Ť "Echeverría y López Portillo deben ser castigados"

Familiares de víctimas de la guerra sucia califican de mascarada informe de CNDH

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Familiares de desaparecidos y de presos políticos calificaron de "engaño" el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y aseguraron que los ex presidentes Luis Echeverría y José López Portillo son responsables y deben ser castigados por la persecución, asesinato y desaparición forzada de centenares de personas en las décadas de los 70 y 80.

David Cabañas Barrientos señaló que Echeverría y López Portillo pretenden autoexculparse, pero tienen responsabilidad porque en esas épocas eran jefes máximos del Ejército, y los militares cometieron homicidios y fueron culpables de la tortura de personas y de numerosas desapariciones forzadas.

A nombre de la familia de Lucio Cabañas, fundador del Partido de los Pobres y quien fuera asesinado el 2 de diciembre de 1974, explicó que no pueden emitir una opinión concluyente sobre el informe de la CNDH porque no lo conocen en detalle, pero están ciertos de que hay responsables, y entre ellos se encuentran los ex presidentes.

José Nava Barrientos señaló, con relación a las declaraciones de Echeverría Alvarez, que no es posible que un gobierno diga que persiguió delincuentes en el caso de los guerrilleros, cuando ellos mismos cometieron hechos delictivos, como fueron la ejecución y la desaparición de personas.

Consideró que la versión de que fue responsabilidad de militares en lo individual no tiene fundamento, porque "los individuos que están cobijados bajo las instituciones no lo hacen por iniciativa propia, sino por órdenes".

En conferencia de prensa, integrantes de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Presos Políticos Julio Mata consideraron que el documento que presentó el ombudsman José Luis Soberanes al presidente Vicente Fox es una "mascarada", porque no considera información valiosa de archivos de militares involucrados en estos delitos y de los propios ex mandatarios federales.

Edgardo Canseco, también de esa organización, señaló que la fiscalía especial que investigará estos hechos "no servirá de nada", porque los organismos de este tipo han tenido pésimos resultados en México debido a que se han usado con fines políticos.

Puso en duda que la fiscalía funcione, porque dependerá de la Procuraduría General de la República, de la que está al frente el general Rafael Macedo de la Concha, quien "difícilmente va a ir en contra del Ejército".

Con referencia a las declaraciones de Macedo en el sentido de que le dolía lo hecho por el Ejército en aquellos años, Tita Rabilla, de esa organización, explicó que no es creíble porque si quisiera investigar los atropellos del Ejército comenzaría por hacerlo con casos actuales.

"No creo que el procurador tenga interés ni que le duelan los asesinatos. El Ejército siempre ha sido represor y lo sigue siendo", aseguró.

David Cabañas, por otra parte, confirmó que el cuerpo de Lucio Cabañas va a ser exhumado entre lunes y martes próximos, en el marco de la vigésimo séptima conmemoración de la caída en combate del fundador y comandante del Partido de los Pobres.

Señaló que la exhumación se realizará para comprobar si los restos que están enterrados en el panteón municipal son del guerrillero, como lo afirmó en su momento el Ejército Mexicano. En caso de ser cierta esta versión, dijo, los familiartes definirán dónde depositarán el cadáver.

En estas labores, indicó, participará un equipo de especialistas forenses, entre los que se encuentra Carlos Jácome, a quien se identificó como integrante de un grupo de arqueólogos de la Fundación Rigoberta Menchú.

Además, este domingo diversas organizaciones sociales y políticas de Guerrero, junto con la familia Cabañas, realizarán un acto en memoria del guerrillero en la escuela preparatoria número 22 de Atoyac de Alvarez, y después una marcha que culminará en el zócalo de ese municipio.

Al mismo tiempo, decenas de familiares de víctimas rendirán testimonios ante seis visitadores de la CNDH en Atoyac de Alvarez, ya que tan sólo en Guerrero se estima que hay 650 personas víctimas de detención y desaparición forzada.