MARTES Ť 4 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť Preocupante, que a un año de gobierno se carezca de una política de Estado en esa materia

Incumplido, el compromiso de Fox en materia de derechos humanos, señala el Centro Pro

Ť Las acciones emprendidas parecen estar encaminadas a mantener una buena imagen externa

VICTOR BALLINAS

Es ''preocupante'' que el presidente Vicente Fox, con un año en el gobierno, aún carezca de una política de Estado en materia de derechos humanos y que las acciones emprendidas hasta hoy ''parezcan'' estar más animadas por la presión internacional, por la preocupación de mantener una buena imagen externa o bien por dar la impresión de que este es un gobierno benévolo y de buen corazón hacia algunos casos particulares, asevera el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en su balance del primer año de gobierno panista en el país.

Advierte que esa tendencia ''puede convertirse en una política deliberada, en donde la referencia al concepto de derechos humanos sea un mero requisito protocolario y discursivo'', pues contrario a lo que el jefe del Ejecutivo pregona en el extranjero, en sentido de que ''su gobierno está comprometido con los derechos humanos, como lo dijo en la sesión de la ONU'', en el país vemos que continúa la impunidad, además de que el Presidente no ha cumplido sus compromisos de campaña en materia de derechos humanos.

Por ejemplo, agrega el Centro Pro, en los casos de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, del general José Francisco Gallardo, los desaparecidos políticos de la guerra sucia y en los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez ''la impunidad ha sido la constante en el primer año de gobierno foxista''.

En los tres primeros casos, de los cuatro referidos, el tratamiento por parte del gobierno federal arroja otra serie de indicadores que confluyen en patrones que caracterizan la naturaleza de las violaciones a derechos humanos y de los grupos de poder que no han sido llamados a cuentas por su responsabilidad en los ataques. No obstante, el Pro señala que en esos tres casos ''se han dado pasos positivos'' que desafortunadamente no aseguran la continuidad de una política de Estado en favor de la justicia y los derechos humanos. ''En los tres se evidencian claramente los graves problemas estructurales en torno al sistema de procuración e impartición de justicia; en los tres están implicados miembros del Ejército Mexicano en la comisión de violaciones a derechos humanos y actualmente gozan de impunidad''.

Asimismo, en los tres casos ''se denota la tendencia del gobierno federal de continuar supeditando la justicia civil a la castrense, en detrimento del reconocimiento pleno de la inocencia y la adecuada reparación del daño, la cual no se reduce a una indemnización, sino que incluye el reconocimiento público de las violaciones cometidas por parte de esas autoridades, la presentación de disculpas y la garantía de que crímenes como esos no volverán a ocurrir''.

Dicho balance del Pro refiere que la ejecución de la defensora Digna Ochoa y la situación de los defensores de derechos humanos muestran la incapacidad gubernamental para generar condiciones que posibiliten el ejercicio pleno del derecho a defender esas garantías. ''En última instancia, el gobierno mexicano incumplió con su obligación de garantizar la vida y la integridad de Digna, para que como abogada y defensora desarrollara su labor con libertad y seguridad.''

Es imposible, resalta, obviar la tardía reacción oficial respecto de ese crimen, precisamente por la importancia y trascendencia del contenido de los signos políticos. ''El que acompañó al Presidente osciló entre la indiferencia y la ignorancia, puesto que puso de manifiesto la ausencia de una política de Estado en materia de derechos humanos, y concretamente en torno a la protección de defensores.''

El hecho de que exista una mesa de interlocución directa entre el gobierno mexicano y un grupo de representativo de activistas -para atender la agenda nacional de derechos humanos- es positivo, pero ''no podemos olvidar que el costo de esta apertura ha sido muy alto, y tampoco dejar de considerar el hecho de que la necesidad de ese mecanismo había sido reivindicada reiteradamente''.

Sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, el Pro señala que ''la impunidad se vincula en la situación de procuración de justicia con un componente adicional: la discriminación de género. No obstante que esta situación se ha circunscrito en el ámbito local, la responsabilidad del gobierno federal es ineludible. Su indiferencia, perpetuada ya en esta administración, ha contribuido a la violencia sistemática que se ha continuado precisamente por la impunidad. ''Ocho años, que lejos de resolverla han acentuado la problemática, han permitido observar que las instituciones locales están rebasadas y que los únicos resultados lo constituyen el descrédito y la impunidad.''

Sobre el caso Ciudad Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos consideró que lo que el gobierno debe hacer es resolver este problema, pero lo que se nota es falta de voluntad política''.

Lo que afirma la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Espinosa, de que ese organismo está considerando acudir a la CIDH para solicitar que se esclarezcan esos crímenes, ''es preocupante, porque evidencia que no hay coordinación del gobierno ni voluntad política para resolver el problema''.