sabado Ť 1Ɔ Ť diciembre Ť 2001

Miguel Concha

Transparencia y democratización de acuerdos

La Unión Europea establece como base de la democracia el principio de subsidiaridad, y a través de su Comisión de Comunidades ha declarado que la sociedad civil contribuye de manera importante en la formulación de políticas en todas las regiones del mundo con las que mantiene relaciones. Tiene además como mandato el realizar una evaluación de impacto de sustentabilidad (Sustainable Impact Assessment) antes de firmar cualquier acuerdo de libre comercio.

Ello no obstante, el año pasado se firmó, con dudosas concesiones gubernamentales en otros terrenos y a toda prisa, un publicitado "acuerdo modelo" de libre comercio con México, el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación Comercial entre la Unión Europea y México (acuerdo global), sin llamar a consultas a las organizaciones sociales y civiles europeas, y desde luego sin que los funcionarios de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tomaran en cuenta las propuestas que desde hacía cuatro años venían elaborando responsablemente las organizaciones sociales y de pequeños productores mexicanas.

Como durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, únicamente se consultó al COECE, que agrupa a las grandes empresas exportadoras del país. Es más, el texto mismo del acuerdo que entonces se firmó no prevé ningún procedimiento de participación o de consulta con estas organizaciones, ni siquiera evaluación de impacto de sustentabilidad, como en cambio sí está previsto en el marco de las negociaciones entre la Unión Europea, Chile y el Mercosur.

Para colmo de males, y en forma absolutamente anticonstitucional, se estableció además un consejo conjunto, conformado exclusivamente por los poderes ejecutivos, encargado de completar y profundizar el acuerdo, sin que se incluya en el proceso la necesaria ratificación y conversión en ley por parte del Senado, como es el caso en particular de las disposiciones futuras sobre compras gubernamentales y el calendario de desgravación de los productos agrícolas y pesqueros.

A todo ello se debe entre otras cosas que el modelo de intercambio que se acordó reproduzca los Acuerdos de Protección y Promoción Recíproca a las Inversiones (los APPRI) que México tiene firmados con prácticamente cada uno de los países de la Unión Europea, cuyas principales cláusulas replican prácticamente al pie de la letra las cláusulas del extinto Acuerdo Multilateral para las Inversiones (AMI) -derrotado por organizaciones sociales y civiles-, y cuyas negociaciones secretas fueron el precedente más importante de las protestas en Seattle en 1999. Por todo ello las organizaciones sociales y civiles de la Unión Europea, que con toda claridad han insertado y relacionado este tema con sus campañas en contra de la globalización económica neoliberal, junto con sus homólogas mexicanas, han continuado su esfuerzo multilateral con el propósito de instaurar un diálogo social, aceptado en principio el 2 de octubre en Bruselas por el comité conjunto México-Unión Europea, que tenga como objetivo el influir en los espacios de negociación y toma de decisión de Europa y México, y aprovechando más que nada las declaraciones explícitas en este sentido de la Dirección General de Comercio y de la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea.

Dicho diálogo tiene como finalidad principal el que los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de los ciudadanos mexicanos y europeos sean considerados como indivisibles e interdependientes, tal y como lo establecen desde finales de la década de los setenta el sistema general de la ONU y el sistema interamericano de derechos humanos, así como los fallos recientes de la Corte Europea, y que sean así garantizados y promovidos en el marco del acuerdo global entre México y la Unión Europea.

A ello se debe que entre el 27 y el 29 de noviembre se hayan reunido en México representantes de casi 50 organizaciones sociales y civiles de México y la Unión Europea, que entre otras cosas propusieron la creación de un observatorio social transfronterizo, para vigilar que en la aplicación del acuerdo global se respeten los derechos humanos y el medio ambiente, así como que se establezcan mecanismos concretos para hacer efectiva la cláusula democrática en él incluida. Llaman también a los gobiernos a promover consultas amplias respecto de sus posibles impactos, y a proponer alternativas conjuntas para establecer un modelo de desarrollo equitativo, basado en la participación democrática. Ť