DOMINGO Ť 2 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť Antonio Gershenson

2001-2002: previsiones y realidad

Se habla de que por la baja del petróleo ha habido enormes pérdidas, pero frente a la "previsión" oficial de 18 dólares promedio por barril, para las exportaciones mexicanas, está el último precio oficial real publicado -llega hasta fines de octubre-, que es de 19.41 dólares.

Este precio real ha implicado un excedente de 730 millones de dólares por encima de lo que implicaba la supuesta previsión. Para fines de previsión para 2002, y con los elementos citados en este espacio hace dos domingos, es mucho más razonable la posición expresada en las Cámaras legislativas de suponer un rango de 15 a 20 dólares por barril para la exportación mexicana, que la de un rango de 14 a 15 dólares.

Como se ha publicado en La Jornada, al no haber usado los excedentes en inversión se suma al hecho de que no se haya utilizado el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros para evitar los recortes presupuestales, de los cuales le han propinado tres a la ya de por sí débil economía nacional. El saldo de ese fondo al 30 de septiembre pasado era de 8 mil 966 millones de pesos, frente a poco más de 9 mil millones a principios de este año. Por un lado, y pese a un acuerdo de hace poco más de un año en el sentido de que 40 por ciento de los excedentes petroleros irían a este fondo, éste no se ha incrementado más que con los intereses que genera. Al mismo tiempo, de los 55 mil millones de pesos de ingreso excedentes de 2000 por los precios petroleros, muy superiores a la "previsión" oficial, los 9 mil millones del fondo se ven medio raquíticos.

No fue el ingreso petrolero el que causó la baja de los ingresos federales. Tampoco el impuesto sobre la renta, del cual, hasta septiembre, se recaudaron casi 4 mil millones de pesos más de lo previsto. Los derechos cobrados a Pemex fueron, en el mismo periodo, casi 6 mil millones superiores a lo esperado oficialmente, y el aprovechamiento sobre rendimientos petroleros excedentes mil 700 millones más de lo proyectado.

Las grandes reducciones en los ingresos fiscales, y esto hay que tenerlo presente ahora que se discute la reforma fiscal, fueron dos. Uno fue la baja en la recaudación del impuesto especial de producción y servicios, en 10 mil millones de pesos. El otro fue el hecho de que no se recibiera casi nada de los 12 mil millones de pesos que se esperaban captar por concepto de privatizaciones.

Entre la crisis de las privatizaciones en escala más amplia que la de nuestro país, la creciente oposición a las mismas y la crisis económica que supuestamente no existe, dado que oficialmente tenemos economía fuerte y pura prosperidad, incidieron en que se frustraran las intenciones de vender más bienes de la nación a particulares.

Lo que pasó fue que el dinero del presupuesto federal, en buena medida, no se gastó. Además de los recortes anunciados, Hacienda retuvo, porque quiso, el dinero de la inversión en la mayoría de las áreas. Según el informe de esta misma entidad, que llega hasta fines de septiembre, de los 23 proyectos de inversión de la Comisión Nacional del Agua (y nadie dirá que el agua no es prioritaria) no había ninguno terminado. Sólo dos llevaban avances de más de 50 por ciento y siete de plano no habían sido iniciados.

Tampoco había sido terminado ninguno de los cuatro proyectos principales de la Secretaría de Salud. De los 685 principales planes de inversión del Seguro Social, la mitad no se habían iniciado.

Además, de los 204 principales proyectos de inversión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el presupuesto del año en curso, 171 (más del 80 por ciento) no habían comenzado.

De lo anterior se concluye que, si la Cámara de Diputados no modifica sustancialmente el proyecto que la propia Secretaría de Hacienda le envía, de decreto aprobatorio del presupuesto 2002, y le sigue dejando las facultades discrecionales en el manejo del presupuesto, de poco servirá el intenso proceso de discusión y negociación. El propio Congreso debe controlar al Ejecutivo, limitar sus excesos y salvaguardar la economía del país de nuevos atentados tecnocráticos.