluso, en este gobierno. Y ejemplificó: en Tijuana desaparecieron el 5 de diciembre de 2000 a Rubén Moreno; en Chiapas, el 6 de junio de 2001 a Bacilio Gutiérrez López; el 7 de junio de este año, en Tierra Colorada, se llevaron a Faustino Jiménez y el 30 de junio a dos jóvenes en Colima, Alejandro Martínez y José de Jesús González.
Dicho centro subraya que es poco alentador que el presidente Vicente Fox insista en que las violaciones a derechos humanos en los casos de los desaparecidos -durante la guerra sucia, en las décadas de los 70 y 80- son atribuibles a individuos y que será necesario evitar juicios generales a instituciones. "Su voluntad política se ve limitada al ser incapaz de reconocer que estas desapariciones fueron a causa de una política de Estado."
En el informe de la situación de los derechos humanos en el primer año del gobierno del presidente Vicente Fox, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez indica que en las desapariciones en esa época participaron militares en activo y en retiro, policías y ex policías, civiles, agentes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, jefes de la Policía Judicial Federal, del Distrito Federal, del estado de México, personal que perteneció al Servicio Secreto y a la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia.
"Todos ellos figuran en la lista de los presuntos autores materiales e intelectuales de la desaparición, tortura y muerte de varios cientos de personas. Se trata, pues, de una violencia institucional, de una política represiva del Estado", asegura el organismo en el informe.
Destaca además que aun cuando los familiares de los desaparecidos denunciaron a mediados de año ante la Procuraduría General de la República (PGR) algunos de los casos, no fue hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió su informe -el 27 de noviembre pasado- cuando el Ejecutivo instruyó realizar la investigación, que la Procuraduría debió haber hecho de oficio.
No obstante que el Presidente formalizó el 27 de noviembre la creación de una fiscalía especial para investigar las desapariciones de la guerra sucia, el centro considera que quedan en pie muchas preguntas: "ƑTendrá efectiva autonomía respecto de la PGR y de su actual procurador? ƑQué criterio se aplicará si se determina que hay responsabilidad de militares? ƑEsas investigaciones se integrarán y juzgarán en el fuero civil o se remitirán al fuero militar? ƑCómo se asegurará una plena participación de las víctimas y de sus familiares?"
Para el Centro Pro también "está en juego la credibilidad de que la PGR pueda actuar con imparcialidad, precisamente por el origen militar de su titular y por los antecedentes en casos como el del general José Francisco Gallardo y de los campesinos ecologistas, quienes están involucrados en problemas con militares".
El Centro Pro reconoce que es un "signo positivo" que hoy se hable públicamente de la comisión de un delito de lesa humanidad por parte de agentes que representan a instituciones del Estado, pero el trabajo por el combate a la impunidad apenas está por verse. "Los nombres de los responsables están en las manos de Fox. De esto mismo se puede concluir que todo depende de la voluntad política de Fox para cumplir con sus responsabilidades como jefe de Estado.
"Pero por si fuera poco -apunta el informe- su compromiso contra las desapariciones tiene que hacerlo vigente a los casos ocurridos en este gobierno. Ya son varios, y hasta el momento, y a pesar de que han pasado meses, ninguna institución policial admite tenerlos en su poder."
Respecto a la ley indígena, el centro recuerda que Fox, durante su campaña presidencial, se comprometió con la sociedad a imprimir un cambio en la forma de gobierno, particularmente en lo relacionado con el conflicto armado en Chiapas, pero lo cierto, añade, es que el gobierno federal ha demostrado su falta de estrategia para atender el problema e impulsar el proceso de paz.
"Ese vacío podría estar determinado por la falta de voluntad política, desconocimiento profundo del conflicto, y/o incapacidad para lograr consensos, a fin de poner en marcha medidas concretas, lo que se ve reflejado en acciones aisladas que poco inciden en las causas que dieron origen a ese movimiento."
El Centro Pro concluye que el resultado hoy es la postergación del diálogo, sin avances sustanciales para un proceso de pacificación y reconciliación, y el Estado mexicano continúa con una fuerte deuda ante los pueblos indios.