DOMINGO Ť 2 Ť DICIEMBRE Ť 2001
Ť Acabar con el abuso de poder del personal asignado a seguridad pública, objetivo para 2002
Prevé el gobierno subir 3.6% presupuesto de la PGR
Ť Reconoce vínculos delictivos entre reos y personal administrativo de centros penitenciarios
JUAN ANTONIO ZUÑIGA
La prioridad para el próximo año "será terminar con la falta de probidad y el abuso del poder que han caracterizado al personal vinculado con las tareas de seguridad pública", señala un documento del gobierno federal, en el que diagnostica que esos dos fenómenos "han sido producto de la escasa capacitación, supervisión y evaluación del desempeño".
El análisis abarca también la situación que prevalece en el sistema penitenciario, el cual -apunta-, "lejos de contribuir a la readaptación social de los sentenciados, ha degenerado en centros de reclusión donde imperan la sobrepoblación y los vínculos delictivos entre el personal administrativo y de custodia con los internos".
Sobre el desempeño de las corporaciones policiacas durante el primer año de esta administración gubernamental, subraya que la población mexicana "demanda respuestas eficaces para combatir una delincuencia cada vez más violenta y organizada", y "reclama la intervención del gobierno para no sólo reducir, sino acabar con el nivel de inseguridad pública que hoy en día vive nuestro país".
Control más riguroso en reclutamiento de personal
Por ello, sostiene, en el marco de las modificaciones estructurales iniciadas este año, para 2002 se establecerán mecanismos de selección y control más rigurosos en el reclutamiento y la contratación del personal que integra los cuerpos policiales, al cual se le mejorarán las percepciones, la seguridad laboral y las prestaciones sociales.
Además, se continuará con la aplicación de exámenes médico-toxicológicos, sicométricos, poligráficos y de conocimientos, a la par que se mantendrá la impartición de cursos de información básica y especializada. Y, en contrapartida, "será removido y cesado el personal cuya actuación sea contraria a los principios de legalidad, honradez y lealtad".
En cuanto a la restructuración del sistema penitenciario, el documento gubernamental propone reformas a diversos ordenamientos legales, modificación del área responsable de la prevención y readaptación social, impulso a la construcción de nuevos espacios carcelarios, trabajos de reingeniería en los centros penitenciarios federales, redistribución y reubicación de los internos, así como devolver a estos centros su función de readaptación y reinserción social de quienes llegan a ellos.
Sostiene: "los actuales centros habrán de transformarse en áreas de trabajo, educación y deporte". Como parte fundamental de este propósito, "serán integradas las tecnologías de la información para conocer la población penitenciaria, el sobrecupo en las cárceles y la situación jurídica de los internos, entre otros aspectos".
Sobre la procuración de justicia, reitera que "México afronta una delincuencia organizada creciente y con mayores recursos, que lesiona gravemente a la sociedad", y explica que "dicho fenómeno fue, sin duda, propiciado por la corrupción acumulada en las corporaciones responsables de su combate, el rezago en el cumplimiento de órdenes de aprehensión y requerimientos ministeriales, la inobservancia y la desactualización de las leyes en la materia, así como por la escasa capacitación de los servidores públicos".
Por lo mismo, se continuarán los trabajos para revertir esta situación, y se dotará a la Procuraduría General de la República de un presupuesto 3.6 por ciento mayor al ejercido en el primer año de la actual administración.
Porque, enfatiza el documento oficial, "resulta impostergable una procuración de justicia pronta, expedita y apegada a derecho, así como transitar de la impunidad a la aplicación estricta de la ley, de la violación de los derechos humanos a su promoción y defensa, y del abuso lacerante a la decidida atención a las víctimas".