MIERCOLES Ť 28 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Señala el delegado seria problemática en transporte
Deben intervenir autoridades locales y federales en Indios Verdes: Ortega
BERTHA TERESA RAMIREZ
Luego de manifestar su conformidad con la resolución del juzgado octavo B en materia administrativa, por medio de la cual se negó el amparo solicitado por la asociación de comerciantes ambulantes de Indios Verdes para reubicarse en ese paradero, el jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Joel Ortega, señaló que el saneamiento de esa zona requerirá atender la problemática que representa el arribo diario de 8 mil 600 transportes de pasajeros, 85 por ciento de los cuales poseen placas federales y rebasan en 250 por ciento su capacidad.
El funcionario se refirió a las serias congestiones viales entre las 5:30 y 8:45 de la mañana y entre las 16 y las 20:30 horas. Indicó que "sólo para dimensionar este problema, es necesario advertir que el paradero de Indios Verdes recibe más afluencia de transporte de pasajeros que la Central Camionera del Norte".
En la actualidad el paradero recibe 180 rutas de transporte, 19 de las cuales pertenecen al DF, 153 son del estado de México y ocho del estado de Hidalgo, las cuales son operadas por 51 empresas y agrupaciones de transportistas.
Aunado a ello, la terminal del Metro recibe diariamente 179 mil usuarios, lo que ubica a esa estación como la de mayor afluencia de las 22 con que cuenta el Sistema de Transporte Colectivo.
La problemática exige que las autoridades federales y locales del transporte apliquen la ley para que esos vehículos, en su mayoría provenientes del estado de México, cuenten con un lugar de encierro y se evite que en las horas pico invadan tres de los cuatro carriles de la avenida Insurgentes Norte, una de las pocas vías de acceso al DF de los municipios conurbados de los estados de México e Hidalgo, añadió.
La seguridad es otro problema en esa zona: los usuarios se ven expuestos a diversos riesgos, como atropellamientos; en promedio muere una persona al mes allí por esa causa, por lo que entre las obras que se propone realizar en el paradero figuran áreas por donde la gente pueda transitar y cruzar avenidas.
Tras un largo periodo de anarquía tolerada por las autoridades, el paradero era una zona fuera de la ley, un lugar donde convivían la venta de alimentos con tanques de gas, venta de drogas, asaltos, prostitución y comercio ambulante, expuso.
Advirtió que el saneamiento aún no concluye; una de las obras pendientes es el traslado del mercado que se ubica en ese paradero, para lo cual se invertirán seis millones de pesos en la reubicación de sus 150 locatarios, varios de los cuales serán investigados, pues participaron en las agresiones contra autoridades delegacionales en días pasados.
Afortunadamente, dijo el delegado, la resolución del juez consideró improcedente la demanda de amparo formulada por una de las organizaciones de ambulantes, integrada por 80 personas de las 600 que fueron desalojadas el pasado 19 de agosto.
Ortega subrayó que la autoridad judicial negó la suspensión definitiva solicitada por los ambulantes, entre otras cosas por el dolo con el que se mintió a la autoridad, con la finalidad de obtener un amparo provisional. Empero, también porque con el desalojo de los comerciantes de esa zona no se restringe la libertad de comercio o de trabajo, como adujeron los quejosos. Sobre el tema, el delegado pidió que se investiguen las implicaciones del pronunciamiento hecho por el diputado local Marcos Morales, quien se refirió a Santos Montes Leal, representante de comerciantes, tablajeros y taxistas en el estado de México, ex procurador de Justicia en esa entidad, y quien tras el desalojo de los comerciantes del paradero, en agosto pasado, asumió su representación.