lunes Ť 3 Ť diciembre Ť 2001
Elba Esther Gordillo
Que nunca más se repita esa historia
Si queremos construir un país en el que nada justifique la desaparición forzada de personas y otras formas que atropellan los más elementales derechos humanos, como nación y sociedad no podemos ni debemos ignorar estos hechos atroces del pasado
El martes pasado el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, presentó -por primera vez desde que fue creada hace más de diez años- un informe que aborda los traumáticos acontecimientos ocurridos en el país durante los años setenta y principios de los ochenta, y que involucran hechos terribles: torturas, desapariciones forzadas, homicidios que habrían cometido miembros de las corporaciones responsables de la seguridad pública y nacional.
La presentación del voluminoso informe con documentación sobre 275 casos fue acompañado por una serie de recomendaciones -también por primera vez dirigidas al Presidente de la República-, entre ellas la de crear una fiscalía especial que investigue judicialmente y en su caso finque responsabilidades a los culpables de estos delitos.
El tema de la llamada guerra sucia de aquellos años tiene complicadas y dolorosas aristas. Si realmente queremos construir un país en el que nada justifique (ni la seguridad de Estado) recurrir a la desaparición forzada de personas y a otras formas que atropellan los más elementales derechos humanos, como nación y como sociedad, en un entorno que busca consolidar la transición política y la construcción democrática, no podemos ni debemos ignorar los hechos atroces del pasado.
Revisar el pasado es una asignatura pendiente largamente pospuesta, y tesonera y valientemente mantenida viva por organizaciones políticas y sociales, intelectuales y periodistas y, de manera muy particular, por los familiares de quienes fueron desaparecidos por razones políticas.
Diferentes disciplinas exploran desde distintos puntos de vista los acercamientos con los hechos dolorosos del pasado, así como las consecuencias que estos últimos tienen en el presente y en el futuro de los individuos y las sociedades. La historia, la antropología, la sociología y el sicoanálisis explican de diversas maneras que somos lo que hemos sido, que el pasado vive en el presente, que infancia es destino, que quien no conoce su historia repite los mismos errores, en fin, que por más que se tema y se intente evadir, el pasado siempre nos alcanza.
Ello implica que a pesar de las consecuencias adversas que pudieran provocarse, e incluso de los riesgos a los que habrá que hacer frente, no puede postergarse más la revisión del pasado y la reparación de las injusticias cometidas aun a nombre de la seguridad del Estado, porque su ignorancia y desatención no llevarán a su olvido, como no ha ocurrido durante todos estos años, sino que, por el contrario, para realmente poder mirar hacia adelante, para estar en condiciones de cambiar y construir el futuro, para que delitos y violaciones a los derechos humanos como los que documenta el informe de la CNDH no vuelvan a ocurrir en México, es necesario afrontarlos con madurez e inteligencia.
Es entendible el temor que genera encarar hechos lamentables o dolorosos del pasado, tanto por lo que se descubra como por la forma de hacerles frente. En este sentido, la propia CNDH y el gobierno han sido enfáticos al dejar claro que no se trata de una cacería de brujas (sería aberrante pretender reparar una injusticia con otra), que será mediante la ley como se abordará la investigación de esos hechos. Lo que obliga a un manejo impecable por parte de la fiscalía especial a ser creada, a fin de evitar filtraciones y acusaciones no sustentadas.
La ley, tanto en sus previsiones de aplicabilidad como en sus prescripciones bien fundadas, deberá ser siempre el alto criterio que guíe esta dura labor. El estado de derecho que deseamos para el siglo xxi se ratifica sólo en la aplicación de la ley. De otra forma, se dará entrada a nuevos motivos de encono. Debe resultar sano, aunque no exento de complicaciones, rencontrarnos con una parte de nuestra historia.
Ahora bien, para que esta reparación efectivamente contribuya a superar los traumas colectivos y nos permita una reconciliación (de manera que como sociedad salgamos fortificados de esta prueba), es menester que el régimen político que se construye y que la sociedad misma nunca vuelvan a tolerar la impunidad ni la arbitrariedad en el ejercicio de la autoridad, ni siquiera en la defensa de la seguridad pública o nacional. Ť