MIERCOLES Ť 5 Ť DICIEMBRE Ť 2001

ENTREVISTA

Carlos Castresana, abogado español

Las desapariciones en México, crímenes de lesa humanidad

Jurídicamente no es razonable acudir a foros internacionales en tanto no se agoten las instancias internas, considera el experto en derechos humanos

BLANCHE PETRICH

Sin lugar a dudas, los casos de más de 500 detenidos y desaparecidos de las décadas de los 70 y 80 en México son delitos de lesa humanidad. En opinión del abogado español Carlos Castresana, el fiscal que hace 10 años echó a andar la maquinaria de los procesos internacionales contra el dictador chileno Augusto Pinochet y la junta militar argentina, la característica que permite configurar esos crímenes como tales es que se trata de hechos "que no son aislados, sino sistemáticos", repetidos a lo largo de más de una década.

Experto litigante en jurisdicción internacional y derechos humanos, Castresana considera que más allá del cálculo de probabilidades sobre si se hará justicia o no en el asunto de los desaparecidos mexicanos, nuestro país está hoy frente a la oportunidad "no sólo de una revisión histórica de esa etapa, sino de una evaluación en el marco judicial, que es donde en definitiva se deben analizar las conductas delictivas, sobre todo las que son de esa gravedad."

En entrevista, además de revisar el caso mexicano, Castresana, premio Nacional de Derechos Humanos en España, recuerda que el método de la "tabla rasa" de la era posfranquista, que algunos juristas conservadores recuerdan aquí con admiración, dejó al ejército de la dictadura sin la más mínima depuración. Esto -recuerda el penalista- no sólo costó la intentona golpista de la Guardia Civil en febrero de 1981, sino que décadas después "nos costó el terrorismo de Estado".

A propósito de los casos de tortura a presos vascos -presuntos etarras- por parte de la policía española, considera que "son casos aislados, no un cuadro sistemático." Pero como quiera que sea, "se trata de delitos que hay que perseguir y castigar con toda la contundencia".

Israel y el "doble rasero"

Sin pelos en la lengua, reconoce que en casos de grandes crímenes contra el hombre la "diplomacia es muy hipócrita", y las razones de Estado suelen imponerse por encima de la ley. Un caso clásico de lo anterior -añade- es el "doble rasero" que aplica la comunidad internacional para juzgar al gobierno de Israel cuando viola la norma internacional.

"Una cosa es la construcción jurídica... y otra es la realidad de las relaciones internacionales. Exactamente igual de ilegal es la ocupación de Kuwait por parte de Iraq que la ocupación de Palestina por parte de Israel. Sin embargo, el rasero que aplica la comunidad internacional para medir a Irak no es el mismo que se aplica a Israel.

"Estoy seguro de que lo ocurrido en España respecto a Chile y Argentina, donde se intentó llevar ante tribunales a grandes violadores de derechos humanos, puede repetirse. Le puede suceder, por ejemplo, a Henry Kissinger. Aunque en materia penal no hay indicios suficientes, está fuera de toda duda su autoría en la inducción y cooperación necesarias en el golpe militar de l973 en Chile. Siendo realistas, será una cuestión de fuerza entre lo jurídico y las relaciones internacionales, que son muy hipócritas.

"Pero puede suceder. ƑCon qué personajes?, eso es lo que está por verse. Lo que parece evidente es que el grado de madurez del derecho penal internacional va a permitir alcanzar a individuos como Pinochet o Milosevic, aunque quizá no a los de un nivel superior, los responsables de las grandes potencias. No hay condiciones para ello."

Locos, los llamaron hace l0 años

A Castresana y sus colegas juristas de la Unión Progresista de Fiscales los llamaron "locos" en 1991, cuando mencionaron por primera vez la posibilidad de llevar a Pinochet a juicio ante la Audiencia Nacional española. "Para remachar el clavo", dice, también iniciaron procesos contra los militares que encabezaron la dictadura argentina. Cuando el juez Baltasar Garzón admitió la causa, las convenciones internacionales de derechos humanos de la posguerra salieron de la gran congeladora a la que fueron confinadas durante la guerra fría y se echaron a andar.

Ese fue precisamente el proceso que tiene en la fila de espera de las extradiciones a España al almirante argentino Ricardo Miguel Cavallo, directivo del centro de tortura y desaparición ubicado en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). "Nos dijeron que estábamos locos porque habían pasado ya 20 años. Locos como las madres que llevan 20 años dando vueltas en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, o como la Vicaría de Solidaridad de Chile, que ya había cumplido 25".

Impulsor de la llamada "tercera vía" en derecho penal, conocida también como acción popular, que garantiza a la víctima un proceso aunque no intervenga el Ministerio Público y aun cuando éste se oponga, Castresana opina que en América Latina, Colombia y Guatemala podrían ser dos casos que ameritarían la constitución de comisiones ad hoc como las que se establecieron para Ruanda (por la masacre de un millón de tutsis a manos de los hutus) o para el dictador serbio Slobodan Milosevic.

En Colombia, porque la explosiva situación "es una amenaza para la paz regional". Y en Guatemala, "porque una situación de hecho se sigue imponiendo sobre el estado de derecho", permitiendo que un genocida como el general Efraín Ríos Montt siga siendo el "hombre fuerte" del país, intocable para cualquier tribunal,

Sin embargo, Castresana no considera viable ni deseable una fórmula de tribunal internacional de este tipo para México, en el caso de los 500 desaparecidos. Aquí se inclina más por un voto de confianza a los tribunales nacionales.

"Hasta ahora no hay ningún dato objetivo que permita decir que los crímenes no vayan a ser perseguidos por estos tribunales. Hay que ver cómo evoluciona la situación y si las expectativas que se acaban de abrir se transforman en realidades o no. Jurídicamente no es razonable acudir a foros internacionales en tanto no se agoten las instancias internas. En el caso de Argentina hubo leyes como las de Obediencia Debida y Punto Final, y en Chile existió un decreto de autoamnistía. Esto hacía imposible perseguir los crímenes de lesa humanidad en esos países. Aquí no hay eso."

Para quienes añoran la transición "a la española"

-Aunque aquí hay resistencias de los responsables, de los ex presidentes, incluso de grupos conservadores que precisamente ahora recuerdan como idónea la amnesia de la transición española. ƑSí fue lo ideal?

-No se trata de lo que es conveniente, sino de qué es lo que impone el derecho internacional. Lo que dice es que efectivamente se puede perdonar algún tipo de conducta delictiva en aras de la reconciliación. Pero eso no incluye los crímenes de lesa humanidad. Creo que es bastante claro, además. Hay que dar un grado de confianza a esa fiscalía que van a crear, y vamos a esperar sus hechos para evaluar los resultados.

-ƑQué le parecería la fórmula de la transición española para México, la falta de juicios y esclarecimiento después de la muerte de Franco?

-Nuestra transición se encontró con las mismas carencias que las ocurridas en Argentina o Chile en cuestión de aplicación de la justicia, más por un problema de correlación de fuerzas que de voluntad política. Los representantes políticos no hicieron más no porque no quisieran, sino porque no había condiciones. Años después hubo situaciones mejores, pero las asignaturas se quedaron pendientes. No se estableció la verdad histórica ni se planteó un efectivo juzgamiento en lo que eran crímenes contra la humanidad. En lugar de eso sencillamente se hizo tabla rasa. Y eso lo hemos pagado posteriormente. No depurar el ejército y la policía nos dejó, seis años después, un golpe de Estado. Y 20 años más tarde, el terrorismo de Estado.

-España parece vivir señales muy contradictorias, entre el terrorismo de ETA y los métodos extralegales con los que se le combate.

-La respuesta tiene que ser clarísima. Un estado de derecho no debe combatir ningún fenómeno de violencia con métodos que no sean los legales. No se defiende el estado de derecho desmintiéndolo en los hechos. No por tomar un atajo se pueden violar los derechos humanos y quitar las garantías constitucionales. A la larga es peor el remedio que la enfermedad. El pretender obtener resultados extraordinarios saltando la legalidad sólo sirve para que los violentos tengan una coartada moral, se conviertan en víctimas, el problema se enquiste y termine por no tener vías de solución.

-ƑLe preocupa a la Unión Progresista de Fiscales el tema del combate al terrorismo en España con métodos propios del terrorismo de Estado?

-Nos preocupa el respeto a los derechos humanos en España antes que en ningún lugar del mundo. Hoy en día, en general, el Estado español es respetuoso, sin dejar de señalar que hay cosas que hemos criticado abiertamente, como lo ha hecho Amnistía Internacional, como los indultos a algunos funcionarios condenados por torturas. Eso me parece que es censurable. Pero reconocemos que hay espacio para llevar estos casos ante la justicia.

-ƑHay casos de torturadores juzgados?

-Hay. Desde luego, con dificultades. Pero al mismo tiempo tengo la impresión de que España ha sido posiblemente el único país de Europa que ha sido capaz de ajustar cuentas con su guerra sucia. No lo han podido hacer Francia con Argelia, Gran Bretaña con Irlanda del Norte, Alemania con la banda Baader-Meinhof. En España, con insuficiencias, pero se ha conseguido. Se ha condenado al ministro del Interior.

-Pese a estos juicios, la tortura en ciertas instituciones policiacas españolas sigue siendo una realidad. Amnistía Internacional lo ha denunciado.

-Hay casos aislados, como lo señalan AI y otros organismos mundiales. Pero no me parece que haya una situación de tortura sistemática, ni siquiera en relación con los casos de terrorismo.

-ƑSe puede hablar de casos aislados de tortura? ƑNo es un delito contra el derecho universal, aunque se tratara de uno solo?

-Eso es lo que he señalado. Otra cosa es que en España se pueda decir que hay un marco de violación sistemática de los derechos humanos, lo cual no creo que sea así. Un solo caso debe combatirse. No es un problema cuantitativo. Actualmente, en España hay otros casos cuantitativamente mayores, como los malos tratos a los inmigrantes ilegales, que no tienen respaldo social ni protección jurídica organizada. Lo que no es cierto en el caso de los grupos terroristas, quienes tienen un cuerpo importante de abogados que hacen propaganda de la defensa de sus casos. Aun así, cuando desgraciadamente se produce un caso de tortura, hay que perseguirlo y castigarlo con toda la contundencia.