lunes Ť 3 Ť diciembre Ť 2001
Sergio Valls Hernández
Pluralidad y democracia
Los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación no sólo disertan sobre el derecho, sino que se saben factores imprescindibles del adecuado funcionamiento del aparato político en nuestro país, pues sin justicia no puede haber democracia
Hoy es común hablar de una crisis de paradigmas en todos los niveles de la sociedad y del gobierno; se dice que ésta se manifiesta en el reconocimiento de que las razones absolutas se debilitan porque ahora coexisten opiniones antagónicas, polarizadas y por ende las fronteras del pensamiento, antes considerado universal, se desdibujan, lo que hace que los conceptos y las definiciones sean relativos.
Se dice que ya no prevalece una razón monológica, que la diversidad predomina, que la pluralidad ha dado lugar a que lo homogéneo se transforme en heterogéneo, en fin, lo que ahora acontece, es producto, en gran medida, de la adopción del sistema político democrático, que si bien trae consigo beneficios, no puede negarse la coexistencia de expectativas y demandas sociales incompatibles.
Es cierto, la pluralidad es condición de la democracia. No podría existir un gobierno único, tanto de las mayorías como de las minorías, si no fuera incluyente de las circunstancias disímiles de la sociedad, y no es que estemos hablando de una pretensión irracional de uniformar las desigualdades propias de una comunidad, más bien de lo que se trata es de fijar reglas que permitan contemporizar esas disparidades y aproximar las distancias en aras de un entendimiento que favorezca el interés general.
Una de las formas de procesar esa diversidad, tendiente a armonizar los intereses de la sociedad, es sin duda la aplicación plena de un estado de derecho en sus diferentes escenarios, el Legislativo, porque construye los instrumentos legales que se han de aplicar; el Ejecutivo, porque en un marco de civilidad se sujeta a sí mismo y a la sociedad al cumplimiento de la norma, para moderar su actuar, para reconocer expresamente las diferencias imperantes y para obrar dentro de la legalidad, y el Judicial para conocer de los conflictos que dichas diferencias crean y resolverlos conforme a la ley.
Como es lógico estos tres escenarios deben coincidir en lo sustantivo: hacer prevalecer el interés general sobre el individual, y esto sólo es viable cuando el derecho se observa sin restricción alguna.
De ahí la trascendencia de las actuaciones de los ministros, magistrados y jueces que integran el Poder Judicial de la Federación, pues no sólo disertan sobre el derecho, lo dicen, lo interpretan, lo crean, lo asumen y lo ejecutan, pero también se saben factores imprescindibles del adecuado funcionamiento del aparato político en nuestro país, pues sin justicia no puede haber democracia. Entonces, todo esto coloca a los juzgadores a la altura de la realidad social, ya que sin titubeos y, en algunos casos, aun a costa de su bienestar y de su vida misma, con imparcialidad e independencia resuelven las controversias que les son planteadas.
Sin embargo, no hay que confundir: mantener el equilibrio entre los diferentes escenarios que soportan la democracia no es, ni debe ser, sinónimo de inmolación de los integrantes de ninguno de los tres poderes de la Unión. Ť