DOMINGO Ť 2 Ť DICIEMBRE Ť 2001
Ť Consulados analizan estrategias para reforzar su defensa
Pronto, 40 mexicanos podrían ser condenados a muerte en EU
Ť Luego de los atentados, la percepción de los estadunidenses sobre la ejecución de reos cambió, dice consultor de la SRE
NOTIMEX
Houston, 1o. de diciembre. La mayoría de los 53 mexicanos sentenciados a la pena de muerte en Estados Unidos se encuentra en la parte final de su proceso judicial, y están en riesgo de que pronto se dicte fecha para su ejecución, advirtieron fuentes consulares.
"De los 53 mexicanos sentenciados a la pena de muerte, 40 han llegado ya al ciclo final de su proceso", indicó a Notimex Juan Manuel Gómez Robledo, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Gómez Robledo participó como expositor en la reunión nacional de cónsules de México en Estados Unidos, que concluye este viernes en Austin, luego de dos días de trabajos orientados a definir los procesos de modernización y restructuración del sistema consular.
El consultor jurídico habló ante los 48 cónsules mexicanos asignados en Estados Unidos sobre las estrategias para reforzar la defensa de los connacionales en riesgo de ser sentenciados a la pena de muerte, así como las políticas a seguir en los casos de aquellos que ya han sido condenados.
"Prevemos que el próximo año se nos vendrá una fuerte carga de trabajo", indicó Gómez Robledo, en referencia al cúmulo de casos de connacionales condenados a muerte, en los que México buscará interponer recursos legales para suspender su ejecución.
Explicó que los casos de pena de muerte en Estados Unidos tradicionalmente tienen un procedimiento de 10 años, desde la sentencia hasta la ejecución.
A lo largo de ese periodo el sentenciado agota por lo general sus recursos legales de apelación ante las cortes estatales y federales de este país, y llega al punto en que, al no existir nuevos causales de defensa, se le dicta fecha de ejecución.
Lleva 21 años sentenciado a muerte
Sin embargo, existen casos que se prolongan por las estrategias legales de la defensa, como el del mexicano César Fierro Reyna, quien ha permanecido 21 años sentenciado a la pena de muerte en Texas por el presunto homicidio de un taxista en El Paso.
Otros, en cambio, tienen un ciclo muy corto, de cuatro o cinco años, que ocurre por lo general cuando el condenado a muerte rechaza interponer más apelaciones y solicita la aplicación del castigo.
Sólo un mexicano, Angel Maturino Reséndiz, el denominado "homicida del ferrocarril", ha solicitado hasta ahora suspender su defensa y ser ejecutado, aunque la corte aún analiza su capacidad mental para decidir si se le concede la petición. En la mayoría de los casos, sin embargo, se cumple el ciclo tradicional de 10 años.
Unos 40 de los 53 mexicanos condenados a este castigo estarán en esa situación a partir del próximo año, y podría acelerarse el número de casos en los que se dicte fecha de ejecución e incluso se llegue a aplicar la pena de muerte.
Gómez Robledo dijo que, desafortunadamente, estos mexicanos llegarán al ciclo final de sus casos en momentos en que la actitud de las autoridades y de la opinión pública estadunidense se ha reforzado a favor de aplicar la pena de muerte, tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
En preparación a lo que se anticipa, Gómez Robledo informó que la cancillería mexicana ofrecerá la semana próxima, en Houston, un seminario de capacitación a los funcionarios encargados de protección de los principales consulados mexicanos en este país.
La capacitación estará dirigida al personal ubicado en los consulados en cuya jurisdicción existan más casos de connacionales condenados a la pena de muerte.
Los estados de Texas y California tienen en sus cárceles a más de la mitad de los connacionales sentenciados a pena capital.
México estableció hace dos años el Programa de Asistencia Legal para Mexicanos Condenados a Pena de Muerte para apuntalar sus esfuerzos diplomáticos en esta materia y enfocar su ayuda legal a los sentenciados a pena capital o en peligro de recibir una sentencia de este tipo.
A través de este programa, México ha logrado influir para que las autoridades estadunidenses cumplan con su obligación de notificar a los consulados sobre la detención de connacionales por delitos que los ponen en riesgo de ser sentenciados a muerte.
Estados Unidos ha violado en múltiples casos de mexicanos los acuerdos de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en los que se comprometió, junto con más de 160 naciones, a respetar el derecho a la asistencia consular de los detenidos extranjeros.
García Robledo dijo que gracias a la presión ejercida por México y otras naciones, las autoridades estadunidenses han comenzado a avisar sobre las detenciones, aunque aún existen excepciones.
La notificación consular es considerada de suma importancia para poder brindar asesoría a los acusados y establecer una defensa efectiva que les evite ser sentenciados a la pena máxima.
El Programa de Asistencia Legal para Mexicanos, dentro del cual se contratan abogados estadunidenses especialistas en pena de muerte, fue vital también para que una corte de Oklahoma decretara la suspensión indefinida de la ejecución del mexicano Gerardo Valdez, en agosto pasado. Desde 1976, cuando se restauró la pena de muerte en Estados Unidos, sólo cuatro mexicanos han sido ejecutados en este país.
Ramón Montoya fue muerto en Texas el 25 de marzo de 1993; Irineo Tristán Montoya, el 18 de junio de 1997, también en Texas; Mario Benjamín Murphy, el 18 de septiembre de 1997, en Virginia, y Miguel Angel Flores, el 9 de noviembre de 2000, en Texas.