MARTES Ť 4 Ť DICIEMBRE Ť 2001
Ť Llegar a las últimas consecuencias, piden diputados de AN
La ley indígena, punto de arranque de otra guerra sucia, dice González Souza
ROBERTO GARDUÑO Y KARINA AVILES
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional exhortó al presidente Vicente Fox Quesada a llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones relacionadas con las desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 e inicio de los 80.
El diputado de ese partido Gustavo Buenrostro Díaz, secretario de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a nombre de su bancada destacó el compromiso de la CNDH con el país, tras la investigación de los 532 casos denunciados de personas que fueron víctimas de desaparición forzada.
Por su parte, el politólogo Luis González Souza expresó que es un ''error histórico'' del gobierno foxista el no encarar de manera honesta, valiente y enérgica la limpieza del viejo régimen, y advirtió que la ley ''antiindígena'' es prácticamente el punto de arranque de otra posible guerra sucia.
El académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM afirmó que es ''ilegal'' la autoexoneración que hicieron los ex presidentes Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid en torno a la guerra sucia. Lo anterior, en razón de que los órganos de impartición de justicia son los únicos que pueden determinar quién es exonerable y quién no.
Por su parte, el diputado Gustavo Buenrostro Díaz externó: ''El grupo parlamentario del PAN reconoce que la participación de la CNDH en la investigación y aclaración de los hechos lamentables que provocaron la desaparición forzada de cientos de mexicanos logró que información que estaba oculta en el pasado saliera a la luz pública para precisar quién o quiénes son los responsables''.
El legislador sostuvo que su partido en la Cámara ''exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, de acuerdo con las atribuciones constituciones señaladas en los artículos 21 y 102, apartado A, inicie las investigaciones correspondientes para determinar la realización de algún delito o delitos cometidos por funcionarios públicos relacionados con las desapariciones forzadas''.
Incluso, reiteró que el PAN se mantendrá atento al seguimiento que deberá observar el Presidente de la República de la recomendación 26/2001 de la CNDH, que fue la primera dirigida al jefe del Poder Ejecutivo en 11 años de existencia de la Comisión Nacional, y en la que se solicita designe un fiscal especial que investigue penalmente las conductas delictivas derivadas de los hechos investigados; se repare el daño mediante la prestación de servicios médicos asistenciales y de vivienda a los familiares de los afectados; se establezca un marco jurídico regulatorio del sistema de seguridad nacional y, asimismo, que el gobierno federal asuma el compromiso de evitar que puedan repetirse hechos como los que motivan la recomendación.
Entrevistado en el marco del Encuentro Latinoamericano de Educación para la Democracia y los Derechos Humanos, realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Luis González Souza afirmó que ''uno de los saldos más nebulosos'' en el primer año de gobierno de Vicente Fox es en materia de derechos de derechos humanos.
Al señalar que es preciso acabar con la impunidad y la inmunidad de los ex presidentes y de todas las personas que cometieron actos delictivos, dijo que todos los responsables directos e indirectos tienen que ser llamados a declarar. Pero también, ''aquí hay otro tipo de autores que habrá que buscar''.
Consideró que el informe presentado por la CNDH tiene el ''pecado'' de no precisar responsabilidades y dejar abiertas cajas de pandora ''que se prestan más bien a vendetas políticas, persecuciones y desviación de atención de los responsables de fondo''. Y además de todo lo anterior es tardío. ''El no haber querido encarar de manera honesta, valiente, enérgica la limpieza del viejo régimen, de sus sótanos o cañerías, le va a costar muy caro a Fox y, desde luego, al país'', afirmó.
Por otro lado, indicó que ''el fiasco legislativo con la llamada ley indígena, que en los hechos es anti indígena, prácticamente representa los prolegómenos de una guerra sucia, porque es una provocación de seudo legisladores muy irresponsables, que el interés del país lo dejaron muy abajo y pusieron por delante su interés de grupo, de fracción o de mafias, que también las hay por allá. Eso fue una provocación para que el país volviera al borde del precipicio, al borde de la guerra civil. Siete años de luchas y de esfuerzos de todo tipo se echaron a la basura''.