MIERCOLES Ť5 Ť DICIEMBRE Ť 2001

José Luis Soberanes FernándezŤ

Después del informe

La crítica, a priori y sin sustento, de algunos miembros de partidos políticos y de organizaciones, y la celebración exaltada a un documento como el informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son hechos secundarios ante la evidencia de que en México hubo una política de Estado que, esgrimiendo el falso argumento de razones de seguridad nacional, decidió "acabar" con la disidencia y los derechos fundamentales de esas personas; y ante la necesidad de ponerle límites reales al poder, para que nunca más se repitan crímenes tan horrendos como la tortura y la desaparición forzada de personas.

Por eso, un paso gigantesco que podemos dar es que logremos hacer valer el imperio de la ley para que la política y la moral jamás vuelvan a dividirse, ni a practicarse discrecionalmente, a criterio de algunos sectores e intereses. Ello será garantía de que la sociedad estará vigilante del comportamiento del Estado frente a la disidencia, y ante quienes piensan de manera diversa o en esencia son diferentes. Ese será entonces el único y efectivo antídoto para no crear futuras fiscalías especiales.

Sería un gran avance para todos que se cumpliera con lo expuesto en la recomendación de la CNDH, y que la expectativa de avance que ahora descansa en la fiscalía especial independiente encargada de deslindar las responsabilidades quedara satisfecha. Y en esto cabe señalar que la responsabilidad ante la justicia es individual e intransferible. Son personas las que violan garantías y delinquen, no instituciones.

Por lo demás, la creación de una fiscalía especial responde a la única solución de pleno derecho que el sistema jurídico mexicano permite para emprender la investigación y el esclarecimiento de las conductas delictivas. El artículo 21 constitucional es claro y definitivo al respecto. Al mismo tiempo, el surgimiento de un grupo de la sociedad civil o comisión que dé seguimiento al quehacer de la fiscalía, no debe entenderse como el prematuro debilitamiento de ésta, pues es una propuesta que expresa y da concreción a las exigencias de transparencia y escrutinio público presentes y actuantes desde la sociedad mexicana.

Lo más importante entre las primeras consecuencias del informe está en que el estudio pormenorizado de los casos en él comprendidos y documentados, así como sus efectos en la procuración de justicia, puede coadyuvar a reconstituir una nueva relación entre poder y derecho. La ausencia de una definición clara sobre el papel del Estado en el aniquilamiento de las organizaciones guerrilleras representó un déficit crítico para el mantenimiento del orden jurídico. Para preservar la vigencia y la capacidad de producción legítima de normas se llenó el vacío que significaba el atentado del propio gobierno en contra de los derechos humanos de cientos de personas.

Hasta hace poco, saber de la violencia atroz, debida a supuestas razones de seguridad nacional, en un momento de nuestra historia reciente no sólo provocaba indignación, sino incertidumbre sobre la solidez de la estructura jurídica. Dicho directamente: las desapariciones forzadas quebrantaron la confianza en la integración institucional de la sociedad. Por ello, quiero repetir que no hay razón de Estado que pueda estar por encima del estado de derecho.

De igual forma, es un error suponer que el consenso se puede ganar y preservar con el ocultamiento de la verdad. No hay discrecionalidad posible donde impera la ley. A la par de coadyuvar con el esclarecimiento de hechos del pasado y con la exigencia de aplicar la ley y hacer justicia, el informe de la CNDH sobre casos de desapariciones forzadas puede contribuir a cambiar la manera en que se ejerce el poder en México.

Cuando asumí la tarea de llevar a término el análisis de las desapariciones por razones políticas estaba al tanto de la dificultad y complejidad que implicaba. Al adentrarme en la información sumamente extensa y fragmentaria comprendí el carácter decisivo de las investigaciones y la enorme responsabilidad que conlleva tratar un asunto con tantas aristas y una profunda dimensión emocional. No fue fácil enfrentar una realidad tan dramática y violenta, que provoca dolor, indignación y asco por las atrocidades e injusticias cometidas por servidores públicos. Analizar los numerosos hechos de extrema crueldad presentes en las indagatorias puso a prueba incluso la capacidad reflexiva que siempre es necesaria para un jurista.

Lo acontecido distó mucho de ser un "exceso", para convertirse en práctica común y "normal" como forma de proceder de las personas integradas a cuerpos de seguridad como las tristemente célebres brigadas Blanca y Especial. La comprobación de la magnitud que adquirieron la tortura y muchas otras formas de trato inhumano y degradante resulta estremecedora, al grado que no se tenía conocimiento documentado y con plena comprobación de muchas de las conductas en que incurrieron servidores públicos que actuaban en nombre de la seguridad del país. No fueron infrecuentes los casos de niños sometidos a tortura frente a familiares.

Elegí iniciar la presentación del informe con la lectura del testimonio de una de las víctimas. Mi intención fue transmitir la indignación que provoca saber algo que niega la idea del México idílico que se ofrecía a los estudiantes de derecho de los años 70 y 80. Por eso decidí prestar la voz de una instancia del Estado a una víctima del propio Estado. Al llevar a la luz pública acontecimientos que ensombrecieron la vida nacional durante más de una década, la CNDH retoma el impulso que ha llevado a la sociedad civil a rechazar la impunidad y el abuso de poder. Sin embargo, hay que reconocer que el camino es largo.

No ha quedado exento de despertar polémica el haber incluido como punto tres de la recomendación hecha por la CNDH al titular del Ejecutivo federal el resarcimiento material de daños a los familiares de personas desaparecidas. La vida humana es irreparable. Así lo manifiestan las familias y así lo reconocen la misma recomendación y el informe, sin embargo, pese a esta verdad, es importante destacar que el sistema jurídico mexicano atiende también estos aspectos del daño causado, e intenté -también de esa manera- dar concreción a las responsabilidades materiales derivadas de los hechos investigados y que fueron ocasionados por personas que, en ese momento, se desempeñaban como servidores públicos, y por lo tanto generadores de una responsabilidad objetiva del Estado.

Aún quedan pendientes retos que resolver, actitudes que corregir, preguntas que contestar: Ƒpor qué aceptar que quienes en su momento fueron responsables de atrocidades no sólo sigan libres, sino que pretendan presentarse y mantener un perfil protagonista y ejemplar en la vida pública? ƑO acaso se puede aceptar el argumento de "cumplimos órdenes" y "creíamos que trabajábamos por el país y salvábamos a la sociedad"? ƑO se puede entender que sólo había una responsabilidad política y actuaron por "razones de Estado"? Si nada de esto es aceptable, tampoco lo es que se intente obtener beneficios partidistas o políticos de los muertos, del lado que hayan sido.

Esta colaboración periodística no es una recomendación al titular del Poder Ejecutivo federal, ni una respuesta punto por punto a cada uno de los muchos comentarios que hoy se hacen en el seno de nuestra sociedad. Son algunas ideas que deseo compartir con los lectores, incluidos aquellos que cuestionan para qué la comisión nacional anda "rascando" huesos de hace 30 años, o quienes desean ver a la CNDH convertida en auténtico Ministerio Público o juez que señala, sentencia y castiga culpables. La dimensión del tema es mucho más compleja e importante que cualquier crítica individual, sin desdeñar ni minimizar ésta en ningún momento.

Ť Presidente de la CNDH