Ť Carlos Montemayor
Los discursos del año
El rasgo predominante del primer año de gobierno de Vicente Fox es el de la falta de control de la inercia discursiva que orientó su campaña política por la Presidencia de la República. Esta inercia le ha impedido efectuar a tiempo un deslinde entre la campaña publicitaria o de mercadotecnia que lo convirtió en el mejor candidato presidencial, y el discurso que debía corresponder a un ejercicio de gobierno a la altura de las expectativas que creó.
Vicente Fox probó que una campaña política puede conducirse como el posicionamiento comercial de un producto. Pero en esa campaña comercial no quiso o no fue capaz de prever ciertos escollos que afectarían antes, durante y después de la campaña zonas esenciales de la vida política y social del país.
Una de esas zonas, fundamentales para Vicente Fox y gran parte de sus seguidores, es el Partido Acción Nacional mismo. La campaña presidencial de Fox no partió de los plazos, las reglas y los contingentes panistas, sino de una organización política nueva y más poderosa llamada Amigos de Fox. Su campaña política se inició desde esa organización y pasando por encima de reglas y tiempos de ese partido. El PAN se vio arrastrando por la campaña foxista, pero nunca fue el impulsor esencial de ella.
Este dato marca de manera profunda el primer año de gobierno de Vicente Fox en su relación ambigua, tensa, compleja, a veces antagónica, con los senadores y diputados panistas. Tres han sido los flancos conflictivos entre el PAN y Fox: la integración de un gabinete que no fue totalmente panista ni a tono con las expectativas panistas; el conflicto de Chiapas, particularmente en la fase de la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, y la reforma fiscal.
En otras áreas sociales se han dificultado las tareas de gobierno del presidente Fox a causa de la misma confusión entre el discurso publicitario como estrategia de campaña y el discurso publicitario como sustituto del ejercicio de gobierno. Como estrategia publicitaria basta el posicionamiento de productos; como ejercicio de gobierno es necesario, primero, el conocimiento a fondo, o por lo menos suficiente, de las áreas de trabajo, solución o desarrollo, y los consensos indispensables e irremplazables con sectores sociales. Estos dos pasos han faltado y su carencia y olvido, o en otros casos el desdén por ellos, han generado los graves errores en las negociaciones con el EZLN, con el Congreso en el caso de la reforma constitucional en materia indígena y en la reforma fiscal, en el crecimiento cero de la economía nacional, en los conflictos agrarios de los productores de maíz, piña, café y caña de azúcar. La irresponsabilidad y la impreparación en los conflictos del campo son crecientes. Un aspecto central en este punto es el cuestionable proceso de expropiación de los 27 ingenios azucareros y la cuestionable administración subsecuente de los ingenios expropiados en favor de un nuevo clientelismo y nepotismo político.
No menos ambigua y contradictoria ha sido la acción y la actitud del gobierno actual ante asuntos fundamentales del sector energético. El discurso oficial va por un sitio diametralmente opuesto al de los hechos, es decir, la privatización vía fast track. Dando un rodeo a las normas constitucionales, el gobierno de Vicente Fox está subordinando de manera acelerada las políticas energéticas de México a las necesidades hemisféricas de los consorcios petroleros estadounidenses. La vía fast track consiste en crear una nueva industria de energía que asegure, para los próximos cincuenta años, las inversiones privadas de empresas transnacionales. Esta industria paralela irá creciendo mientras desaparece la industria actual, que cada día será considerada más inoperante, vieja y desfasada.
Otro aspecto delicado y grave es el de seguridad nacional.
Aún no se define la responsabilidad de Estado en este campo. El
proyecto más elaborado en los últimos años de inteligencia
contra el crimen organizado había sido el de la Policía Federal
Preventiva. Ahora ese proyecto parece acabado, acéfalo, y elementos
militares ocupan los principales puestos en las estructuras de procuración
de justicia. Con este poder visible del Ejército no es ilógico
creer que podría quedar reducida a sólo otra campaña
publicitaria la creación de la fiscalía especial sobre desaparecidos
de la guerra sucia. Pues en este momento y en esos temas ser juez
y parte no es la mejor garantía para hacer justicia.